La delincuencia se nutre de una amalgama de rentas y mercados a la sombra; las dosis de droga que los microtraficantes venden en casas o entregan a domicilio;los productos robados que se pueden conseguir en sombríos –y no tan sombríos locales- en algunas zonas de las ciudades; las películas y música pirata que vendedores ambulantes ofrecen en semáforos o sobre las aceras; los productos de contrabando que sin mucho o con poco misterio se comercializan en sanandresitos.
Muchas de estas economías a la sobra prosperan por la demanda de bienes y servicios ilegales. Es decir, hay casos en los que la renta criminal o ilegal crece porque encuentra en los ciudadanos “de bien” un consumidor presto a comprar celulares robados, música y películas piratas o incluso marihuana en las ollas de vicio, entre otros. De esta forma, el problema ya no es solo las acciones de las organizaciones ilegales, sino un comportamiento extendido y sistemático de los ciudadanos.
Aunque cuantificar los mercados ilegales sea muy problemático, subestimar las rentas que puede generar actividades. De acuerdo al observatorio de mercados negros Havocscoop.org, el mercado de contrabando en Colombia podría valer unos 4,5 billones de dólares y el de películas y software pirata unos 350 millones de dólares.
Ahora bien, por encima de cámaras, motos y gasolina para la fuerza pública o más policías, una parte fundamental de la lucha contra las rentas y los mercados ilegales en Colombia está en cambiar comportamientos de consumo que perviven en los hábitos de los colombianos.
De hecho, la “normalización” de estas conductas presenta un desafío enorme para el Estado y la sociedad en nuestro país. En primer lugar, apoya de manera silenciosa los ingresos de los mismos grupos criminales que asesinan, roban, extorsionan y amenazan a la ciudadanía; supone un comportamiento individualista terriblemente perjudicial para los intereses colectivos. Segundo, es otro efecto de la “anomia boba” que en ocasiones incentiva nuestros comportamientos, porque supone que en muchos casos estamos financiando las mismas personas y armas que generan inseguridad.
El discurso de “corresponsabilidad” en la seguridad que se ha vuelto tan común en gobiernos locales y la Policía colombiana en los últimos años debería girar de la insistencia en el autocuidado –que cae con facilidad en la incorrección política, al sugerir el famoso “no de papaya”- e insistir mejor en apropiación de hábitos de consumo responsable, en el rechazo absoluto a apoyar con nuestro dinero a las organizaciones criminales.
En efecto, pequeñas decisiones diarias pueden echarle leña a un fuego que tratamos desesperadamente de controlar; sería muy importante que desde las nuevas administraciones locales que se estrenan el primero de enero de 2016 se recupere la agenda por la legalidad y se inviertan recursos en promover sus comportamientos.
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