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No hay garantías electorales

Por: MARCO FIDEL AGUDELO CANO (@canocanomarco)

La frase favorita de candidatos presidenciales por estos días. Todos las reclaman, denuncian, exigen y violentan.

Se supone que la normatividad es clara, las instituciones existen y funcionan, hay funcionarios que se la juegan por la transparencia y muchos ciudadanos activos y participantes a través de organizaciones privadas y organismos multilaterales denuncian y vigilan ¿Qué es lo que falla entonces?

¿Serán los candidatos con sus estrategias y recursos para sobrevivir en la arena política y la contienda electoral? ¿Tienen capacidad los partidos para controlar sus candidatos ante sus grotescos y burdos arrebatos? ¿Son los candidatos más importantes que sus partidos? ¿Qué responsabilidad asumen los partidos políticos? Todo indica que la ideología partidista se ha perdido con el pasar del tiempo.

Hoy no se logra diferenciar un uribista de un liberal, un verde de un centro democrático, un petrista de un santista, rotan con una facilidad insospechada. Si se pierde la básica identidad de partido se llega al mercenarismo político, donde cuenta ganar aunque sea ilegal, las bases juveniles de los partidos crecerán como hienas al acecho del oportunismo y, naturalmente, en la ciudadanía se legitiman los trampolines, base fundamental de la corrupción.

Y si en las ideologías no se logran identificar diferencias sustanciales, tampoco en las propuestas, pues además de rehuirlas en los pocos debates, no son claras. Algunas parecidas al oficialismo para intentar ganar favores y votos y otras tan distantes que son descabelladas.

Entonces, ¿En qué escenarios y de qué están hablando los candidatos presidenciales? ¿Dan respuesta a los ciudadanos? Decidieron esperar hasta la última semana de campañas para evitar pensar y condicionar la decisión de los electores.

Y como si fuera poca la ebullición, afirman cuatro de los cinco candidatos que la institucionalidad está volcada a proteger al candidato del oficialismo, que el candidato Santos utiliza la Casa de Nariño en su intensión de sumar votos, que hace uso y mal uso de los entes de control tanto como del ejecutivo, además de las leyes para favorecerse, en detrimento de la institucionalidad y en perjuicio de los demás candidatos.

Aseguran que los instrumentos de denuncia, procedimiento y garantías electorales están coptados, incluso que ciertos territorios han sido escriturados a determinadas campañas impidiendo la libertad de publicidad; entre otras, las chuzadas continuarán, estuvieron y estarán, realizadas el partido de la U y el Centro Democrático, quienes cuentan con la infraestructura necesaria.

En consecuencia, se reclaman garantías desde el oficialismo y transparencia en los resultados electorales. Por su parte el candidato de gobierno afirma que se crea un clima de opinión donde se legitima la idea de que algunos partidos, candidatos y campañas no reconocerán los resultados cuando se sientan perdedores, cuestionando los instrumentos legales y la ausencia de previas garantías, llenando de ilegitimidad el recién escenario presidencial, además de seguir reclamando justicia ante la “mermelada”, las chuzadas y las investigaciones abiertas por ingreso de dineros ilícitos a campaña santista.

No son extraños los ataques de inmaculada decencia y amnesia de nuestros candidatos, siempre actuando en derecho, con transparencia, buena fe. Siempre víctimas cuando son denunciados por primera vez. Si son descubiertos, no recuerdan con precisión. Si de nuevo se les cae el castillo de naipes, alegan no tener garantías institucionales, convirtiéndose en mártires del Estado y, en consecuencia, requieren  indemnización. Entre uno y otro trampolín se pierde el ciudadano, al punto que ni los más avezados periodistas logran seguir la pista de las hábiles maniobras creadas por abogados, lobbistas y publicistas de campaña.

En un país cuya institucionalidad permite y promueve delitos económicos entre quince y veinte mil millones de dólares al año[i], bien vale la pena cabildear por el poder como medio de enriquecimiento lícito financiado por los colombianos.

Entonces, ¿Es garantista la institucionalidad? ¿Los entes de control están cumpliendo su función de acuerdo a la Constitución? Afirman cuatro de los cinco candidatos que no, que unos organismos están en campaña, y otros permanecen mudos ante las múltiples denuncias, restando equilibrio de poderes e igualdad en la disputa por la presidencia. Han fallado en los básicos controles de procesos electorales, en el paso a paso y en la aplicación de justicia,

¿Son garantía las organizaciones de la sociedad civil? Sencillamente son operativamente insuficientes, sin capacidad vinculante y enmudecidas en su rol denunciante. O si no, entonces ¿Qué ha pasado con las denuncias de fraude, trasteo de votos y tantos otros delitos electorales de las elecciones pasadas?

Y la ciudadanía ¿Será garantía? Está por saberse en las elecciones, aunque recurriendo a la historia, todo indica que la gabela y el favorcito propio de las maquinarias le ganarán al voto de opinión como en otrora.

Es muy posible que a Zuluaga su hacker y a Santos su JJ Rendón le otorguen más votos. Ese es el tipo de votante que tenemos aún en Colombia.

No se aspira a una sociedad gobernada por ángeles, pero si a una que proceda de acuerdo a la norma, que anteponga intereses más elevados que los personales. Sería grato pensar que las sucias estrategias espantan a los electores, al parecer no.

Los colombianos merecemos algo mejor que la guerra de pandillas desplegada entre candidatos donde brilla la ausencia de respeto, argumentos y debates.

Solo se pide transparencia y decencia en la búsqueda del poder y en su ejercicio, aunque en sí parezca una contradicción ¿Será mucho pedir?

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[i] Debate con candidato presidencial en Hora 20 Caracol. Mayo 19 de 2014

 

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