Las recientes masivas movilizaciones en las principales ciudades del país contra el presidente Petro fueron mucho más allá del rechazo visceral a sus reformas sociales. Fueron la puesta en escena de una estrategia agresiva para ilegitimar su mandato democrático.  Su punta de lanza es la exigencia de su juicio y destitución por la presunta violación de los topes en su campaña presidencial. Con ello, la oposición no solo busca bloquear del todo el programa reformista del Pacto Histórico, sino incluso conducirlo a un colapso histórico, cuyas consecuencias serían desastrosas para toda la sociedad. Pareciera que dicha oposición no fuera consciente que la sociedad colombiana viene sacudiéndose y despertándose, cada vez en forma más incontenible y desesperada, con movimientos sociales telúricos de intensidad creciente, al menos desde noviembre de 2019, cuya más reciente erupción fue el magma social del paro nacional del 2021. En su visión maniquea de la realidad política nacional atribuyen semejante erupción al supuesto liderazgo de Gustavo Petro, a quien tildan de guerrillero infiltrado en la Casa de Nariño. Dicha oposición es incapaz de reconocer su inmensa responsabilidad en la generación de semejante hecatombe social, cuyo efecto catalizador fue la impopular reforma tributaria de Duque y su tecnócrata ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla. En perspectiva histórica, el triunfo electoral de Petro y su llegada a la Casa de Nariño no es más que la posibilidad institucional de regular ese magma social por los cauces del Estado Social de derecho proclamado en el artículo primero de la Constitución, pero ausente en casi todo el territorio nacional y en la vida cotidiana de la mayoría de los colombianos. Hay que reconocer, en ese sentido, que tal es el objetivo de las reformas sociales propuestas por el Pacto Histórico que, de tramitarlas y realizarlas con éxito, lo convertirían en lo que Antonio Gramsci llamaba un  Bloque Histórico. Es decir, un conjunto de fuerzas políticas, sociales y culturales capaces de conferir sentido y dirección a la conflictividad social por la vía de acuerdos y compromisos, en lugar de contener y reprimir violentamente a sus portadores, propiciando así un colapso social por ausencia o incapacidad de liderazgo político. Sin duda, ésta última es la apuesta de la oposición, para ello recurre no solo a la desinformación y manipulación del contenido y alcance de las reformas sociales, impidiendo así una deliberación informada y racional de las mismas, sino que las traslada a un juego de suma cero, donde solo una de las partes gana y la otra pierde todos sus derechos. Llegamos así al peor de los escenarios, que convierte la arena política en un pugilato en el que se utilizan todas las formas de lucha, empezando por las mentiras y la tergiversación, dinamizadas por ese torrente de escoria que son las redes sociales. En ese cenagal y arena movediza nos estamos hundiendo por falta de deliberación ciudadana y exceso de revanchismo y sectarismo político en los protagonistas de la vida política nacional. Ambos, oposición y gobierno nacional, apuestan por deslegitimar, derrotar y aplastar al contario en las calles. Como lo afirmaba Thomas Paine: “Un millón de errores no  hacen una verdad”. En la democracia son más vitales las avenidas del debate y la razón, es decir, la DE-LIBERACIÓN, para liberarnos de certezas y prejuicios, que la capacidad de llenar las calles y avenidas con miles de fanáticos y sectarios convencidos de representar a la mayoría, la justicia y la verdad. Es imperioso que pasemos de esa falacia de defender una democracia casi perfecta, donde supuestamente existe un Estado Social de derecho garantista que asegura salud, vida, seguridad y justicia al conjunto de la población y que está en peligro de ser aniquilada por un “presidente guerrillero”. Más bien, deberíamos empezar por reconocer que entre nosotros la democracia es una asignatura pendiente que debemos aprobar entre todos, aprendiendo a realizar acuerdos y concesiones que la trasladen del mundo ideal de la Constitución al mundo real de la vida cotidiana, social, política y cultural. Si no la aprobamos, perderemos la asignatura más importante. Aquella que nos permite reconocernos como ciudadanos con iguales oportunidades y derechos para vivir dignamente en paz, con pan, seguridad y libertad.  De otra parte, es urgente que el presidente Petro reflexione sobre el siguiente consejo de Confucio: “Hay tres cosas necesarias para el gobierno: armas, alimentos y confianza. Si un gobernante no puede conservar las tres cosas, debe renunciar primero a las armas y después a los alimentos. La confianza debe guardarse hasta el final: sin confianza no podemos resistir” y, agregaría, mucho menos convivir socialmente. Es cierto que el gobierno todavía conserva el control de las armas y los alimentos, tan disputadas por organizaciones ilegales y  especuladores ambiciosos, pero la confianza en el gobierno es cada vez menor, no solo por la oposición –que se nunca se la ha reconocido y menos brindado- sino también entre sus seguidores, cada vez más desconcertados por sus errores, bandazos, impuntualidad y manejos corruptos de altos funcionarios, que le hacen mucho más daño al gobierno nacional que el sectarismo y las mentiras de la oposición. 

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