Por: LUIS GABRIEL MERINO (@luisgabrielmeri)
El comandante quiere conocerlos, dijo un combatiente imberbe, mientras comprábamos un par de cosas de aseo personal en una tienda del corregimiento La Danta, municipio de Sonsón, en medio del bochorno estático del Magdalena Medio. Era imposible negarse, pues hace once años nadie podía objetar la voluntad de un comandante de frente paramilitar. Además, estábamos en su territorio y si estábamos allí era solamente porque él lo había permitido. “MacGyver” Zuluaga se sentó, justificó su proyecto, habló de carreteras construidas por las autodefensas, habló de paz, habló de como la guerrilla había asesinado a su hermano José Luis Zuluaga a la entrada de San Francisco. La vieja amalgama de la víctima que es victimario. Obviamente omitió las masacres, los desplazamientos, los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas y narró una guerra aséptica que nadie creyó. Se justificó ante cuatro funcionarios de una ONG internacional que habíamos llegado a la zona a darle ayuda humanitaria a 350 víctimas de un desplazamiento forzado masivo que llegaba desde Argelia, desde donde huían del reguero de las balas indiscriminadas.
Muchas cosas han cambiado después de ese encuentro. MacGyver ingresó con un grupo cercano de paramilitares a la cárcel de máxima de seguridad de Itagüí, rebautizada, eufemísticamente, Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz. Ingresó en cumplimiento de lo establecido en la ley 975 del 2005, llamada de Justicia y Paz. Esta, modificada por la ley 1592 de 2012, acordó que, tras cumplir satisfactoriamente una condena alternativa de ocho años, los postulados podían acceder al beneficio de sustitución de medida por haber cumplido con los parámetros de resocialización y reincorporación propuestos en la jurisprudencia y salir a la libertad. Se habla en general sobre paramilitares ya que el proceso recogió en su mayoría a las estructuras de las AUC, pero es importante anotar que la ley 975 incluyó algunos miembros de la guerrillera (como alias “Karina”, ex comandante del frente 47 de las FARC que hacía presencia en el oriente antioqueño).
Los ocho años se cumplen este semestre y Antioquia enfrenta un reto especial, al ser el departamento con mayor número de frentes paramilitares desmovilizados (8), combatientes desmovilizados (9.026), postulados a la ley de Justicia y Paz (736) y el departamento con mayor número de víctimas del conflicto armado (1.300.000 aprox). La mayoría de ex-cabecillas podrían establecerse en Antioquia, especialmente en las subregiones del Valle de Aburrá, Magdalena Medio y Urabá según sus principales influencias históricas, para cumplir una serie de compromisos jurídicos entre las que estaría la obligación de asistir a diferentes audiencias en el departamento.
Con la salida de los postulados a la ley 975 son múltiples las preguntas: ¿cómo cambiaría el panorama de seguridad en el departamento? ¿Qué entidad del Estado brindará seguridad a los postulados? ¿Cómo se informarán claramente los pasos de reintegración a la vida civil de los ex-combatientes? ¿Cómo asegurar garantías de no repetición y evitar nuevas vinculaciones a grupos ilegales vigentes? ¿Cómo emprender acciones de reparación a favor de las víctimas? ¿Qué pensar sobre iniciativas de participación política como la actual propuesta de AUCPAZ de conformar un partido político que incluya excombatientes del paramilitarismo? Y más importante aún, ¿cómo van a compartir un mismo territorio víctimas y victimarios?
Esta es una oportunidad enorme para aprender sobre los resultados de la reintegración, y un importante referente a tener en cuenta para inferir consecuencias de los diálogos en La Habana. La oportunidad de rechazar o aceptar electoralmente el Proceso de Paz ya pasó. Ahora la discusión se debe de plantear desde el plano metodológico y debe pasar al nivel práctico. Por eso es obligatorio mirar con lupa esta reintegración y exigir con argumentos las modificaciones pertinentes al proceso con las FARC, evitando repeticiones y exigiendo verdad, justicia y reparación en todos los casos y para todos los victimarios. Pero más importante aún, es necesario que la población civil defina su posición frente a los procesos de reinserción ya que finalmente seremos los civiles los que viviremos con los ex combatientes.
Espero que, once años después, para los colombianos sea completamente inaceptable que nuestro territorio vuelva a ser tomado por grupos ilegales y se nos vuelva a negar el derecho de caminar por nuestra propia tierra, para que de una vez por todas, a La Danta pueda ir cualquier persona sin tener que pagar el peaje ilegal que alguna vez cobró MacGyver a la entrada del corregimiento