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Pagando una campaña al Senado

Por: Santiago Silva (@santiagosilvaj)

Un congresista colombiano se gana unas cuarenta veces el salario mínimo mensual vigente del país, esto es, se gana veinte y cinco millones de pesos mensuales más que aproximadamente el 54% de los colombianos que, empleados, reciben un mínimo. La cifra –sobre todo la diferencia- resulta escandalosa, particularmente teniendo en cuenta que en países como Estados Unidos y Reino Unido la diferencia entre el salario de un parlamentario y una persona que se gana el salario mínimo es de 10 y 5 veces, respectivamente, pero también resulta preocupante si vemos lo que a ese congresista colombiano le valió llegar al Congreso.

En efecto, las campañas al Senado de la República en 2014 valieron 3.000 millones de pesos en promedio cada una, de acuerdo a un reciente estudio de la firma encuestadora Cifras & Conceptos. De igual forma, sostiene que la campaña más económica valió 400 millones de pesos y la más costosa, 14.000 millones. En promedio, el 40% de esta financiación fue por medio de lo que los candidatos llaman “recursos propios”.

Esto tiene, por supuesto, dos implicaciones fundaméntales para el sistema político colombiano.

La primera es que al aumentar el costo de participar efectivamente en política, la única manera de que un ciudadano de a pie pueda ser electo a una corporación (el Senado en este caso) es por el apoyo de importantes fuerzas económicas –que le cobrarán con sobrados intereses el dinero de la campaña- o bajo la sombrilla de alguno de los partidos políticos que cuentan con el músculo financiero o electoral para apoyarlo.

Esto implica no solo un tema de acceso a recursos sino, y sobre todo, de exclusión política disimulada. Es decir, que solo los políticos que sean capaces de inscribirse en las “roscas” económicas o política que ansían entrar al Congreso, podrán procurarse los recursos necesarios para representarnos en la rama legislativa.

El segundo efecto de este aumento en los costos de hacer política electoral son los incentivos para la corrupción que crea. Así, si por ejemplo un senador llega a su cargo con un préstamo personal por los 3.000 millones que en promedio, le valdrá hacerse elegir, su salario mensual de unos 25 millones de pesos, es decir, unos 1.000 millones en sus cuatro años en el cargo –por más alto que sea en términos comparativos con el resto de los colombianos- no le alcanzará para pagar lo que le prestaron. Al menos, si se limita solo a cobrar su salario.

La corrupción política, el tráfico de influencias y el nepotismo se valorizan mucho más en el repertorio político de los senadores electos que quieran “salvar” lo que invirtieron otras personas o ellos mismos en la campaña.

Esto no es, necesariamente, un argumento a favor de la financiación completamente pública de las campañas políticas (un escenario en el que la corrupción también podría salirse de las manos) sino más bien, a replantear los esquemas de seguimiento de la financiación de las campañas políticas y sobre todo, del control que ciudadanos y agencias electorales hacen durante la época electoral.

 

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