Dentro de las cosas fácilmente podemos rescatar como consecuencia de la pandemia del Covid-19 es que el país no está preparado para afrontar una emergencia. Aunque la actual situación mundial no era fácilmente previsible, los demás factores de riesgo de Colombia siguen vigentes.
Ante cualquier tipo de problemática el país no sabe cómo reaccionar ni cómo actuar, cada vez que algún evento se eleva a emergencia se inicia una rápida toma de decisiones con la que se pretende mermar la situación. Pero al final de todo, solo deja a simple vista la improvisación y la falta de preparación que los colombianos tenemos ante cualquier contingencia.
La demostración histórica de este fenómeno se pueden expresar en tres ítems: La ausencia de preparación y simulacros, la catástrofe de Armero y la catástrofe de Mocoa.
Colombia cuenta con miles de factores de riesgo que puedan generar una emergencia: crecidas de ríos, avalanchas, derrumbes, incendios, terremotos, maremotos, tsunamis, Aludes, lahares, erupciones volcánicas, seguidos de un largo etcétera, de los cuales solo nos preparamos para el más impredecible de todos: los terremotos. Cada año se realiza un simulacro para terremoto en el que ciudades y municipios voluntariamente se unen para prepararse ante ese imprevisto. Pero ignoramos los demás factores de riesgo que pueden ser diferentes y mayores según la región del país en la que se encuentre.
Armero y Mocoa son la repetición de una catástrofe ocasionada por diferentes fuentes, pero que resultan en lo mismo: cientos de personas perdiendo la vida. Ante la ausencia de fuentes de información y de medidas a los factores de riesgo, una alteración en la normalidad significó que, en el caso de Armero el municipio desapareciera después de la erupción del Volcán Nevado del Ruíz y en el caso de Mocoa un lahar consumiera un sector de la capital del Putumayo. Ambas emergencias eran inevitables, pero pudieron impedirse los miles de muertes que causaron.
Durante las últimas semanas el río Ariari, en el departamento del Meta, ha tenido unas crecidas que se convierten en enormes avalanchas que abnegaron al menos dos mil hectáreas, llevándose consigo los cultivos, animales y viviendas que allí se encontraban. Además, dejó en grave riesgo el puente del Alcaraván, que conecta a todo el sur de Meta y el departamento del Guaviare con el centro del país.
Los habitantes de la región y los damnificados jamás se dieron por enterados de lo que ocurriría sino hasta que el agua había inundado sus hogares, llevándose a su paso sus enceres y pertenencias. Muchos de los damnificados tuvieron que salir con lo que tenían puesto, y actualmente buscan ir a lo que quedo de sus casas para sacar al menos un cambio de ropa. El suceso fue tan imprevisto que los dueños de las casas no tuvieron tiempo de rescatar ni siquiera al perro que cuidaba la casa, y actualmente sus cadáveres se cuentan por decenas.
Colombia no invierte lo suficiente en los programas de simulacros, pedagogía, colecta de información y preparación de la ciudadanía de cara a los riesgos inminentes de cada región. La ausencia de este trabajo cuesta anualmente miles de vidas de colombianos que pudieron ser evitadas.