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San Roque: un pueblo reinado por un dictador

El 30 de octubre de 2011 los ‘sanrocanos’, gentilicio con el que se conoce a los habitantes de San Roque, un municipio del Nordeste antioqueño, acudieron a las urnas para elegir a su gobernante, entre dos opciones: Álvaro Alonso Duque Muñoz, del Partido Conservador, y Freddy Osvaldo Rodríguez Henao, del Partido de la U, resultando elegido el primero con 4.622 votos, superando al segundo por 1332 sufragios (1). Podríamos decir que reinó la democracia.

Lo que no esperaban los ‘sanrocanos’ era el suplicio que iban a tener que soportar durante el cuatrienio de Duque Muñoz, apoyado por la casa Suárez Mira, es decir, la senadora Olga Suárez y el representante Germán Blanco. Desde el primer año de gobierno la corrupción comenzaría a ser una escena repetida en la alcaldía de San Roque.

Un municipio reinado por un dictador que comenzó a manejar el presupuesto a sus anchas, a beneficiar a su propia familia, entre ellas a sus tres hermanas, y a mantener alejada a la oposición.

Las faltas disciplinarias por violación a la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), por conflicto de intereses, tráfico de influencias, pasando por la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, son denuncias que, pese a que llevan más de tres años de radicadas en los entes de control como la Procuraduría Provincial de Puerto Berrio, Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de Antioquia, duermen el sueño de los justos. En el curso de esta investigación iré explicando de qué procesos se tratan. Entremos en materia.(Denuncia radicada)

El 12 de enero de 2012, once días después de haberse posesionado como alcalde de San Roque, para el periodo 2012-2015, Álvaro Alonso Duque Muñoz supo para qué era el poder de un gobernante, sino para ayudarle a la familia, como dejó constancia en acto administrativo en el que traslada a su hermana para que esté más cerca de la cabecera municipal y en un tráfico de influencias.

Flor María Duque Muñoz, maestra en la Institución Educativa Palmas, vereda Jardín, fue trasladada por su hermano, el alcalde, a través de un movimiento interno, como consta en el Decreto N° 11 de 2012 (2), para la Institución Educativa Presbítero Abraham Jaramillo, desmejorando a un docente que tiene una discapacidad física. A su hermana Liliana Duque Muñoz la hizo nombrar como funcionaria de la promotora de salud Asmesalud, entidad que maneja el régimen subsidiado de una población importante de San Roque.

Y, como si no fuera poco con ayudar a sus dos hermanas, intercedió por otra más: Mery Duque Muñoz inició labores como manipuladora de alimentos del restaurante de la Normal Superior de San Roque, en donde se ejecuta el contrato de alimentación escolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo cual se configura en recursos públicos. ¡Qué desfachatez cómo un gobernante utiliza el poder para beneficiar a su familia!

Y eso no es todo. En los primeros tres meses de gobierno en que hizo nombrar a sus hermanas también benefició a sus amigos contratistas, contrario a lo que pronunció en el discurso de posesión el 1° de enero. (video: minuto 43)

El 18 de enero de 2012, como si hubiera sido una promesa de campaña o para mostrarse como el alcalde de la educación, Álvaro Duque autorizó la publicación de una convocatoria para la compra de 2500 kits escolares para alumnos de estratos 1 y 2 del Sisbén. El contrato ya estaba arreglado y era para Sergio Andrés Londoño Montoya, como puede verse en la Disponibilidad Presupuestal 0000000018 del 10 de enero (3). En la minuta del Contrato 005-2012 aparece como fecha de inicio el 23 de enero y fue pagado el 25 de febrero. (ver ficha de la Contraloría)

Dicho contrato de suministro de kits escolares tiene vicios de legalidad muy graves, que van desde incumplimiento en el certificado de Antecedentes Fiscales con fecha del 30 de junio de 2011, estando en enero de 2012, pero que en el Informe de Evaluación (4) se dice que cumple con este requisito, habiendo otros seis oferentes. Es decir, al no cumplir con ese requisito el contrato debió ser para el oferente “A su medida empaques y embalajes Ltda”, que seguía con la menor oferta. Lo más particular de todo es que en tres (3) días se eligió al contratista: el 18 de enero de 2012 se convoca, el 19 cierran y el 20 evalúan siete (7) propuestas que llegaron al municipio (5). Razones suficientes para que el alcalde fuera investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales (Art. 410 Código Penal) e interés indebido en la celebración de contratos. (ver denuncia)

Una situación muy parecida ocurrió con el Contrato 027-2012, de mínima cuantía, para el “suministro de alimentación para la Policía y el Ejército”, en el cual solamente corrieron diez (10) horas para convocar a los oferentes y escogerlo. Un récord Guinness por ser el contrato más rápido de la historia de San Roque, como puede verse: fecha apertura (abril 15 de 2012 a las 8:00 a.m.), cierre (abril 15 a las 6:00 p.m.) y evaluación (abril 16). ¿Dónde está la transparencia y la publicidad en la contratación, principios de la Ley 80 de 1993? El contrato fue adjudicado a Luis Ángel Uribe Gil por $4.000.000 de pesos (6).

Los anteriores contratos son apenas los tentáculos del monstruo de la corrupción en San Roque, lo cual se extiende en un carrusel de la contratación con estas perlas: Contrato 027-2012 por valor de $1.983.000 para comprar 70 bultos de cemento y 250 costales, resultando seleccionado Jesús María Ceballos Ceballos, a quien seleccionaron antes de publicar la convocatoria, según Disponibilidad Presupuestal 00000000307 del 4 de abril de 2012. Esta información aparece alterada en la página del SECOP para evitar el avance de la investigación. Otro caso de ilegalidad.

¿Rige en San Roque la ley del oeste? ¿Se aplica la selección objetiva para hacer visitas exprés por parte de la Contraloría General de Antioquia? Una curiosidad es que el alcalde Álvaro Alonso Duque fue apadrinado durante los tres primeros años de gobierno por el diputado Jaime Alonso Cano Martínez, del Partido Conservador, quien antes de irse con el grupo de Itagüí, de Nidia Marcela Osorio y Luis Horacio Gallón, era de la casa Suárez Mira. El diputado Cano Martínez votó por la contralora Luz Elena Arango, cuando Julián Bedoya Pulgarín le hizo campaña para que fuera elegida, razón suficiente para que los funcionarios fiscales ayuden en cualquier favor. ¿Y en la Procuraduría Provincial de Puerto Berrio? Todo muy bien. Se ganan el sueldo sentados.

¿Y cómo va la campaña política en San Roque? Las pruebas hablan por sí solas. La corrupción en la campaña del candidato Walter Darío Londoño, avalado por el Partido de la U, apadrinado por el congresista Juan Felipe Lemus Uribe, sobrino y heredero de Mario Uribe Escobar, exsenador condenado por parapolítica, ha llegado al punto de falsificar encuestas. La relación del candidato Londoño con la alcaldía y con el alcalde Duque Muñoz viene desde que él se desempeñó como Tesorero municipal.

En una falsa encuesta presuntamente realizada por Invamer-Gallup, Cifras & Conceptos, la Misión de Observación Electoral (MOE) y una entidad de las Naciones Unidas (UNDEF) salió ganador Walter Darío Londoño con el 60,6%,Freddy Osvaldo Rodríguez Henao: 31,9%, Blanco: 4,2% y No votaría: 3,3% (7). En esta misma encuesta se pidió falsamente la opinión de los ‘sanrocanos’ para que calificaran la gestión de Álvaro Alonso Duque Muñoz, sacando muy buenos resultados, poniendo una estela de impunidad sobre lo que pasa en San Roque (8). ¿Quiénes orquestaron este fraude de encuesta? Aquí van los nombres: Diego Barrera, precandidato al Concejo y que apoya al aspirante Walter Londoño, sumado al contratista José Orrego y al funcionario Guillermo León Muñoz, quienes repartieron la encuesta. ¿Todo fue orquestado desde la alcaldía? ¡Un acto deshonesto de quienes piensan gobernar a San Roque! (escuchar denuncia)

Se suman a éstas perlas de la corrupción la arbitrariedad en cuanto a la demolición de un colegio para construir el Parque Educativo, yendo en contravía del derecho fundamental a la educación. Con el poder eclesial se ha enfrentado al ocupar parte del atrio parroquial para instalar unas casetas. Y esta sí es la tapa: no cumplió con una acción de desacato proferida por un juez, ante el incumplimiento de un fallo de Acción de Tutela, una falta gravísima. Digno poder de un tirano que desafía a las instituciones. Y a su propio pueblo.

En algunos municipios, donde la mafia política se enquista para corroer como un cáncer el erario público y crear redes de desangre administrativo, la única manera de combatir a los corruptos es con el voto. San Roque está en crisis. Los ‘sanrocanos’ tienen la palabra.

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