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El factor internacional y la paz en Colombia

Archivo de El Espectador
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Por:  Andrés Felipe Hernández Acosta.

El enfrentamiento fratricida que los colombianos venimos soportando desde hace casi medio siglo obedece a un conjunto de conflictos de origen interno que no hemos logrado resolver.

Pero, visto en su conjunto, este proceso es imposible de entender sin el poderoso influjo, que para mal o para bien, han ejercido sobre él un amplio conjunto de factores de origen externo. De igual manera, el proceso de paz que se desarrolla actualmente con la guerrilla de las FARC, necesita comprenderse con esto en mente.

Para ello es oportuno estudiar algunos aspectos sobre cómo ha influido el ámbito internacional sobre los procesos de guerra y de paz en Colombia, para comprender históricamente la situación en la que nos encontramos.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional quedó determinado por la Guerra Fría que dividió al mundo entre dos grandes contrincantes, el capitalismo liderado por EE.UU. y el socialismo liderado por la URSS.

Latinoamérica, aliada con USA, desempeñó un papel pasivo hasta que en 1959 se produjo la Revolución Cubana.

Por ese mismo tiempo, Colombia adelantaba el acuerdo político del Frente Nacional que, además de ser un pacto político para finalizar la Violencia entre liberales y conservadores buscó liderar la estrategia de la Alianza para el Progreso que Washington diseñó para involucrar de lleno al continente en la Guerra Fría.

Las FARC surgieron en ese escenario como autodefensa campesina (1964) y se aliaron  posteriormente con el Partido Comunista Colombiano, que seguía las doctrinas que dictaban desde el Kremlin. Al año siguiente aparece el ELN, que desde el primer momento adoptó el modelo de Cuba. De esta manera, al afiliarse los gobiernos colombianos a la doctrina capitalista y las guerrillas a la comunista, el país quedó atrapado en el juego geopolítico de la Guerra Fría.

Cuando llegó al poder Julio César Turbay Ayala (1978-1982) habían surgido nuevas guerrillas: EPL, M- 19, etc., y el Estado de Sitio se había vuelto permanente. En esas condiciones, decidió aplicar estrictamente la doctrina de Seguridad Nacional, que el “coloso del norte” planeó para blindar su “patio trasero”, y expidió el Estatuto de Seguridad, mediante el decreto legislativo 1923 del 6 de septiembre de 1978, que le otorgó excesivos poderes al estamento militar para hacer juicios arbitrarios y retener personas a espaldas de la opinión pública, cosa similar a la que realizaban en esos momentos dictadores como Pinochet en Chile y Videla en Argentina.

La violación de los DD.HH fue sistemática, lo que permitió que desde los organismos internacionales de Derechos Humanos se condenara lo que hacía el gobierno. Incluso el presidente de los Estados Unidos de la época, el demócrata Jimmy Carter, no simpatizaba con la doctrina autoritaria de la seguridad.

Estos dos factores contribuyeron a que el gobierno diera fin al Estatuto de Seguridad y creara una Comisión de Paz (1981), a sugerencia del ex presidente Carlos Lleras, por primera vez desde los acuerdos con las guerrillas liberales que había puesto en marcha el gobierno de Rojas Pinilla (1953- 1957). Esta comisión de paz fracasó, en parte porque Turbay siempre se alineó bajo la directriz represiva que dominó en el Departamento de Estado norteamericano y fue fiel hasta el final.

A pesar de que para 1981 había accedido al poder en los Estados Unidos Ronald Reagan, quien manejaba una doctrina más beligerante  contra el comunismo internacional, el debate presidencial entre los principales candidatos a gobernar Colombia en 1982, Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur, se centró en la necesidad de llevar a cabo un proceso de paz con las guerrillas pues la sociedad colombiana así lo pedía.

Durante el gobierno de Betancur las cosas empezaron a cambiar tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, se abrió un proceso de paz que condujo a los acuerdos del cese al fuego de La Uribe (1984), que posibilitaron en 1985 la creación de la Unión Patriótica (UP) como apertura hacia la lucha legal de las FARC. El año siguiente esta organización conquistó 23 alcaldías, que por primera vez estaban sometidas a elección popular. Y, en lo externo, la política de la Détente que negociaban las dos superpotencias condujo a que los apoyos ofrecidos por la URSS y Cuba a la lucha guerrillera se redujeran drásticamente.

Lamentablemente, la oposición de “las fuerzas oscuras”, y el empecinamiento de las FARC en su “combinación de todas las formas de lucha” dieron al traste con el intento de Betancur y condenaron a la UP a un exterminio casi total.

El cambio radical que sufrió la escena internacional con la desintegración del bloque soviético facilitó nuevas condiciones para la paz, y fue así como entre 1990 y 1994 depusieron las armas el M- 19, el EPL, el PRT, la CRS y el Quintín Lame. Por primera vez, el empeño por la paz resultó exitoso. La caída del muro dejó sin norte a la lucha armada y despertó el entusiasmo que ambientó la redacción de la Constitución de 1991.

Las FARC y el ELN se resistieron al proceso, pero, a partir de esas fechas, cambiaron su lenguaje:  ya no se hablaría de lucha de clases o de acabar con el capitalismo sino de luchar contra el imperialismo para lograr la soberanía nacional, resolver el problema de tierras o de la distribución de la riqueza, entre otros temas. Sin embargo, la tragedia de la UP redundó en el atrincheramiento de las FARC en la lucha armada.

Con la nueva constitución en la mano, el presidente Gaviria ensayó un nuevo acercamiento con las FARC que condujo a las conversaciones de Caracas (1991) y Tlaxcala (1992) que, en últimas, significaron un alto al fuego para morigerar los efectos del conflicto, más que un verdadero proceso de paz.

El gobierno de Samper también intentó crear una estrategia para la paz, pero el proceso 8.000 (dineros del narcotráfico en su campaña presidencial), el distanciamiento con el estamento militar (debido a que Samper quería iniciar negociaciones en La Uribe con las FARC), y la desavenencia por parte de los Estados Unidos, implicaron la pérdida de la legitimidad de su gobierno y, por ello, la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de paz.

En 1998, Andrés Pastrana ganó la presidencia empuñando de nuevo la bandera de la paz. Las FARC se sentaron a negociar contando con la posición de fuerza que les otorgaba la mayor seguidilla de victorias de toda su historia militar y con la convicción de que todavía podían acceder al poder con la fuerza de las armas.

En la experiencia del Caguán varios elementos de orden internacional fueron relevantes para el proceso durante el periodo presidencial 1998- 2002.

Primero, el Plan Colombia se había planteado en un comienzo como una suerte de Plan Marshall para Colombia, una especie de “reconstrucción nacional” de la sociedad después del “postconflcito”. Sin embargo, la lucha contra las drogas, que era lo que más le interesaba a los Estados Unidos y que desde los años ochenta había marcado el interés de este país por Colombia, hizo que el enfoque se fuera desplazando hacia la lucha contra el narcotráfico y, con esto, hacia lo militar, lo cual minó la confianza entre la guerrilla y el gobierno, confianza que quizá nunca existió de veras entre las partes.

Además de lo anterior, la guerra contra el terrorismo desatada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 hizo que los Estados Unidos terminaran de virar su apoyo al proceso de paz, y que el gobierno de Pastrana restructurara las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir a las guerrillas.

Por último, el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela en febrero de 1999 hizo que las FARC se convencieran de que su proyecto político era posible, aunque Chávez había llegado por las urnas y no por las armas.

Poco antes de terminar su mandato, Pastrana canceló las negociaciones y el desengaño que experimentó la población al considerarse burlada por las FARC, fue capitalizado por Álvaro Uribe Vélez para ganar las elecciones presidenciales de 2002.

Tan pronto se posesionó, Uribe declaró agotadas las posibilidades de la paz, adoptó la tesis de que la política es una lucha sin cuartel entre amigos y enemigos, identificó a las FARC como el enemigo a eliminar y para descalificar sus pretensiones de insurgencia política las definió como «amenaza terrorista”.

En el contexto de la guerra contra el terrorismo,  Uribe encontró la oportunidad para profundizar la alianza con la superpotencia hasta niveles nunca antes vistos. Así, en su primer gobierno apoyó a George W. Bush en sus invasiones a Irak y Afganistán y, en el segundo, le ofreció a Barack Obama nuestras siete bases militares más importantes para que desde ellas los marines pudieran neutralizar la amenaza chavista.

Cuando en 2010 ganó la presidencia el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, el país creyó haber elegido el continuismo de las armas, pero se sorprendió pues éste reconoció tanto la existencia de un conflicto armado, como que su solución definitiva no se alcanzaría por la vía militar sino por el de la política.

Juan Manuel Santos pensó que para componer el mejor tinglado posible para esta “última oportunidad” tenía que reordenar las relaciones internacionales. Ello no implicó renunciar a la alianza con Estados Unidos sino replantear la vieja dependencia en términos menos desiguales. Igualmente, relanzó las relaciones con nuestros vecinos y obtuvo rápidamente una reconciliación que parecía imposible meses antes. Gracias a ello consiguió que Chávez no siguiera declarándose como aliado político de las FARC, que Cuba facilitara la sede para los acuerdos políticos exploratorios, que en Noruega se iniciaran las negociaciones y que Chile y Venezuela funcionaran como garantes del proceso. Paralelamente, Santos ha promovido, en un ámbito más general, el debate en torno al cambio de estrategia en la lucha mundial contra las drogas.

Este aspecto de su política externa tiene todo que ver con la interna pues nadie puede omitir que este fenómeno siempre ha servido de motor y lubricante de nuestras muchas violencias desde los años ochenta y que su represión nos convierte en una pieza más dentro de una guerra impuesta desde el exterior y cuya solución, consecuentemente, depende de factores que actúan más allá de los límites de nuestras fronteras.

Como conclusión tentativa, podemos decir  que el conflicto armado en Colombia no se ha podido resolver por la falta de una real y generosa voluntad política de las partes sino, además, por la poderosa influencia de factores inter o transnacionales; y que, comparadas las diversas coyunturas internacionales reseñadas aquí, ninguna como la actual se ha mostrado más favorable para la negociación de la paz que siempre hemos anhelado los colombianos.

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