Por: LAURA GALLEGO (@lauragallegom)
Santos logro revertir la tendencia de la primera vuelta manejando de manera estratégica y pragmática los acercamientos con sectores e intermediarios políticos en las regiones, muchos de los cuales, durante 4 años, habían sido subestimados en la agenda política de gobierno. Reconociendo la debilidad del presidente-candidato para llegar a las regiones con un discurso claro y una propuesta al menos electoral coherente, sorprendentemente se las arreglo para comprometer y alinear intereses y coaliciones a su favor y redireccionar el panorama político en las últimas semanas en las que se definía la segunda vuela, aquella en la que en definitiva no era concluyente su favoritísimo.
De resultados sabemos suficiente y ya a hoy hemos logrado echar cuentas de dónde gano y perdió Santos, así como especular qué tuvo que comprometer y con quién debió aliarse para lograr su victoria. El resultado electoral alcanzado no fue una batalla sencilla y seguramente el discurso de la paz, el vuelco a su estrategia comunicacional y su preparación discursiva no fueron elementos suficientes y definitivos para ganar adeptos.
No obstante,lLo cierto del caso es que Santos gano en especial y como consecuencia de sus alianzas en la Costa Caribe. En ocho departamentos del Caribe y en el Urabá Antioqueño, la maquinaria Santista o por lo menos la de la Unidad Nacional se alineo con la Paz y le cumplió su palabra, representando cerca del 26% de su participación electoral y duplicando la votación de la primera vuelta, es decir, estableciendo una diferencia contundente respecto a las expectativas y las posibilidades de Zuluaga.
Ahora, más allá de dichas consideraciones, y pensando en cómo se las arreglará Santos para cumplirle a sus aliados, es necesario señalar que si bien la paz es el punto principal de la agenda presidencial, no es el único factor que deberá tener en cuenta para garantizar su gobernabilidad y consolidar su gestión en sus dos periodos de Gobierno. El rol que jugó la costa Caribe en la trayectoria electoral la sitúa en un lugar privilegiado en términos de intermediación y participación en la agenda programática de este segundo periodo presidencial, sin contar con que además ya había logrado una determinante injerencia en las elecciones parlamentarias de marzo.
Así, resultado del protagonismo de la Costa y la demanda de una agenda especial y paralela a la paz, son dos los temas claves que definirán el futuro del Caribe desde la lógica programática y que, desde mi punto de vista, evaluarán el desempeño y el compromiso de Santos con la región:
De un lado, la consolidación de proyectos de integración regional y con perspectiva territorial al que le viene apostando de forma decidida Colombia, tendrá que tener como principal foco de trabajo el Caribe. El proyecto de Zonas Industriales de Desarrollo Económico y Social -ZIDES, los procesos de Superciudades o los Diamantes Urbanos, en este caso Caribe, que se vienen gestando en el mundo y que han captado el intereses de entidades como Planeación Nacional, Findeter o el mismo Ministerio de Industria y Comercio, deberán pasar de la fase discursiva y de diagnostico, al nivel de los hechos y los resultados. No hay que olvidar que la Costa Caribe es hoy un territorio con un enorme potencial de transformación, zona en la que reside casi el 29% de la población colombiana, genera el 23,1% del PIB nacional, y a través de su territorio se canaliza el 90% de las exportaciones del país, con una economía diversa y consolidada que va desde complejos industriales y portuarios hasta zonas de biodiversidad y recursos ecosistémicos. El reto, en este sentido, supone replantear la mirada política centro-periferia o, en el peor de los casos, Bogotá-provincia y definir políticas de desarrollo integral que le apunten a intervenciones sociales y económicas diferenciadas y coordinadas con los niveles de gobierno regional y local de la Costa Caribe. Para la dupla Santos-Vargas Lleras, un asunto complejo de dimensionar.
De otro, la Costa Caribe, como el proceso de Paz en general, exige acciones urgentes enfocadas en resolver el problema de la propiedad de la tierra y en adelantar una adecuada implementación de la restitución. Como bien lo ha propuesto la Corporación Nuevo Arco Iris en diversos estudios, la vinculación de élites políticas con grupos armados ilegales, economías ilícitas, testaferros y mercados informales alrededor de la tierra ha sido el común denominador en el Caribe colombiano. Necesario es una mayor regulación, la creación de un mercado altamente formal de la tierra y la verificación permanente sobre las transacciones de la propiedad rural y avanzar en programas de promoción del retorno y de instalación de proyectos productivos. Resultados a propósito de la titularidad legal de la propiedad le apuntan incluso a preparar los territorios para el postconflicto y sus nuevas dinámicas de incursión a la sociedad civil y productiva.
Dos temas complejos que le imponen al Gobierno el reto de consolidar políticas diferenciadas en la región Caribe, así como superar la idea de un territorio país, generalmente entendido como una unidad de análisis homogénea o un espacio desierto donde simplemente “ocurren” los fenómenos políticos determinados desde Bogotá. Las elecciones presidenciales demuestran lo contrario y demandan de Santos un estatista intermediador entre los intereses regionales y la consolidación de políticas reales.