Por. CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
Durante los últimos meses, ha sido reiterativa en medios de comunicación internacionales la discusión sobre la pertinencia de la medición de los resultados económicos de las actividades delictivas asociadas al crimen organizado, dentro del PIB de los Estados. El gobierno de Italia inició la discusión que finalmente alcanzó a los mandantes de la Unión Europea quienes ordenaron a sus estados miembros, la inclusión de estas actividades dentro de la medición interna del PIB.
El narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, la prostitución ilegal y el lavado de activos, entre otras actividades delictivas, generan grandes sumas de dinero que tradicionalmente se han referenciado con estimaciones matemáticas. Esa es la información disponible con la que los estados formulan sus políticas para la lucha contra el crimen organizado y el mejoramiento de la seguridad en sus territorios, pero lo cierto es la aproximación real a las dimensiones de esas actividades ilegales pero económicas al fin, sigue siendo incompleta y por momentos sin correspondencia con la realidad.
Uno de los rasgos característico del crimen organizado es su permanente preocupación por la captación de recursos económicos ilegales, para luego hacer tránsito a través de expresiones como el lavado de activos a actividades y mercados legales. Es tal la estrecha relación que en los países con mayor presencia de redes de crimen organizado, que las estimaciones del producido en economías fuertes del sur de Europa supera el 2% o hasta el 3% de PIB del país, generando incentivos perversos en aquellas economías donde no solo crece esa cifra de participación en el PIB como una muestra de que el mercado ilegal necesita de un mercado legal para generar ganancias, sino que el funcionamiento de los mercados legales y con ello el Estado mismo, empieza a depender de los resultados económicos que genera la comisión de este tipo de delitos.
Esta semana se anunció el interés del gobierno de México por incorporar los resultados económicos de esas actividades ilegales en su medición anual del PIB, pero no es el único país en la región que se ha formulado la pregunta. De hecho Colombia se ha planteado ya en algunos escenarios avanzar en ese sentido, como un paso necesario para la adecuada formulación de política pública para el combate de estos flagelos. Solo a través del conocimiento más profundo de los resultados económicos del crimen organizado, es que se podrán formular acciones eficaces para dificultar el flujo de dinero en las dimensiones denunciadas por Naciones Unidas en el mundo, y solo a través del debilitamiento de sus estructuras económicas criminales, es que se podría derrotar al crimen organizado; esa es su principal motivación y objetivo, y su debilitamiento sería un ataque frontal y eficaz. Pero también a través de su medición el Estado estaría en capacidad de empezar a cerrar espacios no solo a la ilegalidad sino igualmente a la informalidad; recorrer ese camino, implicaría una mayor actividad de vigilancia cualificada del Estado en el funcionamiento mismo de su economía, e intervenir con verdadero impacto las actividades informales que también interesan al crimen organizado como un puente entre la legalidad y la ilegalidad.
Parece pues que el camino adecuado es la medición del crimen organizado y su inclusión en las metodologías de estimación del PIB. Si no se conoce por dentro al crimen organizado, será más complejo combatirlo de forma eficiente.