Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
Colombia ha hecho grandes esfuerzos por integrarse a las nuevas dinámicas comerciales internacionales, a través de la rápida suscripción de tratados de libre comercio y acuerdos arancelarios que dinamizan el intercambio económico. Pero el Gobierno parece haber omitido que para cumplir con ese propósito se requiere de una infraestructura portuaria adecuada y con altos estándares de seguridad.
En los últimos meses, las noticias sobre los dos puertos de mayor importancia sobre el océano pacífico para el país, han puesto en conocimiento de la opinión pública la grave situación que se vive en las poblaciones de Tumaco y Buenaventura. El primero en evidenciar la grave situación que atraviesa fue el municipio de Tumaco, donde varios actos terroristas atribuidos a la guerrilla de las FARC dejaron a la población sin energía eléctrica por más de 24 días, y la suspensión intermitente del servicio de agua potable, a tal punto que las instituciones municipales y departamentales no pudieron proveer soluciones oportunas y requirieron de una tardía respuesta del gobierno nacional. Pero esas dos situaciones que hicieron mediática la problemática, no son las dificultades de fondo que atraviesa la región: Tumaco tiene una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes cercana a 128, comparado con el promedio nacional que es de 37; tiene una tasa de desempleo cercana al 74%, cuando la tasa nacional ronda el 10%; cerca de 1400 empresas han cerrado operaciones desde 2011 por problemas de seguridad, de acuerdo con las cifras de la cámara de comercio local; no cuenta con sedes universitarias, con coberturas aceptables en salud y ni hablar de los problemas de corrupción institucional.
Al problema de Tumaco en el pacífico, se le sumó la crisis en Buenaventura que se hizo mediática en las últimas semanas. De acuerdo con el informe publicado por Human RightsWatch, el control territorial que alcanzaron las estructuras criminales de “los Urabeños” y “la Empresa”, les permite hoy restringir la circulación de los habitantes, reclutar a niños, niñas y adolescentes que son utilizados para la comisión de delitos, extorsionar al comercio y el transporte, y llevar a cabo actos impunes de violencia contra la población. Durante el último año la cifra de desplazados por la violencia ascendió a 13.000, y la desconfianza de la población de las autoridades impide que sea el Estado el que haga frente a las problemáticas de seguridad, pues los niveles de corrupción en los organismos de seguridad y justicia siguen alimentando el conflicto.
La respuesta del gobierno nacional en los dos casos fue tardía. El escándalo mediático los obligó a tomar medidas urgentes y desesperadas, que no tendrán un verdadero impacto en el mediano y el largo plazo, de acuerdo con las propuestas formuladas hasta el momento. Al país se le olvidó que los puertos sobre el pacífico deben ser un asunto central en todas las políticas de desarrollo económico, situación de la que no se olvidaron las redes de narcotráfico y los actores del crimen organizado para el ejercicio de su actividad. Se requiere de un trabajo planeado y bien coordinado de recuperación de los puertos marítimos, donde la seguridad para la prestación de las actividades comerciales sea uno de los asuntos privilegiados, pues sin ellos no hay desarrollo.
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