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Los poderes desbordados del procurador

EDITORIAL BAJO LA MANGA

Sin duda alguna este mes,  en materia política, no tendrá noticia a nivel interno más sobresaliente que la destitución e inhabilidad que en primera instancia la Procuraduría General de la Nación impuso al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

Puede parecer perogrullo, pero la medida disciplinaria tomada por Alejandro Ordóñez es la primera que toca de manera directa a un alcalde por razones no asociadas a corrupción directa y rampante, lo que explica el boom mediático. Máxime si se trata de la primera autoridad política de la capital del país.

Más allá de eso, esta reflexión pretende centrarse en un aspecto más institucional que coyuntural; aunque los ejemplos coyunturales caerán como anillo al dedo a la tesis que se quiere sostener: la Procuraduría General de la Nación es un órgano que, tal como está diseñado, atenta contra el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público, permite una discrecionalidad enorme a quien la ejerce y desgasta los cimientos democráticos y republicanos del sistema político colombiano.

Si se hace un análisis detallado de la historia de la Procuraduría y las personas que la han dirigido, la primera conclusión evidente es que ella es lo que de ella hacen. Es decir: las prioridades de trabajo e investigación, las maneras y formas investigativas, los criterios disciplinarios y, en general, la filosofía y funcionamiento institucional, dependen de manera amplia de la forma de ser, convicciones y corriente política de la persona que es ungida como procurador.

He ahí la veta a radicalismos políticos de derecha, religiosos e ideológicos que son nefastos para la imagen y el nombre del máximo órgano disciplinario y encargado de velar por el cumplimiento de la constitución y las normas, y que serían igual de perjudiciales si fueran de izquierda. Lo que se debe recordar es que la constitución fue diseñada de una forma que no tuviera partido, ni profesara religión alguna (hasta donde sabemos tampoco es heterosexual) y no está en contra de los derechos a parejas del mismo sexo ni de abrir el espectro legal a decisiones personales.

Por eso es problemático que un funcionario quiera hacer de las normas lo que él esperaría que ellas fueran o, peor aún: que quiera amoldar las instituciones y el ordenamiento jurídico para que queden de la manera más cercana a aquello que él habría hecho si hubiese tenido la posibilidad de crearlas.

La discrecionalidad y poderes ilimitados en cabeza del procurador, del actual pero también de cualquiera que anteriormente o con posterioridad actuaron o actúen teniendo como faro sus particularísimas convicciones personales e intereses, es una daga que como haraquiri va matando lento el diseño constitucional de uno de los guardas del equilibrio normativo. Piénsese, por ejemplo, que las sanciones e inhabilidades por fallas gerenciales graves, como la de Petro, no son línea de actuación ni precedente en la Procuraduría, ni siquiera son habituales, lo que abre margen a cuestionamientos de persecución política no desechables ante muestras claras sobre el comportamiento investigativo politizado del procurador. El color importa a la hora de ser investigado, en especial si eres de un color político lejano a los amores del juez disciplinario.

Además de lo anterior, debe reconocerse que la conformación de funciones de la Procuraduría es errada y merece revisarse en algunos aspectos. El estatuto de normas disciplinarias es confuso y permite también la discrecionalidad ya cuestionada del juez. ¿Cuáles son faltas disciplinarias graves y cuáles no? ¿Cuáles ameritan destitución? ¿Cuáles inhabilidad? ¿Cuáles ambas? ¿Cuáles cárcel? ¿Se persigue la corrupción o la mala gerencia? ¿Se puede destituir e inhabilitar a una persona que obtuvo su cargo del voto popular que se entiende como primer soberano y constituyente primario?

Las instancias de investigación no permiten ejercer un derecho legítimo a la defensa, es risible pensar que la reposición sea ante el mismo Procurador que recién falló y que las altas cortes se pronuncien sobre un fallo emitido por una persona que claramente les es cercano, cuando no padrino, sin mayores impedimentos. He ahí otro ejemplo catastrófico de diseño organizacional no pensado: un procurador puede ser juez, fiscal, contralor, generar un círculo de amistades que lo lleven por varios de los más altos cargos, sin mayores espacios de tiempo, y aún así permitimos reelegirse a un funcionario que tiene tamaño poder político y una amplia nómina de favores a su disposición.

La discusión está abierta y seguramente este boom mediático generará consecuencias a mediano y largo plazo, por el bienestar institucional y la conformación democrática del sistema político, sería deseable que los esfuerzos se concretaran en diseñar instituciones de juzgamiento que en su estructura sean lo más neutrales posibles a personalismos extremos.

 

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