20 de julio 2021 ¿DE LA GRITERIA A LA POLIFONÍA DEMOCRÁTICA?
Hernando Llano Ángel
Este 20 de julio no celebraremos más de dos siglos y 11 años del grito de independencia. Más bien, celebraremos un año más de gritería democrática en las calles, exigiendo justicia y garantías para la expresión ciudadana pacífica, que tuvo su primera eclosión en noviembre de 2019 en varias capitales y especialmente en Cali. Es una gritería que se viene extendiendo desde hace años por muchas latitudes del mundo, pues hoy la democracia no está en las instituciones estatales, sino en las plazas y las calles. Desde Hong Kong, pasando por Birmania, Bielorrusia, Moscú, Cuba, Venezuela, Nicaragua hasta llegar a nuestras principales ciudades y relegados campos. Es un renacimiento del gen democrático que expresa cada ciudadano y ciudadana, hastiados de la expropiación de sus destinos por cleptocratas de lo público que han usurpado su voluntad y defraudado su confianza. De no haber sido por las masivas y pacíficas manifestaciones promovidas durante casi dos meses, el gobierno no habría retirado del Congreso su antidemocrática reforma tributaria y habría insistido en su malsana reforma a la salud. Pero ganó el pulso la democracia ciudadana de las calles a la simulación democrática de burocracias y tecnocracias autoritarias, parapetadas en el actual gobierno de la supuesta “paz con legalidad”, cuyo record de masacres, desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados nos está sumiendo en pesadillas que creíamos ya superadas con el Acuerdo de Paz, según el informe de 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Primeras líneas democráticas
Durante estos meses, miles de jóvenes empezaron a escribir sus primeras líneas democráticas, realizando bloqueos de calles y carreteras, con un costo de sacrificio, sangre y pérdidas de vidas humanas, económicas y sociales, que podría haberse evitado mediante un tratamiento más civilista y menos militarista de esta protesta disruptiva. Al respecto el informe de la CIDH en su página 45, con el propósito de prevenir y evitar nuevamente esa deriva de exceso de fuerza policiva y de resistencia violenta en los bloqueos, convertidos en trincheras de un combate desigual, recomienda al gobierno y el Estado colombiano en su punto 36 el establecimiento de “un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado, conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogos transparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios”. Mecanismo que el gobierno de la “Paz con legalidad” ha rechazado, argumentando que el Estado colombiano dispone de un entramado institucional respetuoso de los derechos humanos, como también lo argumentan Venezuela, Nicaragua y ahora Cuba. Sin duda, la obstinación y radicalidad de este pulso entre una Fuerza Pública desbordada y jóvenes airados, en un contexto de saqueos y de violencia vandálica contra bienes públicos y privados, agudizados por la pandemia del Sars-Cov2, el desempleo y el hambre, condujo al gobierno a la combinación de todas las formas de lucha y un resultado incierto en el número de víctimas. Desde la deslegitimación de la protesta pacífica, asociándola en algunas ocasiones con supuestos infiltrados ilegales, pasando por la declaratoria de la Asistencia Militar, y la desautorización del diálogo con los jóvenes de la primera línea, vetando a los alcaldes que expidieron decretos con tal propósito y a la postre lograron, mediante concertaciones y concesiones de orden social, el levantamiento de numerosos bloqueos, evitando más violaciones a los derechos humanos. Ahora el presidente Duque pone en marcha una especie de ofensiva judicial contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, utilizando como punta de lanza la Fiscalía General de la Nación. Contrasta el despliegue mediático y la celeridad de esta investigación con la ineficiencia y la lentitud de las indagaciones que se siguen contra varios civiles que temerariamente dispararon a manifestantes y causaron graves heridas a miembros de la Minga indígena, como lo demuestran estas precisas crónicas del portal “Cuestión Pública. En definitiva, este gobierno, como todos los que se parapetan en supuestas legitimidades que están siendo superadas por sus ciudadanos en las calles –sean sus gobernantes de derecha, izquierda o centro– recurren cada vez más a la violencia y la represión. Y esta es una fórmula universal porque en su mentalidad maniquea y su mundo de autistas privilegiados, esos gobernantes consideran que su violencia y la de los “buenos ciudadanos” que los respaldan es legítima y justa, así sea todo lo contrario, puesto que jamás hay legitimidad democrática en regímenes políticos que niegan a la mayoría de sus ciudadanos el pan, la libertad y su dignidad.
De la gritería a la polifonía democrática
De allí, que esta sea la hora de pasar de la gritería democrática a la polifonía democrática. Para ello debemos escucharnos, reconocernos y respetarnos en nuestra dignidad común de ciudadanos. Una dignidad ciudadana que rechaza radicalmente otorgar legitimidad alguna a las violencias que sustentan ordenes políticos, sociales, económicos y culturales profundamente excluyentes, racistas y clasistas, como el nuestro. Y, en lugar, de desafiarlos a través de los mismos métodos violentos, está convencida que la legitimidad de su causa está afianzada en la dignidad de los medios utilizados más que en los fines perseguidos. Por eso, cobra tanta vigencia la propuesta de “Un pacto por la Vida y la Paz desde el Pacífico y el Suroccidente para toda Colombia”, de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico (CIVP), que apele directamente a la conciencia de cada ciudadana y ciudadano para que promovamos la vida y la paz política, superando así los antagonismos y las polarizaciones propias e inevitables que presentarán los diversos candidatos presidenciales en sus “programas de gobierno”, quienes durante sus campañas siempre se postulan como los únicos capaces de garantizarnos lo que nunca han podido cumplir cuando gobiernan: la vida y la paz política. Entre otras cosas, porque la vida y la paz política son bienes y valores públicos, cuya responsabilidad es de todos, y no solo de los políticos profesionales, que la mayoría de las veces las utilizan como abalorios y banderas demagógicas para sus vanidades y la defensa de intereses mezquinos del establecimiento y el país político que encarnan y representan. Dicho Pacto podría ser promovido y afirmado a través de una Consulta Popular. La mayor virtud de utilizar y respaldar masivamente la Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana es que nos permite afirmar, de abajo hacia arriba, de la sociedad civil hacia el Estado, nuestro poder político, pues serán los candidatos electos quienes tendrán que cumplir lo que demandamos en la Consulta: Vida y Paz Política para todos y todas, no en función de sus programas de partido, sino de lo explícitamente mandado en el Pacto por la Vida y la Paz desde el Pacífico y el Suroccidente para toda Colombia. Si lo hacemos realidad en las próximas elecciones de 2022, pasaríamos de la gritería democrática a la polifonía democrática, sustento real de toda legitimidad y gobernabilidad democrática. Es el verdadero reto en las elecciones del 2022, pues marcaría un giro histórico innovador. Comenzaría a gobernar por primera vez el país nacional sobre el país político y los intereses de las mayorías prevalecerían sobre los de minorías privilegiadas que han tenido secuestrada la República, escamoteada la democracia y acallada nuestra independencia y voz ciudadana desde su misma proclamación, por allá un 20 de julio de 1810.