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Los empresarios de la política

Por: LAURA GALLEGO (@lauragallegom)

El escenario de la política, y no menos el de la democracia, no se define exclusivamente bajo la relación gobernantes – gobernados, o en la coyuntura actual candidatos – electores.  Detrás de las relaciones de poder que en este espectro se configuran, se tejen una serie de redes y arreglos que van hilando y redefiniendo la trayectoria de las discusiones político-electorales que los ciudadanos del común a veces apenas logran seguirles el ritmo.

Muchos autores, especialmente de la corriente pluralista de la Ciencia Política, han entendido que el Estado no puede ejercer el poder independientemente de las fuerzas sociales que definen, organizan, negocian, ejecutan y gestionan sus instrumentos. Desde esa perspectiva, la incursión de una serie de actores y grupos de la sociedad, en principio ajenos a los órganos clásicos de gobierno ha permitido que hablemos de un proceso de “desestatalización” del sistema político. Éste, como el lugar en el que se generan consensos y a través del cual se toman las decisiones públicas, ya no está únicamente centrado en los aparatos estatales. Por el contrario, hay un redibujamiento del ejercicio de lo público, la redistribución de funciones y la rearticulación de esas funciones con las capacidades de otros actores privados con capacidad para dirigir y orientar, y en ocasiones determinar, limitar, obstaculizar o controlar las prioridades de ese Estado. Estamos hablando, específicamente, de la existencia de un pequeño grupo de actores detentadores del poder económico que para salvaguardar sus valores e intereses intervienen, desde posiciones privilegiadas y sin mayores restricciones, el orden político.

Un nuevo sistema personalista, de confrontación y polarización política que se ha venido configurando con mayor fuerza en Colombia y que define hoy cualquier escenario de discusión política, ha abierto la redefinición de dichos espacios al ingreso de actores cada vez más determinantes en la definición de las reglas, las posibilidades, las expectativas y la materialización de las mismas en momentos claves como son las elecciones. Los “dueños” de la política en Colombia son en su mayoría representantes del mundo empresarial con amplias redes de poder e influencia no solo en su entorno económico natural, sobre todo en el mediático y en el cultural-social, encargados de limitar el mensaje, las representaciones, el valor simbólico de lo político y sus personajes. Condiciones cada vez menos institucionales y, por tanto, cada vez más débiles e informales respecto del que ha permito que la democracia, esta vez entendida como negocio.

A partir de la financiación hecha en los últimos meses a los candidatos a la presidencia, en especial a Santos y Zuluaga, los principales empresarios del país o en su defecto sus apadrinados, y algunos otros bajo el anonimato de la “persona natural”, ocultan a la vez que promueven intereses de poder jugándose la carta económica con miras a consolidar fines e influencia futura. Los empresarios, como está demostrado, cuentan con un poder decisivo y además continúo que, a diferencia del político, supera las distinciones partidistas, los principios, los tiempos de gobierno y, sobre todo, las lealtades electorales.

A los empresarios no se les pide coherencia, ni se le cuestiona su responsabilidad directa en el tipo de prácticas y mensajes que quieren promover. Donantes tradicionalmente de Santos, son hoy financiadores de Zuluaga trasladando su capacidad de incidencia de un lado a otro sin mayores limitantes. Algunos, además, han financiado o financian dos y tres candidatos a la vez, con ideas contrarias entre sí, con la idea de abarcar y apuntarle a un menor porcentaje de riesgo. Otros, como bien lo describe lasillavacia.com o cuentasclaras.com, con grandes grupos empresariales de respaldo y con gran poder de influencia en la prensa nacional, rompen el mito de la neutralidad y la relación de independencia entre mercado y política haciendo grandes y en ocasiones cuestionables apuestas por opciones políticas. Los dos mayores cacaos del empresariado colombiano, Alejandro Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento, con el control de las principales empresas del país, incluyendo los medios impresos y televisivos de mayor acceso y presencia nacional, han direccionado recursos no solo económicos en la campaña de algunos de los candidatos. Sin duda, apoyos que no son despreciables ni poco contundentes cuando se mide la capacidad y el influjo que puede tener un candidato en particular para ganar.

¿La política un negocio lucrativo? Lo es no solo para los políticos que sacrifican coherencia y principios para “vivir de la política”. También para los empresarios que definen y miden su capacidad de influencia en la realidad política nacional basados en la suma de dinero que pueden aportar y no siempre en el poder para orientar propuestas y debates que le aporten a la construcción una democracia más solida.

 

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