Por: Luis Gabriel Merino (@luisgabrielmeri)
Es natural que la llegada de Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, a la mesa de negociaciones en la Habana cause el revuelo mediático y el aguacero de opiniones encontradas que presenciamos desde este viernes. Obviamente se trata de un criminal responsable de incontables violaciones a los de la Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al igual que el resto de nefastas figuras de esta caduca guerrilla, los cuales en un Estado ideal deberían de estar presos desde hace décadas. Pero en Colombia desafortunadamente esta clase de antidemócratas no están presos, por la misma incapacidad histórica en capturarlos, judicializarlos y mantenerlos bajo custodia efectiva institucional. Precisamente por este motivo es que se adelanta un proceso de negociación con ellos.
Pero es importante resaltar que estas acciones del gobierno de Juan Manuel Santos obedecen a las propuestas que precisamente votó el pueblo Colombiano en justa contienda democrática. Este proceso fue refrendado y obedece al clamor de 8 millones de Colombianos que votaron positivamente por él y creo que eso es completamente válido. Esas son las condiciones de la democracia. Los que no estamos completamente de acuerdo con la forma en que se está llevando este proceso y quisiéramos un mayor empoderamiento del símbolo de la norma por parte del gobierno y un diálogo con condiciones humanitarias mínimas, nos tocará ver como la justicia se hace literalmente la ciega en ocasiones. En ese extraño híbrido llamado Justicia Transicional, que ojalá no sea un eufemismo más para nombrar una justicia incompleta, por no decir una justicia a medias, nos tocará tragarnos el sapo, aunque este sea grande.
El Loco de Otraparte decía ya en 1936 en su librito “Los Negroides” que “Estará Suramérica durante mucho tiempo (siglos) sometida al desorden, ensayando, en revoluciones”. Desde su hermosa casa en Envigado, Fernando González proféticamente llamó a los años venideros como el Periodo Volcánico. Y en esta Colombia Volcánica e improvisada, además que nos ha tocado tragar ya varios sapos, no es la primera vez que la Justicia voltea primero la cara con la intención de construir una institucionalidad más fuerte a posteriori.
Sólo espero que a este proceso se le dé la mayor celeridad posible y comencemos de lleno a pensar la fase más complicada, el posconflicto, en las que tendrán que estar en primer plano acciones de reparación real a las víctimas, el derecho a la verdad y a la memoria, las garantías de no repetición, y las soluciones políticas efectivas a las causas sociales que nos trajeron a esta barbarie de décadas: la inequidad, la falta de acceso a un sistema de educativo con calidad, garantías para la participación en política, la incapacidad de acceder a la tierra, la exclusión sistemática, por nombrar unas pocas.
Solo espero que en este Estado imperfecto, este Proceso de Paz sea un vehículo efectivo para que se genere un mayor empoderamiento del monopolio institucional por parte del establecimiento democrático y se erradique de una vez por todas el reclutamiento obligatorio de niños, las siembra de minas antipersona, los atentados a la infraestructura, los hostigamientos a la fuerza pública, las tomas armadas a las poblaciones, las regulaciones ilegales a la movilidad, los cultivos ilícitos y las demás afectaciones a los civiles. Y más urgente aún, para que una vez se terminen los 6 puntos propuestos con la firma definitiva, se comience un trabajo serio enfocando la atención sobre el nuevo reto institucional, las Bacrim, quienes comienzan a ser realmente el primer problema de orden público en el territorio nacional y las principales responsables de los factores de inseguridad ciudadana: homicidios, extorsiones, amenazas, utilización de menores en trabajos de sicariato, micro y narcotráfico.
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