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La restitución de tierras: un proceso complejo

Por: Isabel Gutiérrez (@IsaGutierrezR. ) y Santiago Tobón (@SantiagoTobon)

A propósito del artículo enviado por el Grupo Argos a El Espectador en respuesta a  la edición dominical del 13 de septiembre de 2015 bajo el título “Los reclamos de tierras a Argos”. Este caso nos recuerda algunas situaciones vividas en el 2011 en el Urabá Antioqueño.

La ley de víctimas y restitución de tierras representa un notable esfuerzo  en materia de garantía de derechos y dignificación de las condiciones de vida de quienes sufrieron daños como consecuencia de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Esta norma se estructura sobre la base de los estándares y principios internacionales que rigen la materia. La ley establece que se consideran beneficiarios del procedimiento de restitución de tierras, aquellas víctimas del despojo y las que hubieren abandonado sus predios forzosamente. La restitución se realiza mediante un proceso judicial expedito, en donde la carga probatoria está en cabeza del presunto despojador; es decir, es el presunto victimario el que debe demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pide a la víctima que compruebe el despojo.

Son muchas las historias de víctimas que narran cómo paramilitares y guerrilleros llegaban a la zonas de despojo, ofrecían un precio irrisorio y los obligaban a salir al día siguiente con las pocas cosas que alcanzaran a recoger, muchos otros huyeron con sus muertos y con el dolor de dejar su vida en el territorio abandonado.Un día un campesino nos decía que la tierra era un como un gran árbol frondoso, con raíces profundas que daban vida a varias decenas de ramas, las cuales a su vez albergaban hojas y flores. Cuando se pierde la tierra, se pierde el arraigo, la pertenencia a un lugar definido, ya no se vuelve a pertenecer a ningún otro lugar. Y las ramas, representan el tejido social, la interacción comunitaria, los hermanos, los amigos, los amores… Con el despojo todo se pierde, todo queda en la memoria, porque en la realidad solo hay tristeza y dolor. Para un campesino, perder la tierra es perderlo todo, su familia, sus amigos, su sustento, su rutina, su territorio.

El Estado tiene una deuda históricacon los campesinos despojados. Todo lo que podamos hacer por ellos es poco para resarcir su dolor. No obstante, son muchos los que se han aprovechado de estas puertas que abre el Estado, son muchos los que se han llamado víctimas de despojo cuando no lo son, son muchos los avivatos que pretenden lucrarse o beneficiarse de un derecho que no les asiste.

En el 2011, en el desarrollo de un trabajo de investigación para la Gobernación de Antioquia, entrevistamos a varios campesinos “víctimas de despojo”. Con ellos sostuvimos largas conversaciones para intentar entender la situación que desencadenó la venta de sus tierras.Al final concluimos que muchos de los reclamantes habían sido motivados por organizaciones sociales que los convencían de que les asistía el derecho. Estos campesinos, sin entender muy bien el proceso, repetían los discursos pronunciados por líderes sociales. La mayoría de ellos decían que se habían visto obligados a vender a un bajo precio por las condiciones de violencia de la zona, y su deseo de salir de ese territorio. En algún momento, nos atrevimos a preguntarles si en el caso en que el comprador les pagara lo que ellos consideraban el precio justo, desistirían de la demanda ante justicia y paz. La mayoría de ellos nos preguntaban que si eso se podía. Nos indicaban que para ellos ese era el mejor desenlace. Pocos querían volver a la tierra de la cual habían salido hace más de 10 años.

En entrevista con los compradores de los predios, muchos expresaban que compraron por el precio de mercado, que si bien era un precio bajo, no constituía lesión enorme y se encontraba dentro del promedio en la región. A su vez, expresaban que se había dado una negociación y que los campesinos se mostraron satisfechos en su momento. Muchos de los compradores, “victimarios”, manifestaron que se habían extrañado mucho cuando fueron requeridos por la justicia, en tanto habían mantenido un diálogo y en muchos casos relación comercial con los reclamantes. En algunos de estos casos la justicia se ha pronunciado, en muchos les ha otorgado el derecho a los campesinos y ha reconocido el despojo. En otros casos, se han iniciado procesos penales en contra de los reclamantes, quienes en ocasiones se han valido de falsos testimonios para reclamar lo que no les pertenece.

Los procesos de restitución son un gran desafío de la justicia, y en tal sentido las conclusiones deben darse en la esfera judicial. Estos procesos no son una bandera de la izquierda, son un derecho que les asiste a los campesinos que han sido despojados de sus tierras. Ahora bien, el éxito de políticas públicas tan ambiciosas y complejas como los procesos de restitución de tierras, depende precisamente de la posibilidad de reparar los daños ocasionados por la falta de protección del Estado hacia poblaciones desfavorecidas. Si por el contrario, lo que facilitan estas políticas son nuevos procesos de daño legitimados por el mismo Estado, las heridas posiblemente sean ahora irreparables. El ambicioso proceso de restitución de tierras representa en sí mismo un delicado examen de la capacidad del Estado de reaccionar frente a problemas sociales complejos. Esperemos que el afán de cumplir metas (por cierto bastante atrasadas), no derive en decisiones irresponsables que vulneren derechos adquiridos legítimamente.

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