Por: Alejandro Gamboa (@dalejogamboa)
Colombia es un país con profundas desigualdades, de un territorio a otro se nota el desequilibrio en la garantía de derechos básicos como el agua potable, la salud, la vivienda y la educación, evidentemente, el asunto no es solo de territorios, es también entre distintas poblaciones. Es sabido que los índices de desarrollo en municipios con predominio de población afrocolombiana son menores y que por ejemplo en índices como el de pobreza por ingresos hay brechas de más de 5 puntos entre esta población y las poblaciones no étnicas. Así, mientras el 60% de los afrocolombianos se encontraban en pobreza y 24% en indigencia, la cifra para poblaciones no étnicas es de 54% y 18% respectivamente. Algo similar se reproduce con la población indígena y entre las mujeres. Lo cierto es que no es un país para todos y todas y los retos son enormes.
Sin embargo, la desigualdad en esos campos reales, la educación, la salud, la disminución de la pobreza y el acceso a oportunidades específicas para lograr el desarrollo de los talentos individuales es algo que requiere un trabajo arduo y de largo tiempo; algo en lo que, de buena fe, uno espera que los gobiernos se enfoquen de manera responsable y acompañamos su lucha por lograr la materialización de esos derechos. Sin embargo la desigualdad en el marco jurídico, algo de trámite, que solo requiere de una escritura cuidadosa y de dos o tres minutos de votación en el congreso o en algún alto tribunal, es asquerosa, por decir lo menos. Eso sucede es lo que sucede con las personas LGBTI con la falta de tramité de situaciones tan simples como el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria y una ley de identidad de género. Nada que requiera una cantidad ingente de recursos, simples leyes para que los ciudadanos LGBTI vivamos tan normal y corrientemente como cualquier ciudadano heterosexual.
Entonces es claro que la desigualdad no es un proceso natural, y menos cuando hablamos de brechas enormes que están a la vista en el día a día de todo colombiano. Para que la desigualdad se materialice deben existir unas raíces profundas que parten sin duda de entender la diferencia como una excusa para definir el acceso a los derechos, la discriminación se convierte en un patrón de comportamiento que se transfiere de las personas a las instituciones y consolidando la desigualdad desde posiciones de poder.
Ahí estamos todos quienes somos tratados de manera desigual, entre la discriminación y las realidades económicas que han zanjado profundas brechas. Sin embargo, si hacemos un paralelo entre afros, indígenas y mujeres respecto a las personas LGBTI en tres esferas determinantes para la igualdad real: la jurídica, la política y la social encontraremos aun disparidades.
Si partimos de este análisis tenemos claro que en medio de las desigualdades que vemos, para los afros, los indígenas y las mujeres han sido desarrolladas o modificadas leyes que han dado acceso a reconocer por ejemplo el voto, la autonomía territorial y el valor de la herencia étnica y cultural. Así como se ha prohibido la discriminación y penalizado fuertemente el maltrato, entre otras, absolutamente necesarias y válidas. Mientras tanto, para las personas LGBTI sigue habiendo un trato desigual al momento de legalizar las uniones civiles, iniciar un proceso de adopción o hacer legalización del cambio de sexo de las personas Trans.
En el campo político o de las políticas públicas, aunque la desigualdad es profunda, los planes y programas que se intentan acercar a los afros, los indígenas y las mujeres son enormes. La vista está puesta en estas poblaciones y aunque el impacto de las acciones aún no logra cerrar las brechas sociales a la velocidad que se quisiera, se avanza y hay priorizaciones concretas. Para el caso de las personas LGBTI, las ciudades, departamentos y la nación no atienden de manera concreta problemas tan profundos como la discriminación en las escuelas y colegios o la inclusión laboral de personas Trans o la atención a niños y niñas expulsadas de sus hogares o violentados en ellos a causa de no cumplir con los parámetros de heternormatividad, con todo y el impacto que esto tiene en la deserción escolar y las graves consecuencias que acarrea en la vida de un ser humano.
Con todo este panorama no podemos hablar mejor del campo social, aún se debate de manera inadecuada en los medios de comunicación sobre los temas que conciernen a las personas LGBTI. Pocos medios se preocupan en nombrar de manera adecuada los debates y de ampliar la voz a actores de interés. Por ejemplo, en el matrimonio civil la iglesia es un actor irrelevante: ninguna petición de matrimonio pasará por los despachos parroquiales del país, ningún cura tendrá que verse en el altar frente a frente con una pareja de hombres o mujeres dando el sí y, sin embargo, la iglesia católica tiene una voz preponderante en el debate, lo cual me parece injusto, pues además a través de sus intervenciones se refuerzan de manera constante los mensajes que perpetúan un trato desigual a las personas LGBTI.
Lo paradójico de todo este panorama, es que dos políticas destacadas del país como Angélica Lozano y Claudia López, que representan la voz de muchas personas LGBTI, terminen en el banquillo cuando un líder de ese proceso de discriminación hacia las personas LGBTI le da por inventarse una unión entre estas dos mujeres para intentar sacarlas de la dignidad que han ganado en las urnas. Este personaje empeñado en señalar que no somos familia, que no tenemos derecho a casarnos, quiere imponerles el costo jurídico de serlo. La acusación, además de mentirosa, es a todas luces contraria a todos sus discursos anteriores.
Pero el caso no termina ahí, la paradoja se agudiza con los argumentos de defensa usados por la Procuraduría. Ya no sabíamos que era peor, si la vil mentira del acusador o la defensa profundamente discriminatoria de la Procuraduría. Esta institución hecha para garantizar los derechos humanos de los colombianos reiteró que las personas LGBTI no constituyen familia, no tienen reconocimiento legal y por lo tanto no debe reconocerse ninguna inhabilidad.
Tamaña trampa parece una defensa, pero no lo es. Por el contrario es la consolidación de un imaginario que nos tiene sumidos a todas las personas LGBTI en una ciudadanía de segunda, con derechos restringidos en base a prejuicios.
Es lamentable que tras la alegría de ver que ni Claudia ni Angélica han incumplido de forma alguna la ley, y pueden seguir ejerciendo con tesón una labor muy bien calificada en el Congreso, llegue de la mano de un nuevo pisotón para todos y todas quienes nos reconocemos bajo identidades no heternormativas.
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