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La crisis sin fin del Inpec

Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)

Empezaron a cobrarse las facturas. Luego de los acuerdos suscritos por el gabinete del presidente Santos durante el pasado mayo en el marco de los paros protagonizados por varios sectores del país, justo cuando se definía la recta final de las campañas presidenciales, ahora empiezan a ser exigencias reales que pondrán a prueba al nuevo gabinete del presidente luego de lograr su reelección. Durante la última semana, varios sectores sociales y económicos han anunciado su intención de volver al paro si el gobierno nacional no cumple con las promesas formuladas en ese momento coyuntural, situación que en este mismo espacio titulé como “La hipoteca de Santos”.

Uno de los casos que mayor preocupación genera es la crisis sin fin del Inpec. Luego de solo ocho meses en el cargo, se anunció la salida de otro director, de quien se dice que se retira en buena medida por las amenazas de paro del personal del instituto, inconforme con el presunto incumplimiento de las promesas formuladas por el Ministerio de Justicia durante las semanas previas a la elección presidencial. A la inestabilidad institucional, se suman ahora otras voces calificadas que exigen acciones urgentes del gobierno para mitigar la situación de sistemática vulneración de derechos humanos al interior de los penales.

El primero fue el pronunciamiento en días pasados del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, quien le ha pedido al gobierno que declare la emergencia social por los altos niveles de hacinamiento, de carencia de servicios públicos y de servicios adecuados de salud para los internos, situación que ha sido denunciada durante años por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos de los presos en Colombia. La posición del defensor del pueblo fue ratificada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, programa regional de apoyo a las defensorías del pueblo en Iberoamérica, que reconoce la precariedad de los sistemas carcelarios en América Latina y las dificultades en materia de garantías de derechos al interior de los penales que aquejan al sistema en Colombia. El tercer pronunciamiento en la última semana fue un llamado de atención de la Organización Mundial contra la Tortura, ONG internacional que afirma que las condiciones actuales del sistema penitenciario se convertirán en un cuello de botella para el proceso de paz si no se toman prontamente correctivos. El Inpec no está en condiciones de responder al reto que puede significar la construcción de un escenario de posconflicto, con infraestructura precaria y servicios insuficientes.

El gobierno sigue teniendo la palabra, pero aún no ofrece respuestas. La creación del Ministerio de Justicia y del Derecho durante el primer gobierno de Santos significaba una apuesta por el fortalecimiento de todas las instituciones con funciones en el sistema de administración de justicia, pero el sistema carcelario no aparece dentro de las prioridades de la agenda. Penas sustitutivas, reformulación de la política criminal, fortalecimiento de la infraestructura carcelaria, saneamiento de los problemas de corrupción institucional y mejoramiento de los servicios sociales para los internos son algunos de los frentes que no se pueden aplazar. La formulación del Plan Nacional de Desarrollo es una nueva oportunidad para plantear soluciones. El gobierno no puede esperar más.

 

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