Editorial Bajo La Manga (@bajo_lamanga)
El 11 de noviembre de 1988, a manos de alias Vladimir y con la descarada anuencia y participación directa del Batallón Bomboná de la XIV Brigada del Ejército, comandado en ese entonces por el Coronel Alejandro Londoño Tamayo, fueron asesinadas 46 personas y heridas 60 más en el municipio de Segovia, acusadas por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC. En esta masacre, documentada detalladamente por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), participó como autor intelectual el ex senador liberal César Pérez, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de prisión por los hechos mencionados.
El 2 de agosto de 1997, el Grupo de Autodefensas del Nordeste, con la omisión descarada del comando de policía del municipio, asesinó de forma selectiva entre las 12:30am y las 2:00am a cinco personas e hirió a tres más, dejando una estela de sangre y terror en Remedios, municipio del nordeste antioqueño, vecino de Segovia.
Las víctimas, todas, fueron reseñadas por estos grupos paramilitares como colaboradores de la guerrilla, en la mayoría de los casos sacados de sus casas, y asesinadas vilmente. Fueron masacres expedicionarias, devastadoras y extensivas, como lo relata el CNMH, que tenían como principal objetivo sembrar, por medio del terror, desconfianza entre los habitantes de los municipios, asesinar a los contendores políticos de quienes habían detentado históricamente el poder en la región, y exterminar a los militantes de la naciente Unión Patriótica.
Élkin de Jesús Martínez, miembro de la UP elegido popularmente como alcalde de Remedios, había sido asesinado en mayo de 1988. Rita Tobón, también de la UP, alcaldesa de Segovia por esa época y quien presenció el ataque paramilitar a su municipio, hoy lleva 25 años exiliada en Europa. Los dos recibían panfletos parecidos a este:
Con otros nombres de amenazados, con sus nombres. Con otros nombres de perpetradores, los mismos poderes.
Fueron asesinados más de 4.000 miembros de la UP, incluyendo dos candidatos presidenciales. Muchos tuvieron que exiliarse, un desarraigo que no se supera. Otros se fueron al monte porque creían que la vía de las armas era la única vía, estaban equivocados. Los demás siguieron haciendo política, desde la legalidad, pero fue imposible; las intimidaciones, las amenazas, los asesinatos y las desapariciones no dejaron de existir. La UP fue exterminada, y en este país, como siempre, pocos lloraron, pocos se levantaron, a nadie le importó y el olvido, raíz de la indiferencia, cada vez fue más profundo.
Hoy, Aida Avella, sobreviviente del exterminio y de un atentado en su contra, es candidata presidencial del partido político por el que fuera concejal de Bogotá hace 17 años. Nuevos grupos, los mismos poderes, quieren asesinarla, como lo hicieron con miles de sus compañeros durante los últimos veinte años, condenando, no solo a ella, sino a Colombia entera a la posibilidad de construir un país verdaderamente democrático, plural, diverso, legal y pacífico.
El eterno retorno de una condena intermitente, pero condena al fin y al cabo.
Este país no soporta un asesinato más. No lo quiere. Está cansado de los que justifican la violencia como mecanismo para enfrentar situaciones que, por su imposibilidad de argumentar y pensar, no son capaces de hacerlo con las palabras.
PD: rechazamos de forma vehemente las amenazas proferidas contra las demás personas que aparecen en el comunicado.
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