SIN VERDADES PÚBLICAS, SIEMPRE TENDREMOS MÁS VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Hernando Llano Ángel

Al cumplirse un año de la entrega del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: “Hay Futuro si hay verdad”, los colombianos vivimos un presente con más víctimas y victimarios. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante este año y hasta el 19 de junio  han sido asesinados 78 líderes sociales y defensores de derechos humanos, a los que hay que sumar 17 firmantes y reincorporados de las Farc, cuya cifra ya supera los 380 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Para todos ellos no hubo presente, ni futuro y menos verdad. De otra parte, la verdad cada día está más invisibilizada y negada, al extremo que una votación mayoritaria en el Congreso excluyó del Plan Nacional de Desarrollo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV) por considerar que ellas no se le podían imponer al pueblo colombiano, según expresión de la oposición. Siendo que éstas no tienen un carácter vinculante y obligatorio, sino potestativo para las diferentes agencias del Estado, de allí su carácter de recomendaciones. Para terminar, la convivencia social está extraviada en el laberinto de las polarizaciones, las mentiras y los odios, deambulando por las calles, sin posibilidad alguna de reconocimiento mutuo, dividida en bandos irreconciliables, unos a favor y otros en contra del gobierno. Por todo lo anterior, el padre Francisco de Roux, quien presidió la CEV, en reciente entrevista al Espectador expresó que seguimos viviendo “en modo guerra”. Sin duda, es inevitable citar una vez más las palabras del expresidente Belisario Betancur, los colombianos somos “una federación de rencores y un archipiélago de egoísmos”. Y es así porque todavía vivimos en Colombia sin verdades públicas. No somos capaces de reconocer públicamente aquellas circunstancias, factores y procesos históricos que nos impiden ser una comunidad política nacional, es decir, una democracia de verdad. Entre nosotros todavía no es posible conversar y entendernos sobre el sentido de lo público y la urgencia de reconocernos como adversarios y no como enemigos, para encontrar un horizonte común donde la paz política y la convivencia social sean una realidad. Dramáticamente lo estamos viendo en torno a los bienes públicos que hacen posible una vida decente y la convivencia social: el trabajo, la salud, la seguridad social y la política sin armas, imprescindibles para la existencia de una democracia de verdad. Una vez más, parece imposible llegar a unos acuerdos mínimos para que el salario de la mayoría de los trabajadores sea justo, quizá porque quienes definen la suerte de la reforma laboral ganan cerca de 38.700.000 pesos mensuales, es decir, casi 38 veces más que el salario mínimo de un trabajador. ¡Cómo van a entender esos congresistas que es imperioso pagar en forma justa las horas nocturnas, los días de fiesta y los dominicales!  Mucho menos que millones de colombianos reciban una pensión básica para subsistir en la vejez. Por eso, ¡qué sentido tiene hacer una reforma pensional! Ni hablar de la salud, pues tenemos un sistema casi inmejorable, aunque muchas EPS funcionan como Empresas Postradoras de Salud, como la famosa SaludCoop de Carlos Palacino. Pero es mejor ¡“construir sobre lo construido”!  De allí la fuerza y veracidad de la expresión de Gaitán, que no dejaré de citar: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Un drama que, a partir de su asesinato, se convirtió en tragedia nacional. Es este tipo de verdades públicas, realmente escandalosas y sempiternas, las que hacen muy difícil la convivencia social y la no repetición de tantas atrocidades en la vida cotidiana, la generación sistemática de víctimas. Porque las víctimas, en realidad, no son una verdad, sino consecuencias de verdades negadas, que son sus derechos conculcados, el derecho a la tierra, a la salud, a la vivienda, a la educación y a vivir decentemente, sin estar sometidas al miedo, la violencia y el hambre, a humillaciones y discriminaciones en razón de su clase, color de piel, creencias y orientación sexual. Son estas verdades negadas históricamente, en nombre de la “democracia”, las que cada día producen más víctimas irredentas, pues la mayoría de legisladores son reacios a decidir en función de intereses generales, son cínicos testaferros de intereses particulares, que ocultan bajo sofismas como la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Por eso ahora entonan el estribillo que cantan en un coro destemplado con empresarios indolentes y rentistas: “Hay que construir sobre lo construido”. Y la pregunta obvia es ¿Cómo construir sobre el terreno deleznable de la desigualdad, la exclusión, la violencia y la corrupción que se apropia de lo público a favor de intereses privados? Si lo hacemos, seguiremos condenados a vivir en una sociedad cada día con más víctimas sin presente y sin futuro, mientras los victimarios continuarán gobernando en el presente y el futuro, impune y “democráticamente”. Solo si empezamos a construir una democracia sobre cimientos de verdad, habrá futuro para todos, pero ello requiere el compromiso de todos en la búsqueda y la defensa de intereses generales, no en la protección y la promoción de minorías y de privilegios sectoriales, sean de caracter partidista o social.

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