De repente las sofisticadas instituciones sociales que se defienden con capricho ontológico, como si se tratara de una realidad andante, se han visto completamente limitadas por una crisis previsible, pero de ninguna manera precavida por el Gobierno nacional, y a partir del 20 de marzo Colombia anocheció en un toque de queda generalizado, y, aparentemente, aceptado con resignación por la mayoría de gente.
¿Qué más se puede hacer en medio de una epidemia? La otra opción sería, como en La peste de Camus, encerrar a todos los contagiados en un grupo cada vez más numeroso, hasta que quedaran más incluidos que en el exterior. Literatura fuera, por supuesto se pudo haber hecho más, y todos lo sabemos: el Gobierno de Iván Duque tembló ante la presión económica y privilegió unos días de ganancias frente a la salud de todo un país: un ejemplo vergonzoso para la historia, o si no vergonzoso, por lo menos torpe.
Pero como es más fácil coaccionar al interior del país que ejercer un mínimo de precaución y soberanía, se ha establecido un estado de cosas absolutamente desconocido en la historia constitucional de este siglo, y, aunque resulte —vista la amenaza de propagación del COVID-19— completamente comprensible, creo importante hacer algunas reflexiones sobre el toque de queda y el derecho a la libertad de circulación, para refrendar este último hoy más que nunca:
Considero legítimo sentir un primer rechazo ante cualquier medida de toque de queda y de restricción a la circulación en América Latina, un continente tan asediado por las dictaduras, y particularmente en Colombia, país que durante la Constitución de 1886 vivió largos años de su historia democrática bajo estado de sitio, una experiencia que moldeó los requisitos para declarar los estados de excepción regulados en la Constitución vigente. La regla general es la libertad, y la restricción es excepcional y absolutamente justificada. Si en este caso hay causa para proceder, no se discute, pero sí me alarma cómo ningún mandatario, ni el nacional ni los locales, han lamentado tener que acudir a semejante figura —con sus horribles antecedentes—, y en cambio sí se ha lamentado tener que cerrar aeropuertos y centros comerciales.
Esto refleja una constitución inconsciente y real en los colombianos, una tendencia mezquina hacia la represión. Nada más recuérdese cómo el primer instinto de los alcaldes municipales ante la inacción del Gobierno central fue cerrar las fronteras locales, como hizo el Alcalde de Ibagué, o restringir la circulación de parejas en motocicletas, como hizo el Alcalde de Cúcuta. Ejemplos igualmente vergonzosos y discriminatorios de quienes asumen como pobres y peligrosos. Así también ha salido el Fiscal General a advertir que investigará por violación de medidas sanitarias a quienes incumplan las medidas, y ahí todo se pone más confuso.
En tiempos normales un toque de queda no tiene efecto sanitario, sino de orden público, y su violación acarrea sanciones económicas, o, a lo sumo, el arresto. Pero si el toque de queda se interpreta como medida sanitaria, ¿entonces la violación del toque de queda se puede entender como criminal? A mi juicio, no, de ninguna forma, salvo que se diera el caso groserísimo de que alguien rompiera la restricción y ejerciera su libertad, no por la libertad misma, sino con la intención de afectar de algún modo la salud pública, y siempre que tuviera la capacidad de transmitir el coronavirus. Pero esto no lo explicó el Fiscal, y ha dejado un vacío que es necesario atajar, y no dejar a merced de la Policía. No me sorprendería que se dijera que romper el toque de queda es un delito flagrante.
Por eso, en cambio, me resulta absolutamente comprensible la medida adoptada por la Alcaldesa de Bogotá, quien ha llamado a un simulacro de aislamiento obligatorio: para efectos prácticos es un toque de queda, sin que se comunique la negación a la libertad de los ciudadanos. Para una impulsora del nuevo orden constitucional como ella, me imagino, echar mano de una figura dictatorial es algo indeseable, así como lo ha sido para mí, alguien nacido y crecido bajo las reglas de la Constitución del 91.
Pero decía antes qué hay una constitución inconsciente, en la que pesa con fuerza la tendencia a reprimir, por un lado, y a aceptar dócilmente, por el otro. Esto nos enseña que la Constitución no es un texto, sino nuestras costumbres aplicadas.
Nota 1: he echado de menos mensajes serios de resistencia y fuerza para superar una crisis social súbita y posiblemente fulminante como la que ha generado la propagación del COVID-19 en Colombia. Está claro que el Presidente no tiene las condiciones discursivas ni las habilidades retóricas para motivar a su pueblo, sino que lo suyo, al estilo de la política técnica, son los discursos incoloros con un impostado acento paisa que no es el suyo. Pero yo sí le quiero decir a quien me lea, que esta crisis mundial nos muestra los límites del poder político, tecnológico, y lo que no se logra con capacidad adquisitiva. Pasará esta tormenta y el mundo tendrá mucho por reflexionar, ojalá lleguemos fortalecidos y serenos para entonces.
Nota 2: luego de publicado este texto, el presidente Iván Duque ha anunciado una cuarentena (aislamiento preventivo) obligatoria, desde luego no con el odioso nombre de toque de queda. En eso sigue a la alcaldesa Claudia López y es plausible. Sin embargo, no resta mérito a los comentarios anteriores, en vista de que en su discurso la libertad humana ha sido totalmente omitida.