LA IMPUNTUALIDAD ESTATAL ES LETAL
Hernando Llano Ángel
Uno de los rasgos más negativos de nuestra vida social es la impuntualidad en el cumplimiento de citas y compromisos. Quizá por ello estamos históricamente atrasados en tantos campos. Empezando por la impuntualidad del Estado con el campo, que lleva más de un siglo a la espera de una reforma rural integral. Por eso, la mayoría de campesinos viven todavía como siervos y no como ciudadanos. Cargan con el lastre de deberes sin límites durante toda su vida, casi sin derechos reales y efectivos. Desde el alba hasta el anochecer. La mayoría despojados de títulos de propiedad sobre sus minifundios, con sus vidas precarias e inciertas, bajo la amenaza de grupos armados ilegales que los desplazan, confinan y asesinan. Todavía no son sujetos plenos de derechos, su ciudadanía está en ciernes. La Constitución no los ampara en la realidad y muchas autoridades los consideran sospechosos y peligrosos, en algunos casos como raspachines o eventuales colaboradores de la guerrilla. Miles viven en un limbo, entre la legalidad y la ilegalidad, perseguidos y fumigados con glifosato, cuando no estigmatizados y masacrados por no someterse a los mandatos e intereses de alguno de los actores armados. En ocasiones ni siquiera conocemos la identidad del victimario, pudo haber sido un narco, un paramilitar, un guerrillero o hasta un miembro del Ejército, cuando no una alianza entre algunos de ellos, como fue frecuente en los “falsos positivos” y el llamado “Plan Patriota”. En fin, todo depende del territorio, la ruta en disputa y especialmente de las políticas estatales al mando. Por eso estos se revisten de nombres pomposos y mentirosos, como el “Plan Colombia” o el “Plan Patriota”, de Pastrana y Uribe respectivamente, para así ocultar su contenido letal. En desarrollo de tales planes el azar de la muerte siempre está presente y la vida casi ausente. Lo único que sabemos con certeza es la identidad de las víctimas: campesinos, indígenas, negros, migrantes, desplazados y confinados. Pero casi siempre líderes sociales, empeñados en reivindicar el derecho a la vida en todas sus dimensiones, desde los surcos de la dignidad humana hasta los confines de las plantas y las selvas milenarias. Todos ellos están hoy amenazados por la codicia de economías extractivas, tanto legales como ilegales. De allí, que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición nos conmine: “A todos los colombianos, dar a los campesinos el reconocimiento inmenso que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo, el catastro multimodal, las condiciones para la producción sostenible, el acceso a bienes y servicios públicos –incluida la educación de alta calidad pertinente para la ruralidad, la seguridad y la justicia– y las condiciones que necesitan para el cuidado de los ecosistemas, del agua, de la tierra y de las especies nativas”. Una conminación especialmente válida para el presidente Petro que, en su discurso de posesión, se comprometió a cumplir “a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad”. Un compromiso que Petro debe cumplir puntualmente, sin retraso y mucho menos sin faltar a esa cita con la historia, como lamentablemente le sucedió la semana pasada al dejar plantada a toda la cúpula del poder judicial con ocasión de la posesión de los magistrados “Juan Carlos Cortés, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y Marjorie Zúñiga Romero como magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema”. Una falta grave de respeto y cortesía, que erosiona las imprescindibles relaciones de colaboración armónica que deben existir entre la rama Ejecutiva y Judicial, más aún cuando el presidente Petro juró honrar plenamente el Estado Social de Derecho. La puntualidad debe empezar por la casa del Estado, de lo contrario, su incumplimiento con el conjunto de la sociedad seguirá teniendo efectos letales, como sucede en el campo y en casi todos los ámbitos a millones de colombianos con su salud, educación, vivienda y empleo. Sin duda, la puntualidad estatal es vital, con mayor razón si la meta es ser “potencia mundial de la vida”. Solo así, se cumplirá la sentencia del poeta Julio Flórez, y la “muerte nos llegará tarde”.