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Énfasis paramilitar

Por: Luis Gabriel Merino (@luisgabrielmeri)

Esta semana se conocieron dos nuevas condenas por la masacre de Pueblo Bello, proferidas por el Juzgado Penal del circuito especializado de descongestión de Antioquia, en el marco de las investigaciones de 43 campesinos de este corregimiento en Turbo quienes fueron sacados en camiones de sus viviendas el 14 de enero de 1990, para nunca volver.

Del hecho, que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la omisión y ausencia de acciones efectivas  del Estado, hay varias versiones. La más conocida y aceptada, es que la masacre fue una retaliación de Fidel Castaño por el robo de 43 reses de ganado de su propiedad quienes habrían sido hurtadas por guerrilleros del EPL y repartidas a la comunidad del corregimiento. Hombres de Fidel posteriormente habrían desaparecido del caserío exactamente el número de personas equivalentes a las reses, y habrían sido llevadas a la fincas Las Tangas, en inmediaciones de San Pedro de Urabá y Tierralta, donde fueron asesinados brutalmente.

Lo importante de estas nuevas condenas, que se suman a las más de veinte conferidas por este mismo hecho, es que gracias al esfuerzo loable de académicos, ONG, políticos de izquierda y asociaciones de víctimas, el Estado finalmente ha empezado a admitir su grado de participación en el paramilitarismo, y apenas ahora, después de 24 años, empezamos a comprender el nefasto fenómeno en toda su magnitud. Este esfuerzo académico-judicial-institucional ha dado sus frutos. Como pruebas está el texto brillante de María Teresa Ronderos «Guerras Recicladas», donde se puede evidenciar en un sólo relato la evolución general del fenómeno, los múltiples tomos del Centro de Memoria Histórica, las diferentes condenas, la ley 975 de 2005, los esfuerzos de los fiscales de Justicia y Paz, las reivindicaciones y esfuerzos del Estado en materia de víctimas como lo ejemplifica la ley 1448 del 2011, y acciones de reparación como por ejemplo las emprendidas por la Gobernación de Antioquia en el marco de la Ruta Integral en Pueblo Bello.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el conflicto armado no empezó en el Magdalena Medio en cabeza de Ramón Isaza y Henry Pérez, ni en el Nordeste con las masacres del MRN en Segovia y Remedios, ni en Amalfi con un trío de hermanos vengadores, ni con los “Masetos” vengando el secuestro de Marta Nieves Ochoa. El cuento es más largo y complejo. El énfasis constante en el relato paramilitar, aunque vital, nos deja la historia coja y el rompecabezas incompleto. Es por esto que necesitamos el mismo esfuerzo de la academia, la justicia y la sociedad en desentrañar con la misma profundidad y rigurosidad a los responsables de la masacre de La Chinita en Apartadó donde murieron 35 personas, la voladura del Oleoducto Central en Machuca donde murieron 80 personas y la toma de Granada donde murieron 28 personas, por citar algunos ejemplos.

Para conocer bien un fenómeno es necesario desligarse temporalmente de él y tomar cierta distancia. Es posible que esta sea la razón por la cual no hemos tenido la misma avalancha académica y judicial sobre las acciones de las guerrillas y la pasividad histórica del Estado frente a las mismas, más ahora, cuando tenemos a las guerrillas vivas, activas e influyentes. Para ser justos, necesitamos profundizar en la Farcpolítica y más aún cuando estamos a las puertas de empezar procesos de desmovilización y tenemos el énfasis puesto en la justicia transicional. Si queremos evitar unas Farcrim, el trabajo tiene que hacerse bien desde ya. Las acciones de memoria, el derecho a la reparación y garantías de no repetición no puede ir dirigidas solamente a un solo polo del espectro. De ser así, no habríamos logrado nada después de años de esfuerzo de condena al paramilitarismo.

 

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