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Poniendo la casa en orden

Por: SANTIAGO SILVA JARAMILLO (@santiagosilvaj)

Enilce López, alias “La Gata”, es la hibridación de todos los vicios y degradaciones de la política colombiana, una combinación de desafíos a la institucionalidad, la legalidad y la democracia de nuestro país, una “baronesa” del poder local que combinó durante años, con relativo éxito hasta hace poco tiempo, el poder ilegal armado, la cooptación política del Estado y el establecimiento de redes clientelares, para garantizar su control sobre buena parte del norte del territorio nacional.

El gobierno central colombiano ha pasado décadas subsidiando el poder local en las élites de las regiones. En primer lugar, la perezosa política solo implicaba que las corruptas e ineficaces redes de clientela de la periferia colombiana ostentaban el poder en sus hogares. Pero el sustentado ritmo de cambio de la política en el país ha visto la evolución –degeneración, dirían en lugares serios- de estas expresiones del poder local.

El monstruo, criado en un principio para que no se saliera de las costuras de su región –que gobernaba lo ingobernable y solo eso- se creció más allá del control desinteresado de las élites bogotanas. Pero las reformas que desconcentraron el poder político y administrativo iniciadas en 1986 y profundizadas con la Constitución de 1991, permitieron a los barones políticos locales aspirar a tener mayores recursos, más influencia y un control más profundo de sus regiones.

No solo eso, algunos empezaron a ver las grandes ventajas de diversificar sus empresas electorales y redes clientelares. El narcotráfico y el paramilitarismo fue la perfecta plataforma para ingresar al negocio de lavado de activos, y cuando era necesario, recurrir a la amenaza o ejercicio armado para conseguir los objetivos de cooptación política o de mantenimiento del monopolio económico que soportaba toda la empresa criminal.

En efecto, los últimos veinte años han visto el ascenso de un nuevo fenómeno político en Colombia: las empresas criminales con pretensiones políticas. Sin sesgos de paralizante ideología, como en principio las guerrillas y algunos paramilitares; sin mayores patrones que sus mismos líderes; y con suficiente dinero, influencia y poder armado como para participar en las grandes ligas políticas y hacer elegir ya no solo alcaldes y concejales, sino gobernadores y congresistas.

Alias “La Gata” es uno de los especímenes más representativos de esta nueva especie de la economía política –y criminal- de nuestro país. La actividad ilícita principal de su empresa criminal –el lavado de dineros del narcotráfico- apalancada en su negocio “legal” monopolizado: las apuestas de toda la costa Caribe; la defensa de estos intereses por medio de la política cooptada, sus familiares y asociados en alcaldías, gobernaciones y curules del congreso compradas con plata del negocio; y si era necesario –que lo fue- la utilización del poder armado de los paramilitares para quitar del camino al que pretendiera estorbar.

Sin embargo, el enorme operativo de la Fiscalía General de la semana pasada para desarticular su organización política y criminal, la intervención de su patrimonio y el de sus familiares y testaferros, y la captura de familiares y representantes legales, nos da esperanzas sobre un Estado que se preocupa cada vez más por poner en orden su casa, por intervenir sobre quienes irrespetan las reglas de juego en la periferia.

Y esto es buena notica porque, históricamente, las instituciones centrales colombianas habían dejado ser y hacer a las élites políticas regionales. Un Estado central más entrometido en “controlar” a los jugadores regionales –sobre todo los que se han degradado en la descarada criminalidad- es una buena noticia para el país.

Esperemos, por supuesto, que sea una política clara para el futuro, y no uno de esos esporádicos desatinos que en ocasiones tiene el gobierno colombiano, cuando le da por gobernar bien.

 

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