A VECES LLEGAN CARTAS… DE MANCUSO PARA URIBE

A VECES LLEGAN CARTAS…DE MANCUSO PARA URIBE

(Tercera parte)

Hernando Llano Ángel.

Más allá de la correspondencia entre Mancuso y Uribe

Más allá de la carta de Mancuso a Uribe y las respuestas del expresidente y del Centro Democrático, lo que existe es una correspondencia política y estratégica de larga data, que ahora vuelve a salir a la luz pública. Una correspondencia, es decir, una identidad de fondo sobre la forma de enfrentar el desafío de una guerrilla violenta y depredadora, que impide el goce de los derechos más preciados de la modernidad: vida, libertad, seguridad y propiedad, los mandamientos de la “Seguridad democrática” uribista, sin los cuales el expresidente considera que no hay salvación política. Derechos que históricamente el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar a todos sus habitantes y en torno a los cuales sus principales responsables, los líderes políticos, gobernantes y dirigentes gremiales, siempre han tenido y tienen profundas diferencias, propiciando así mayor desconocimiento, vulnerabilidad y violación de los mismos. De alguna forma, dicha disputa comienza con el entonces presidente Guillermo León Valencia que expide en 1965 el decreto 3398, creando las autodefensas, como nos lo recuerda la Comisión de la Verdad. Dicho decreto “permitió armar a los civiles para la defensa nacional y la preservación del orden público, ante el riesgo de una supuesta amenaza externa”. Pero el asunto no era solo de orden nacional, era una cuestión geopolítica inscrita en el contexto de la guerra fría –lo que ahora se denomina agenda interméstica— pues obedecía a una recomendación de la “Misión Yarborough” que visitó a Colombia en febrero de 1962. Como lo demuestra el padre Javier Giraldo, S.J, en su ensayo “Aportes sobre el origen del conflicto armado interno en Colombia, su persistencia y sus impactos”, esa misión estuvo integrada por oficiales de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del norte), quienes alentaron la creación de “grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad nacional se deteriorará”. Incluso en los Documentos Presidenciales de John F Kennedy de los Archivos de Seguridad Nacional, Reuniones y Memorandos, Grupo Especial (CI), se recomienda que dichos grupos se “deben utilizar para poner en marcha funciones de contra-agentes, contrapropaganda, y en la medida que se necesite, para actividades de sabotaje y/o terroristas paramilitares contra los conocidos defensores del comunismo. Esto debe ser apoyado por Estados Unidos”. Recomendación que vino a materializarse en el decreto 3398 de 1965 y luego a institucionalizarse en forma permanente mediante la ley 48 de 1968 bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En días más próximos, el expresidente Cesar Gaviria revivió dicha estrategia contrainsurgente mediante el Decreto Ley 356 de 1994, conformando las Cooperativas Rurales de Seguridad, más conocidas como Convivir. De las cuales fue miembro y promotor Salvatore Mancuso, junto al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, cada uno desde su trinchera. El primero en las AUC y el segundo desde la gobernación de Antioquia y posteriormente en la Presidencia de la República con su “seguridad democrática” y la Red de cooperantes. De esta forma, a través de los años y de la degradación del conflicto armado en Colombia, se fueron revistiendo de legalidad y legitimidad organizaciones criminales para combatir al “enemigo interno”. Organizaciones cuyo carácter cada día fue más tenebroso y amplio, como Muerte a Secuestradores (MAS) y luego los Pepes, entre sus fundadores estuvieron los futuros comandantes de las AUC: Carlos Castaño, Fidel Castaño y Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna, entre otros. Todos estos acontecimientos son propios de un régimen político electofáctico cuya esencia consiste en esa fusión inextricable entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, que hoy vislumbramos en la correspondencia entre Mancuso y Álvaro Uribe. Ambos tienen una identidad mutante y sincrética, pues durante sus trayectorias vitales han articulado lo político con lo ilegal y lo legal con lo criminal, cada uno desde su ámbito específico. Las Convivir son un ejemplo de ello, pero también los llamados “Falsos Positivos”, cuyo origen fue la Directiva 029 de 2005. Los “falsos positivos” son la expresión terminal de la “seguridad democrática”, sin que el expresidente Uribe tenga la integridad moral de reconocer su responsabilidad política, negando así lo que escribió en el punto 33 de su Manifiesto Democrático: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  Responsabilidad que al menos tuvo la honestidad de reconocer ante la Comisión de la Verdad su ministro de defensa de entonces, Juan Manuel Santos, al pedir perdón a las madres de los jóvenes de Soacha, primeras víctimas de los “falsos positivos”: “Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma”. Contrasta este reconocimiento de Santos, tardío e irreversible, con la respuesta infamante de Uribe sobre el asesinato de los jóvenes de Soacha y su expresión “no estarían recogiendo café”, de la cual tuvo que retractarse obligado ante las madres de Soacha en diligencia judicial.

No existe “Justicia por mano propia”.

El trasfondo histórico y político de la polémica entre Uribe y Mancuso no es otra cosa diferente a la mentalidad del colombiano corriente, quien considera que existe algo tan monstruoso y absurdo como la llamada “justicia por mano propia”, es decir, un supuesto derecho a vengarse personalmente de quien lo agrede, amenaza u ofende. Tal fue precisamente el origen de las AUC. Se despoja así a la Justicia de su carácter público, normativo y no arbitrario o discrecional, con sus principios de presunción de inocencia y el debido proceso, fundamentos del Estado de derecho y la democracia, que niegan y condenan la “justicia por mano propia”. Ella no es otra cosa que venganza o ley del Talión, que hoy nos tiene condenados a la ley del más fuerte, cruel y arbitrario, de allí la violencia y la impunidad generalizada. Así lo dejó consignado en su informe sobre el MAS en febrero de 1983 el procurador Carlos Jiménez Gómez: “Propiamente hablando, el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada”.

El sentido de la JEP

De allí la importancia y relevancia de la JEP, ya que la justicia ordinaria ha sido incapaz de brindar verdad y reparación, en parte porque la Fiscalía General de la Nación se convirtió en un comodín de la criminalidad y la impunidad, especialmente de las tenebrosas relaciones entre empresarios y las AUC y de estas con numerosos políticos. Al respecto, exfiscales como Alfonso Gómez Méndez están en mora de explicar las circunstancias que impidieron que se adelantarán con celeridad las investigaciones a numerosos empresarios y sus relaciones con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y  Urabá (ACCU), implicados en cientos de documentos confiscados en el allanamiento al parqueadero Padilla en Medellín en 1988 por sus aportes a las finanzas de las ACCU. Un enorme desafío para la nueva Fiscal, doctora Luz Adriana Camargo, cuya responsabilidad histórica es impedir que la Fiscalía General de la Nación continúe siendo ese caballo de Troya de la criminalidad política. Una criminalidad política mucho más letal que la de Mancuso y todos los miembros de la extinta AUC, pues pretende ocultar y hasta legitimar sus atroces crímenes desde el Estado con discursos y políticas públicas como la “seguridad nacional”, en el caso del expresidente Turbay Ayala y su “Estatuto de Seguridad” o, recientemente, con la “Seguridad Democrática” y su secuela de “falsos positivos” y desapariciones forzadas ejecutadas por miembros de la Fuerza Pública en asocio con las AUC durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. En ambos casos, como políticas de seguridad y estrategias militares contrainsurgentes para poner fin al conflicto armado interno, aunque el resultado haya sido su reciclaje y perpetuación con nuevos actores, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgidas en el 2008 bajo el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, legítimas herederas de las AUC. Se supone que Mancuso ahora como gestor de paz viene a contribuir a la Paz Total con su sometimiento y desmantelamiento. Así lo afirma en su carta al expresidente Uribe: “Regresé porque creo en la urgencia de una agenda de paz que cierre del todo nuestros eternos ciclos de violencia. Retorno con el único propósito de contribuir a la paz de Colombia y a seguir respondiéndole a las víctimas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”, por eso al final de su misiva concluye: “lo invito a comparecer ante un sistema de justicia, a contar la verdad, su verdad y a pasar a donde deberíamos estar, en los anaqueles de la historia de Colombia”. Una invitación que en verdad sería bien recibida por millones de colombianos, especialmente las víctimas de ambos, ya sea por acción, omisión o complicidad. A veces llegan cartas como la de Mancuso con pasajes reveladores y desgarradores: “ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contrainsurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC. Como mínimo usted y los altos cargos de su gobierno en aquel entonces, se hicieron de la vista gorda o terminaron participando de manera directa en acciones y operaciones de carácter paramilitar. La prueba de ello son las condenas a una larga lista de sus funcionarios de mayor confianza, congresistas y altos mandos militares”. Este pasaje nos revela que en el dilema “entre la bolsa o la vida”, el Estado colombiano nunca ha dudado en proteger la bolsa de los pocos y sacrificar la vida de los nadies. Lo que se ha traducido en privilegiar las estrategias de colaboración entre civiles armados con la fuerza pública para defender su bolsa y heredad, al menos desde 1965, bajo múltiples formas de Autodefensas y medidas represivas de la fuerza pública contra millones de “nadies” que carecen de bolsa, propiedad y hasta vida, como aconteció en el paro nacional o “estallido social” del 2021.  Ya va siendo hora de realizar reformas económicas y sociales que promuevan un mayor número de nadies con bolsa y con vida, fomentando la seguridad y la prosperidad simultáneamente. Quizá así desaparezca de la mentalidad colombiana esa aberración llamada “justicia por mano propia”, que es la semilla de todas las autodefensas y sus innumerables crímenes, así estos se cometan bajo el manto de una ley, decreto o de una directiva como la 029 de 2005 del ministro de defensa Camilo Ospina en cumplimiento de la “seguridad democrática”, origen institucional de los 6.402 “falsos positivos” que investiga la JEP, cuya responsabilidad política todavía se niega a reconocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez en tanto Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 189, numeral 3 de la Constitución Política. Cargo que ejerció con rigor meticuloso y exigencia castrense entre 2002 y 2010, sin percatarse de los “falsos positivos”, pues nunca imaginó que ello pudiera suceder, olvidando que “también es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

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