Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

Carlos Jiménez Gomez y la Procuraduria de Opinión. In Memoriam III

Carlos Jiménez Gómez y la Procuraduría de Opinión frente al narcotráfico, los extraditables y la entrevista en Panamá

In Memoriam III

Hernando Llano Ángel

Si en alguna problemática nacional asumió Carlos Jiménez Gómez, en desarrollo de la Procuraduría de opinión, una postura audaz, visionaria y hasta temeraria, esa fue precisamente frente al narcotráfico. Una problemática explosiva ante la inminente aplicación del tratado de extradición y la definición de estrategias eficaces para neutralizar la actividad criminal y corruptora del narcotráfico. Actividad que bajo el mando de Pablo Escobar desplegaba entonces la mayor capacidad para infiltrar y desestabilizar el establecimiento político y la sociedad colombiana. Tanto más, cuanto Pablo Escobar ya tenía la doble condición de ser Representante suplente del liberal Jairo Ortega en la Cámara y a su vez capo del cártel de Medellín. Se convirtió así en un actor político mutante, pues combinaba diestramente lo legal con lo ilegal, según sus propósitos. En ese entonces Belisario Betancur promovía  acercamientos con la guerrilla que culminaron en un cese al fuego o tregua, firmada el 28 de marzo de 1984 con las FARC y luego en agosto con las otras guerrillas:  ADO, M-19 Y EPL. En ese contexto de la Apertura Democrática, política axial de Belisario, el Procurador Jiménez Gómez tuvo la osadía de explorar la posibilidad de una salida similar para el narcotráfico. Desde entonces el poder económico-criminal de mayor calado e influencia en la vida social y política de Colombia, que luego se expresaría en forma terrorista a través de los autodenominados Extraditables. El Procurador abordó ese poder criminal de una manera pública, enviado desde su Despacho a la revista SEMANA, para su sección de Confidenciales, la siguiente información, publicada bajo el título “Otras gestiones de Paz” en la edición número 76 del 18 al 24 de octubre de 1983:

El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, habría realizado recientemente gestiones calificadas como de paz, frente a los grandes del narcotráfico en el país. En las últimas semanas han circulado rumores sobre una posible declaratoria de guerra por parte de los narcotraficantes como reacción contra la extradición de colombianos. El Procurador, quien desde tiempo atrás se ha declarado en contra del Tratado por considerarlo inconstitucional y a la entrega de nacionales por juzgarlo inconveniente, habría sostenido varias entrevistas con las cabezas visibles de este gremio. El resultado de estas fue una especie de ¨paz pactada¨ en la cual se acordó el retiro total de los narcotraficantes de la actividad política, comenzando por el desmonte de los movimientos cívicos de Pablo Escobar y Carlos Ledher. (Semana, 1989, párr. 2)

En efecto, mediante concepto número 670, el Procurador en ejercicio de sus funciones constitucionales solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarará inconstitucional el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América’, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, “por ser violatorio de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 10, 20,55, 85 y 105” de la Constitución Política de Colombia” de 1886, entonces vigente. En el tomo I de los “Documentos del Procurador”, publicado en diciembre de 1987, resume así las tesis sostenidas por la Procuraduría durante su desempeño entre 1982 y 1986:

Hay que repetir una vez más que dos fueron las principales posiciones que sostuvo la Procuraduría en materia de extradición de nacionales a los Estados Unidos de América: la de la inconstitucionalidad del Tratado que la pactó, aprobado mediante la ley 27 de 1980, y la de la abierta inconveniencia de su ejecución. Sobre lo primero arguyó, en esencia,  la inadmisibilidad de la entrega de la soberanía del Estado mediante la renuncia al juzgamiento directo de sus propios nacionales, o sea de la llamada “prórroga de jurisdicción”; sobre lo segundo, la gigantesca y arrasadora ola de violencia que el país sufre estoicamente como cualquier otra mala costumbre, hace décadas, no años, sugería al menos despabilado de los espectadores la oposición a una norma inconstitucional que priva al Ejecutivo de la plenitud de iniciativa en el manejo integral del orden público […]Todo esto tiene que ser pensado en el interés primordial de Colombia y con criterio colombiano. Deben ser nuestros problemas y no los de Estados Unidos la brújula de nuestra acción. Nuestro orden público demanda un manejo integrado y unitario. Y las presiones norteamericanas, visibles tras el velo tenue de las decisiones del Gobierno, al limitar nuestra autonomía para una política integral del orden público lo que están haciendo es golpear nuestra autodeterminación (Jiménez, 1987, p. 40).

Sin embargo, su concepto jurídico como Procurador y su audaz iniciativa para contener la incursión criminal del narcotráfico en la política no solo no tuvieron acogida, sino que fueron descalificadas de manera maniquea y torticera, relacionándolo como un mediador interesado en beneficiarse ilícitamente con ellas. Entre tanto, la atmósfera era cada día más polarizada y amenazante por el enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla y el Representante suplente, Pablo Escobar, a raíz del debate promovido contra el ingreso de los llamados “dineros calientes” procedentes del narcotráfico en las campañas políticas para el Congreso. Dicho debate tuvo un giro inesperado, como bien lo reseña el periodista Fabio Castillo en su libro ‘Los jinetes de la Cocaína’, pues “dos semanas después de posesionado en el Ministerio, Lara Bonilla fue citado a la plenaria de la Cámara de Representantes para hablar sobre la presencia de dinero de la mafia en la política. Desconocía entonces que el acusado sería él mismo. El debate era promovido por Jairo Ortega y Ernesto Lucena, dos congresistas de Alternativa Liberal y, pese a pertenecer al Senado, la citación también la firmaba el propio Santofimio Botero, bajo cuyas banderas había salido elegido representante a la Cámara Pablo Escobar. Los dos congresistas de ese grupo político, Lucena y Ortega –principal en la lista política de Escobar–, exhibieron en la plenaria del congreso un cheque por un millón de pesos que había girado a nombre de Rodrigo Lara el narcotraficante Evaristo Porras Ardila” (Castillo, 1987, p. 83). No hay que olvidar que tanto Ledher como Escobar fueron pioneros en la fusión del crimen con la política, abriendo así un camino que con el paso de los años se convirtió y trasmutó en una veloz autopista de la política con el crimen para bloquear desde el poder estatal la aplicación del Tratado de Extradición. Una vía que incluso catalizó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con el magnicidio de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 y les permitió coronar en el artículo 35 de la Constitución su máxima aspiración: la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento.

Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Como respuesta a dicha celada, Lara Bonilla trazó una estrategia de confrontación. A los pocos días, Lara Bonilla convocó una rueda de prensa durante la cual exhibió los prontuarios de Pablo Escobar y Carlos Ledher, reveló que había ordenado investigar al congresista Jairo Ortega por encubrir las actividades de narcotráfico de Evaristo Porras, y a éste mismo, con base en las propias afirmaciones públicas del congresista. El ministro reveló que Porras Ardila traficaba con cocaína a bordo de dos avionetas HK2525 y HK2519-P, las que acababa de ordenar paralizar en la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes. “Soy un ministro incómodo para quienes están por fuera de la ley», dijo Lara Bonilla (Castillo, 1987, p.84). En desarrollo de este pulso político y de la persecución judicial contra Pablo Escobar, el ministro Lara Bonilla logró que Escobar fuera despojado de su inmunidad parlamentaria, que lo protegía de una eventual investigación penal y le confería una auténtica impunidad judicial. Pero más contundente fue el golpe asestado al emporio del narcotráfico con la primera gran operación contra laboratorios para el procesamiento de cocaína, en los llanos del Yarí, mediante la destrucción del complejo cocainero llamado “Tranquilandia” con más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína en procesamiento. En represalia a estas acciones del ministro Lara Bonilla, que afectaron sustancialmente la identidad mutante de Pablo Escobar, pues lo despojó de su calidad de Congresista, dejándolo expuesto a las acciones judiciales, al tiempo que puso en jaque su estructura criminal con la destrucción de “Tranquilandia”, el capo ordena el asesinato del ministro Lara Bonilla, que es ejecutado el 30 de abril de 1984.

Entrevista en Panamá

Los extraditables huyen y se refugian en Panamá, donde a través de intricadas mediaciones que tuvieron origen en Santiago Uribe White, pasando por el mismo expresidente López y el ministro de mayor confianza de Belisario, su amigo personal Bernardo Ramírez, solicitan un encuentro en Panamá para enviarle un Memorándum al presidente Belisario donde propondrán su entrega a la justicia colombiana a cambio de no ser extraditados. El expresidente López sugiere para dicha entrevista “un funcionario de la más alta categoría y de una total independencia constitucional” (sic), como el Procurador General. El ministro Bernardo Ramírez le informa a Jiménez Gómez que el presidente Belisario lo considera el funcionario indicado, pero éste, según lo expresa en su libro de 2009: “Camino de la tragedia nacional”, revela: “Yo respondí inmediatamente a Ramírez que se trataba de algo muy delicado y riesgoso y que yo no estaba dispuesto a acceder a semejante petición… Después de un intenso intercambio de argumentos y contraargumentos, le respondí para terminar que yo solamente lo pensaría sobre una base indispensable: ¨Que el Presidente de la República me lo solicite personalmente¨. Ramírez me replicó que esa exigencia le parecía superflua e inaceptable. ¨Betancur no lo haría en ningún caso¨. Vista mi negativa, nos despedimos fríamente mientras él me decía: ¨De todos modos, yo hablo con el Presidente¨. A las tres de la tarde de ese mismo día, el Presidente me llamó por teléfono y con su conocido canturreo me dijo: ¨Procurador, muy interesante lo que habló Usted esta mañana con Bernardo Ramírez¨. Yo le pregunté de qué se trataba y él me respondió: ¨Pues el asunto de que Bernardo estuvo tratando en Miami con el Presidente López. Para concretarlo, cosa que evidentemente él no quería, le interrogué una vez más: ¨Se refiere usted a un posible viaje mío a Panamá¨. ¨Sí, me dijo. Es de eso de lo que le estoy hablando. ¨Usted quiere y me pide que yo viaje a Panamá a cumplir la misión que esta mañana me planteaba Bernardo?  ¨Claro, Procurador. A eso viene mi llamada¨. ¨Y cuáles son sus instrucciones?, le pregunté. ¨Las instrucciones se las da el Presidente López¨. Llamé telefónicamente al Expresidente, quien me reiteró lo dicho por Ramírez, agregándome para rematar: Una cosa quedé clara. Que el mensaje tiene que venir dirigido por un lado al Gobierno colombiano y por el otro, simultáneamente, al de los Estados Unidos por conducto de su Embajada. Estamos hablando de un gran problema internacional. Lo que en esta materia se haga o intente a espaldas del Gobierno Norteamericano es pura y simplemente pérdida de tiempo. Lo que hice a continuación fue ordenar la elaboración del proyecto de Decreto de comisión para la firma del Presidente y del Ministro de Justicia, Enrique Parejo (Jiménez, 2009, pp. 19-21).  El Procurador cumple la cita en Panamá y recibe: ‘El Memorándum del Narcotráfico para el Presidente de la República’, un texto de aproximadamente siete páginas que, en sus apartes más sustanciales, contiene los siguientes compromisos de parte de los narcotraficantes: “a) Desmonte de la infraestructura global con base en entrega de laboratorios en el país; entrega de pistas clandestinas en el país; enajenación de aeronaves vinculadas al transporte de las materias primas y el producto elaborado, previa autorización del Gobierno Colombiano, en concordancia con normas vigentes. b) Retiro definitivo del mercado en sus formas de: compradores de las materias primas, transformadores de las mismas, transportadores a los países consumidores y distribuidores internos de las mismas. c) Colaboración en la sustitución de zonas de cultivo de coca y de marihuana en Colombia, para dar así un paso firme en la erradicación del consumo interno de drogas en el país. d) Disposición inmediata para colaborar con el Gobierno colombiano, si se considera prudente y conveniente, en campañas para la erradicación del consumo interno de drogas y para la rehabilitación de los adictos. e) Retiro definitivo de la actividad política directa o aparente. f) En el convencimiento de que la paz es un bien inapreciable, a la cual tenemos derecho todos los colombianos, y a pesar de que reiteramos nuestra afirmación de no ser ni directa ni indirectamente  responsables de la perturbación del orden público que motivó la declaratoria del Estado de Sitio, ofrecemos irrestrictamente cualquier forma de colaboración que el Gobierno estime necesaria y conveniente de nuestra parte, para obtener las condiciones mínimas que permitan el regreso a la normalidad institucional” (Jiménez, 2009, pp. 224 – 225). Entre otras, en dicho documento no aparece la oferta del pago de la deuda externa de Colombia, producto de la fantasía mediática y popular, pero sí una cifra de los ingresos que obtienen: “que el negocio significa hoy, para quienes lo controlamos en Colombia, un ingreso anual cercano a los dos mil millones de dólares, de los cuales una proporción sustancial llega a nuestro país” (Jiménez, 2009, p. 223). Al hacerse público dicho Memorándum y el encuentro, el Procurador es sometido a una especie de linchamiento moral y destacados congresistas lo emplazaron a un debate en sesión plenaria del Senado de la República, el 2 de agosto de 1984. Al respecto, cabe destacar las siguientes respuestas a sus censores y críticos: Porque he abrigado y propalado abiertamente acerca del tratamiento al narcotráfico, una serie de ideas que no siempre han concordado, ni tienen necesariamente que concordar, con las que podríamos llamar ¨oficiales¨ sobre el problema. Las sintetizo diciendo que este asunto, por su magnitud y poderosa consolidación, ha excedido el tradicional marco meramente legal para convertirse en un gran foco de perturbación que tiene que seguir siendo tratado por los medio jurídicos, insustituibles en su órbita y alcance; pero no solamente dentro de ellos, sino, complementariamente, subrayo, por todos los demás, buscando así resultados más amplios de los que pueden aspirar a obtener con sus limitados recursos las autoridades judiciales y policivas. Razones de orden público policivo, económico y social, políticas y culturales, así lo demandan, a mi juicio […]  Porque consideraba y sigo considerando que el problema del narcotráfico puede encontrar en diálogos como el mío en Panamá a que alude la queja, fórmulas eficaces de contribuir a su solución, convergentemente con una acción judicial y policiva como la que el Gobierno viene sosteniendo y que, en esencia, sigue siendo indispensable. Por ello había aceptado la audiencia que hacia septiembre y octubre del año 1983 me solicitaron las mismas personas, de que da cuenta en su página 21 la revista SEMANA del día 18-24 de octubre de 1983. Pero esa noticia no la recogió el cronista de dicha publicación al azar, sino que se publicó a petición mía, hecha expresamente en forma personal al Director, ya que no quería que se me pudiera más tarde acusar de estar sosteniendo paliques clandestinos sobre algo que está dentro de la órbita de mis funciones (Jiménez, 1987, pp. 166-167). Considero inevitable las anteriores extensas citas, tomadas de “Los documentos del Procurador”, no solo para dar cuenta de la integridad de sus actuaciones, sino sobre todo para recalcar la absoluta vigencia de sus críticas y la omisión criminal del Estado colombiano y sus mandatarios que todavía persisten en la aplicación del prohibicionismo, la fumigación con glifosato, la extradición como delegación de soberanía estatal, el desangre de cientos de miles de campesinos y el asesinato de sus líderes por quienes se lucran de tan criminal política. Lucro que va desde la burocracia de agencias estatales como la DEA norteamericana y en nuestro terruño el entramado corrupto de miembros de la Fuerza Pública que permiten el ingreso de toneladas de precursores químicos para el procesamiento de cocaína. Pues como certeramente lo caracterizó Jiménez Gómez: “Ya el problema del narcotráfico no es un negocio de dos o tres capos, sino un ingrediente normal y masivo de la economía y la vida colombiana; ya no se trata de romper una moral o una ilegalidad sino algo más profundo: un estilo de vida, y un patrón cultural como el de la economía informal […] Sus negocios crecen, su base social se ensancha y multiplica, sus medios de acción se diversifican y desinhiben más todos los días (Jiménez, 1987, p. 43-45). Por eso, es imperioso concluir con esta última cita del Doctor Jiménez Gómez: “En materia de Justicia y de Gobierno hay que tomar en cuenta la realidad y saber que sin ella el Derecho no funciona, que, por eso al Derecho hay que darle bases reales y herramientas operativas, pues no se puede gobernar sobre supuestos inexistentes ni  con instrumentos inservibles […] Que el Estado no se puede apegar a una soberanía meramente teórica y nominal, sino que tiene que vivir siempre en  marcha hacia una institucionalidad operante”. Y esa institucionalidad operante demanda un cambio vital en la mal llamada guerra contra el narcotráfico que ya perdió el prohibicionismo en forma irreversible. Consejo que debería escuchar y aplicar el presidente Duque, pues en la realidad su “Paz con legalidad” se ha degradado en una “paz con letalidad”, mucho más si persiste en el uso del glifosato. Pero conociendo su falta de autonomía en esta materia y su admirable procrastinación, demostrada con las vacunas contra la pandemia, esperará las instrucciones de Biden, que ojalá por respeto al medio ambiente desista de esa política criminal y ecocida, pues al parecer la vida y dignidad de la población campesina, negra e indígena del sur vale menos que la del norte. Población a la que supuestamente protege el prohibicionismo de los violentos y corruptos narcotraficantes del sur, olvidando que en el fondo el problema es más de la extra-adicción de los virtuosos y emprendedores consumidores del norte que un asunto de extradición de los narcotraficantes del sur o de fumigación de campos de coca. A fin de cuentas, dicha “guerra contra el narcotráfico” se gana o pierde en la mente de millones de consumidores, no expoliando y fumigando una “mata que no mata”, sino que es prodigiosa como la Mama Coca. Así como la marihuana pasó de ser planta maldita a convertirse en planta medicinal bendita, hay que recorrer el mismo camino con la coca, cuyas propiedades son aún mayores.

 

 

 

 

 

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