Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

Las paradojas de la Justicia: Entre la Verdad y la Impunidad

LAS PARADOJAS DE LA JUSTICIA: ENTRE LA VERDAD Y LA IMPUNIDAD

Hernando Llano Ángel

Dos acontecimientos, casi simultáneos, nos revelan las paradojas de la justicia colombiana. El primero, la captura de Otoniel y la inmediata declaración presidencial de su inminente extradición a Estados Unidos, no obstante ser el criminal más perseguido por la justicia colombiana. El segundo, la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y la suscripción de un Acuerdo con el presidente Duque, cuya esencia es el compromiso de éste y su partido, el Centro Democrático, de respetar la labor de investigación y juzgamiento que adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre los crimines de lesa humanidad cometidos por todos los actores armados, los ilegales y los institucionales, en desarrollo de nuestro prolongado, degradado e interminable conflicto armado interno. Crímenes tipificados en el Estatuto de Roma que, de no ser investigados y condenados por la JEP, serían inmediatamente competencia de la Corte Penal Internacional.

Otoniel, un fantasma que asusta, para extraditar y desaparecer de inmediato  

En el caso de la extradición de Otoniel estamos frente a una claudicación de soberanía judicial, pues el Estado colombiano le entrega a Estados Unidos la función de juzgar y condenar a uno de los criminales más sanguinarios y obcecados. Responsable del asesinato de cientos de miembros de la fuerza pública, así como de tejer y amarrar redes de corrupción institucional. Redes que le permitieron por décadas afianzar un emporio de criminalidad e impunidad y un imperio de cocaína y corrupción oficial, cuyos vasos comunicantes con la economía legal parece que no le interesa conocer al Ejecutivo. No vaya a suceder que aparezca una pléyade de “Memos fantasmas”, como el de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, por estas fiestas de Halloween electoral y revelen todo el entramado que sostiene este descompuesto régimen electofáctico y cacocrático. Duque procede igual que el expresidente Uribe, cuando rápidamente extraditó a Mancuso y toda la plana mayor de las AUC, para evitar que se conociera toda la verdad sobre la trastienda política, electoral y judicial que Salvatore comenzó a revelar en una entrevista con el periodista Juan Carlos Giraldo, en emisión del noticiero  RCN, como puede verse completa en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk. Dicha entrevista resume la esencia de este régimen electofáctico, fusión casi perfecta de la política con el crimen, cuya impunidad y continuidad asegura la rápida extradición a Estados Unidos de sus máximos protagonistas. Extradición que no solo nos impide conocer esa simbiosis de la política con el crimen, sino también la descomposición ética de quienes la promueven y ejecutan, pues la extradición significa que para ellos el delito de narcotráfico es más grave que asesinar jueces, policías e investigadores judiciales, además de masacrar, desplazar, desaparecer y despedazar a miles de colombianos con motosierras, como es usual en este tipo de criminalidad. Sin duda, la extradición es un crimen de lesa humanidad contra el ejercicio de la justicia, el conocimiento de la verdad y la dignidad de todas las víctimas. La extradición es sustracción de verdad, justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas del narcotráfico y garantía de impunidad para sus cómplices y testaferros. Y no obstante semejante aberración ética y judicial, hay gobernantes que se ufanan de tener el record por haber autorizado un gran número de extradiciones, como el actual y su promotor y tutor subjudice, Álvaro Uribe Vélez. Un record que nos impide conocer la verdad, honrar la vida y dignidad de todas las víctimas de los criminales extraditados y que debería avergonzar a quienes rápidamente autorizan esas extradiciones, si acaso dichos gobernantes y operadores judiciales tuvieran alguna noción de la justicia, la verdad y la ética más allá de salvaguardar las apariencias de un Statu Quo decrépito y criminal, sus mezquinos intereses partidistas y su “honorable” impunidad personal, que ocultan bajo una espuria legitimidad democrática.

Un Ejecutivo que teme a la justicia y la verdad

La segunda paradoja de nuestra justicia es el acuerdo alcanzado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el Ejecutivo nacional, representado por Iván Duque, que compromete al Estado colombiano y especialmente a la Fiscalía General a colaborar y no torpedear el trabajo de la JEP en busca de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno por las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos. Pero la trascendencia y complejidad del Acuerdo, precisa el espacio de un próximo Calicanto. Por ahora, basta decir que dicho Acuerdo y la justicia transicional tienen en su horizonte la verdad y la sanción de los responsables de tanta iniquidad en clave de reparación y de no perpetuación del círculo infernal de victimarios impunes y víctimas irredentas, así como una eventual y difícil reconciliación política nacional. Una reconciliación que requerirá la valentía y buena voluntad de muchas generaciones para no dejarnos intimidar por tan terribles y dolorosas verdades o, peor aún, convivir complacientemente con sus principales responsables. Para que no nos suceda lo anterior contamos con la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Corte Penal Internacional, como garantía de última instancia.

 

 

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