Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
Solo bastaron 10 meses desde la expedición de la Ley estatutaria 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia, para que se generara el primer escándalo al interior de las fuerzas del Estado. En este caso presuntos oficiales de inteligencia del Ejército, están envueltos en actividades ilegales de interceptación de llamadas a los negociadores designados por el Gobierno Nacional como interlocutores de las FARC en la mesa de diálogos de la Habana.
Se trata de una situación compleja al interior de las fuerzas militares, pues sin duda la actividad de inteligencia es la que mayor control y cuidado requiere al interior del Ejército, en este caso, y por ello las decisiones de retirar de sus cargos a los oficiales que puedan ser responsables, no deberá tardarse.
Sin embargo lo que realmente preocupa es la ambigua posición del presidente, que el día martes descalificó enérgicamente la presunta prestación de servicios no autorizados de interceptación de llamadas y procedió a la destitución de dos oficiales, luego de que varios medios de comunicación hicieran pública la información de los allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía la semana anterior; pero al día siguiente en declaraciones públicas con el Ministro de Justicia, dio un vuelco a su posición y salió en defensa de las actividades de inteligencia para definirlas como lícitas y necesarias en un Estado en las condiciones de permanente alteración del orden público, como el nuestro.
Diferentes estamentos del Estado ya se han pronunciado. Especial relevancia tiene por ejemplo el llamado de atención de la Corte Constitucional al ejecutivo, para que se asuman las responsabilidades políticas y jurídicas a que haya lugar, recordando que de acuerdo con la definición de la ley estatutaria “la función de inteligencia y contrainteligencia estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. El Congreso de la República por su parte, conformó una comisión que escuchará al ejecutivo en audiencia y que deberá ayudar a establecer las responsabilidades de los jefes de las carteras de defensa y de justicia, así como de los altos mandos militares. Finalmente el mismo Presidente ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos que ya no sabe si calificar de lícitos o ilícitos.
La posición del Presidente genera más dudas que claridades, y por eso la función de los medios de comunicación adquiere una especial relevancia. Celosa es la Constitución de 1991 de la protección de los derechos fundamentales de los colombianos. Celosos debemos ser entonces de la actividad de los organismos de inteligencia del Estado para garantizar el respeto a nuestras libertades, y sin duda los medios de comunicación responsables deben ser la vía para el control. Las sanciones que se impongan deben ser ejemplarizantes para que el mensaje sea verdaderamente contundente, pues la reforma legislativa no fue suficiente para sanear el problema. No sea que por falta de transparencia en las actividades de inteligencia, o por falta de interés nuestro en esclarecer lo ocurrido, se trunquen procesos relevantes para el país, como lo pude ser en este caso el proceso de paz en la Habana.
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