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La guerra contra las drogas ilícitas: ¿es posible ganarla?

Por: Isabel Gutiérrez (@IsaGutierrezR) y Santiago Tobón (@SantiagoTobon)

La guerra contras las drogas ilícitas no es nueva. Entre 1909 y 1946, diversas convenciones desarrollaron marcos normativos que limitaban la producción de drogas, en ocasiones restringían su uso a aplicaciones en medicina, y en otras lo prohibían. El foco inicial se concentró en el mercado del opio, incluyendo progresivamente consideraciones relacionadas con coca y marihuana.[1] Posteriormente, uno de los hitos más relevantes lo marcó la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que se consolidó la normatividad internacional y se derogaron gran parte de los acuerdos y convenciones anteriores. Esta convención estableció el sistema actual de fiscalización de drogas y señaló lineamientos de política en aspectos relacionados con el opio, la coca, la marihuana, y las drogas derivadas de estas plantas. Colombia aprobó esta convención mediante de la Ley 13 de 1974. Convenciones posteriores ampliaban el marco normativo, pero podríamos decir que la guerra mundial contra las drogas ilícitas tomó su forma más agresiva a partir de 1961.[2]Nos preguntamos si es posible ganar esta guerra. Creemos que no y les proponemos un argumento.

Antes de entrar en detalles, es preciso identificar por qué decide el mundo declarar la guerra contra las drogas. Entre muchos otros, se destacan tres aspectos. Por una parte, el consumo de drogas conlleva un alto costo en capital humano para una sociedad. Quien consume activamente drogas será menos capaz de aplicar sus conocimientos en actividades productivas, y posiblemente deteriore sus habilidades cognitivas y socioemocionales. Además, el consumo generalizado de drogas trae consigo costos elevados para los sistemas de salud pública, llevándolos potencialmente a problemas estructurales de financiación. Finalmente, quienes consumen drogas se comportan muchas veces de manera irracional y no miden las consecuencias de sus actos. Esto lleva a posibles problemas de seguridad ciudadana.[3]El mundo, representado fundamentalmente en Naciones Unidas, considera que estos costos son muy elevados y decide declarar la guerra.

En el marco de la prohibición, la guerra se ganará cuando las condiciones impuestas por los sistemas mundiales de justicia criminal y las alternativas económicas legales, hagan más atractivo para quienes participan del narcotráfico cambiar de actividad. Esto implicaestablecer costos lo suficientemente altos que contrarresten las rentas elevadas que derivan del tráfico de drogas ilícitas. En la práctica, estos costos toman forma en el sistema de justicia criminal e implican un despliegue de fuerzas mayor por parte de los estados, representado en capacidad de policías, fiscalías, juzgados y cárceles. El problema que observamos, es que los ingresos del narcotráfico son tan elevados que hacen inviables los esfuerzos legítimos de los estados en materializar la guerra. Veámoslo con el caso específico de la cocaína.

La cadena de valor del tráfico de cocaína podría dividirse en cuatro momentos: el cultivo de hoja de coca fresca, la producción de pasta básica de cocaína, la producción de base de cocaína, y finalmente la obtención del clorhidrato de cocaína. Según cifras reportadas por UNODC y el Gobierno de Colombia,[4] el precio promedio de un kilo de hoja de coca fresca en 2014 fue de USD 1,1; el precio promedio de un kilo de pasta básica de cocaína de $983 dólares; el precio promedio de un kilo de base de cocaína de $1.238 dólares; y el precio promedio de un kilo de clorhidrato de cocaína en Colombia de $2.269 dólares. En particular, y para detallar mejor el ejemplo, un kilo de clorhidrato de cocaína puesto en el Pacífico colombiano tuvo en 2014 un precio de $2.199 dólares. Transportar ese kilo de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa conlleva unos costos que no se conocen, y presumiblemente son muy elevados. No obstante, los ingresos esperados dan muestra de la elevada rentabilidad.

Ese mismo kilo de cocaína que se obtuvo en el Pacífico colombiano por $2.199 dólares se vende, en un puerto de Estados Unidos, entre $15 mil y $17 mil dólares; y en un puerto de España, entre $54 mil y $57 mil dólares.[5] En este último caso, el margen es de cerca de $55 mil dólares para cubrir los costos de transporte desde Buenaventura o Tumaco hasta algún puerto español. Además, estamos hablando de un kilo puro de clorhidrato de cocaína, que cuando se rebaja y distribuye por las diversas ciudades de la Unión Europea termina con un precio mucho mayor. Si el cargamento es, por ejemplo, de 5,2 toneladas como el incautado por la Armada Nacional en el Pacífico el pasado 7 de abril, el costo del producto habría sido de un poco más de $11 millones de dólares y el precio de venta de $296 millones de dólares, es decir, los narcotraficantes tienen $285 millones de dólares para cubrir la logística de la operación y repartir sus utilidades. Con la tasa de cambio actual, esta cifra representa $798 mil millones de pesos. Esta cantidad de dinero es cerca del 20% del presupuesto anual de una ciudad como Medellín.

Ahora pensemos de qué dimensión tiene que ser el despliegue operativo de los sistemas mundiales de justicia criminal, de forma que se logre disuadir a los narcotraficantes de realizar esta operación. Para el ejemplo de Colombia, entre 2000 y 2008 el Plan Colombia implicó una inversión promedio anual de $472 millones de dólares por parte del Gobierno de Estados Unidos, y una contrapartida de $812 millones de dólares por año del Gobierno de Colombia. Esto representó en promedio, el 1,1% del PIB anual colombiano y totaliza $11,5 billones de dólares en los nueve años.[6]Con esta inversión, los cultivos de coca en Colombia bajaron de 160 mil a cerca de 80 mil hectáreas.[7] A esta cifra es preciso sumarle los costos asociados a la pérdida material y de capital humano por mantener la guerra. Sobre este último punto, se estima que alrededor del 25% de la tasa de homicidios en Colombia para el período 1994 – 2008 se explica por el auge del narcotráfico en el país.[8]

Nos preguntamos: ¿cuánto hubiera sido necesario invertir para que se eliminaran los cultivos, y por consiguiente el mercado de la cocaína, en su totalidad? Con rendimientos marginales decrecientes, posiblemente la cifra hubiese sido mucho más que el doble. Esto sin considerar las pérdidas de vidas humanas asociadas a la intensificación de la guerra, cuyo costo es mucho mayor al del gasto público directo. Luego, ¿están los estados del mundo preparados para asumir estos costos?, aún más importante, ¿es más eficiente realizar el gasto en la guerra contra las drogas que en políticas de prevención y salud pública? Si la respuesta a la última pregunta es no, y consideramos que los aspectos de salud pública y consumo fueron los que determinaron la declaratoria de guerra, ¿está el mundo actuando de manera racional en la forma como enfrenta la problemática de las drogas ilícitas?, creemos que no. Las cuestiones sobre la legalización nos obligarán a rediseñar los paradigmas de intervención de los estados en mercados complejos, pero estamos convencidos que bajo condiciones adecuadas de control, este camino resultará más efectivo que la decisión más fácil de declarar la guerra. La prohibición es la renuncia de los estados a regular. Creemos que en este contexto, puede resultar más conveniente la regulación que la prohibición.


[1] Se destaca, entre otros: i) la Comisión sobre el Opio de Shanghái de 1909; ii) la Convención Internacional del Opio firmada en La Haya en 1912; iii) la Convención para suprimir el tráfico ilícito de drogas peligrosas de Ginebra de 1936; y iv) el Protocolo de Lake Success en 1946.

[2]Luego de la Convención Única de Estupefacientes, se destacan: i) la Convención de drogas psicotrópicas de 1971 y ii) la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas psicotrópicas de 1988.

[3]Un mayor detalle se puede encontrar en Mejía, D. y Castillo, J.C. (2014) Narcotráfico y violencia. Por una América Latina más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. Corporación Andina de Fomento. Bogotá.

[4]UNODC y Gobierno de Colombia (2015) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2014. Bogotá

[5]Ibid.

[6]Mejía, D. (2010) Políticas antidroga en el Plan Colombia: costos, efectividad y eficiencia. En: Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Gaviria, A., y Mejía D. (compiladores). Universidad de los Andes. Bogotá.

[7]Ibid.

[8]Mejía, D. y Restrepo, P. (2013). Bushes and bullets: Illegalcocainemarkets and violence in Colombia. (Documento CEDE N° 52). Bogotá: Universidad de los Andes.

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