Por: LAURA GALLEGO (@lauragallegom)
En política unas veces se gana, otras veces se pierde. Frase conocida. Pero cuando se trata del procurador Alejandro Ordoñez y sus excesos, su desmesura, su fanatismo, la irresponsabilidad de sus actos y su lógica perversa entre lo moral y lo práctico, el perder no resulta ser un asunto menor, resulta ser un acontecimiento político que hay que subrayar las veces que sea necesario.
El día de ayer conocimos los argumentos a partir de los cuales el Consejo de Estado tumbó la sanción disciplinaria por 12 años emitida por la Procuraduría General de la Nación en contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Una inhabilidad que suponía suspender su participación en política y con ello cuestionar y enlodar un trabajo serio de ciudad que le había dado continuidad a un nuevo modelo de gestión de lo público, un modelo ciudadano de administración del poder: con principios, coherente, transparente, de cara al ciudadano.
El hecho, además de alegrarle a quienes creemos en la decencia y reconocemos la gestión que como alcalde lidero Salazar, pone de manifiesto un asunto trascendental: el deber sobre el poder hacer. No se nos debe olvidar que el exalcalde denunció durante su mandato la presencia de actores ilegales y alianzas entre estos con candidatos a cargos de elección popular que ponían en riesgo la transparencia y la legalidad en la administración de lo público, en otras palabras, con el fin de asegurar el mantenimiento de la legalidad sobrepuso lo éticamente debido y esperado como primera autoridad democrática de la ciudad, sobre lo jurídicamente permitido. En consecuencia, entonces, el Consejo de Estado llegó no solo para reconocer derechos políticos, también para subrayar una sanción desproporcionada, carente de cualquier lógica no solo administrativa, sino jurídica, reduciéndola a un “llamado de atención”, dejándola en su orden racional: sin sustento.
La coherencia en política es una virtud escasa. La coherencia en política, cómo ha quedado claro en el caso de Alonso Salazar, es un principio que no se negocia, que supera las barreras de un sistema jurídico absurdo que reclama prudencia para enlodar los hechos, que entiende las limitaciones de aquellos que premian el silencio antes que la verdad y la justicia, y espera entonces con paciencia el curso de lo obvio y las palabras responsables con el ciudadano, con las instituciones, con la democracia, con el poder pensado como instrumento para transformar.
Sumado al desgaste que ya ha generado el procurador con el tema Petro, la decisión del Consejo de Estado pone en entredicho y nuevamente trae a la agenda pública las discusiones sobre el papel caprichoso que cumple como funcionario y como particular, y el que los ciudadanos, los medios y el gobierno le hemos permitido cumplir. El gran perdedor de la semana es, sin lugar a duda, el procurador y sus excentricidades, su “inmunidad política”, sus irregularidades, su falta de criterio sobre lo objetivo, lo ético, lo justo, lo legal.
Procurador, aunque quisiéramos encontrar la decisión como un efecto procedimental, propio del que hacer común de lo público, no lo es. La decisión del Consejo de Estado, antes que ser “normal”, es sobre todo justa, JUSTA en mayúsculas. Una palabra que Alejandro Ordóñez, sin “dramatizar”, desconoce.
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