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¿Y quién controla al presidente?

Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)

El Congreso de la República escogió como contralor al candidato de Santos, luego de que el presidente había suscrito acuerdos políticos con algunos sectores de la unidad nacional para ser imparcial en el nombramiento del contralor, pero finalmente tomara partido por el candidato que le resulta más cercano y funcional a su gobierno, incluso a costa de romper su relación con el expresidente César Gaviria, el gran impulsor de su campaña para la segunda vuelta presidencial.

La elección dejó mal parada a la bancada liberal, en tanto demostró las divisiones internas y la falta de liderazgo del expresidente Gaviria para disciplinarla. Así mismo, dejó claro que el presidente empieza su gobierno con una mayoría importante en el Congreso para impulsar sus proyectos. Reafirmó la idea que había quedado en el ambiente con el nombramiento del gabinete ministerial, y es que los nombramientos los hace el Presidente por encima de las promesas o alianzas que se hubiera fraguado en campaña. Pero deja una gran preocupación frente al equilibrio institucional, la separación de poderes y el sostenimiento del sistema de frenos y contrapesos que se diseñó en la Constitución de 1991 para el adecuado funcionamiento del Estado en Colombia, argumentos adicionales a los muchos que se han esgrimido para la eliminación de la reelección presidencial inmediata.

Este no es un tema nuevo. El constituyente de 1991 reafirmó el principio de separación de poderes entre las ramas del poder público, y creó a su vez, de forma independiente, a los órganos de control disciplinario y fiscal para permitir la materialización del principio de colaboración armónica en la gestión de los asuntos del Estado entre dichas ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Los sistemas de nominación y elección de los rectores de los órganos de control, garantizaba un importante grado de independencia en la designación de esos funcionarios. Pese a ello, cuando en 2006 se abrió la puerta para la reelección inmediata del presidente de la República, algunos pocos ya avizoraban la creación de un escenario institucional que se blindara frente a la actividad de los órganos de control diseñados en la Constitución, tal como el que empieza a tener lugar en detrimento del equilibrio del sistema de frenos y contrapesos.

El primer paso, y quizás el más negativo, fue la politización de las instituciones del Estado en las elecciones presidenciales donde quedó claro que el fiscal General de la Nación, elegido en vigencia del primer gobierno del Presidente Santos, defiende una postura política cercana a los intereses del gobierno. El segundo paso ocurrió esta semana con el nombramiento de Edgardo Maya como contralor, quién fue elegido por la mayoría parlamentaria de la Unidad Nacional luego del guiño del presidente Santos. Ahora se rumora sobre la posible nulidad de la elección del procurador Ordoñez, que de ser declarada en el escenario judicial, abriría la puerta para que el presidente postule de nuevo un candidato de su confianza.

Santos apenas empieza su segundo periodo y su esfera de poder y control puede alcanzar niveles no sospechados a la luz de los principios constitucionales vigentes. La Corte Constitucional en sentencia de 2010[1], expresó que “en que el desvanecimiento de los controles, la falta de equilibrio y la consecuente afectación del principio de separación de poderes, tienden a traducirse en actuaciones desligadas de evaluaciones externas y del juicio derivado de esas evaluaciones, así como en desequilibrio y concentración de poderes en el ejecutivo, que son elementos totalmente opuestos o contrarios a los originalmente plasmados en la Constitución con la finalidad de evitar el desbordamiento del poder ejecutivo y de imponerle la moderación que le impidiera invadir órbitas competenciales ajenas a sus funciones, ya de por sí numerosas e importantes”. Ojalá ese no sea el camino que empezamos a transitar en Colombia.


[1] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-141 de 2010.

 

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