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Elecciones y postconflicto en Medellín y Antioquia

La semana que termina entró en la historia del conflicto colombiano por el hecho simbólico que representó el encuentro, que no se daba en décadas, entre un jefe de estado de la República de Colombia y el máximo dirigente de la guerrilla de las FARC-EP.

El hecho simbólico reafirmó los acuerdos parciales que ha tenido la mesa de negociación para la terminación del conflicto armado que sesiona en la Habana, más específicamente lo acordado sobre el marco de justicia que se usará en una eventual desmovilización y dejación de armas.

Pese a la relevancia nacional de este acto, hay implicaciones en el marco de la discusión electoral que se viene desarrollando en Medellín y Antioquia que vale la pena señalar. En el caso departamental existe el riesgo que en Antioquia se de la negativa de desmovilización de ciertos frentes guerrilleros ligados estrechamente a escenarios de economías criminales transnacionales, como los del narcotráfico. Si aceptamos que es probable que los frentes que más rentas obtienen del negocio de la coca y otras rentas ilegales se reusarán a dejar de lados sus actividades delictivas, tenemos que reconocer que el departamento se encuentra, por temas de cultivos y presencia guerrillera, en un estado claro de vulnerabilidad.

Si revisamos la ubicación de Medellín en ese mismo escenario de postconflicto tendremos que decir, contrario a la mirada incauta de muchos, que si bien en la capital de Antioquia pueden no registrarse actos violentos o acciones armadas organizadas de las FARC-EP, no debe dejarse de lado que la ciudad si es un  lugar relacionado a la cadena productiva del narcotráfico, específicamente en lo que tiene que ver al lavado de activos y a las rentas que pueden generarse desde la comercialización en dosis, sin mencionar la presencia de células y contactos urbanos que han sido soporte de la estructura armada y política de las FARC-EP ¿o eran falsas las sindicaciones de presencia de las FARC-EP en las universidades públicas, por ejemplo?

Por estas razones es necesario hacer un llamado a los electores antioqueños para que tengan en cuenta el escenario de postconflicto, que posiblemente empiece en el país a partir del próximo año, a la hora de depositar su papeleta electoral en octubre, en especial porque gran parte de los riesgos del postconflicto en torno a economías criminales tienen a Medellín y a Antioquia en su centro y requerirán gobiernos locales preparados para ese reto. Esto no quiere decir que el próximo alcalde y gobernador tengan que ser los primeros defensores del proceso de negociación en la Habana, pero si tendrán que tener un compromiso irrestricto con las tareas locales que se desprendan de los acuerdos en lo que tiene que ver con programas de desmovilización y reinserción, además de la atención de escenarios de economías criminales que pueden ser cooptados, una vez desmovilizadas las FARC-EP, por bandas criminales existentes o que surjan de fallos de la dejación de armas y reciclaje criminal.

Insisto, Medellín y Antioquia no necesitan un alcalde y un gobernador que defiendan la Habana y al presidente y su equipo de negociación, pero si requieren gobiernos locales que estén insertos en la lógica de gobierno del postconflicto en la que entrará el país. Esto tiene más sentido si consideramos que el sistema de planeación en Colombia da una preeminencia notable al nivel central y a instrumentos que de él emanan, como el Plan Nacional de Desarrollo.

Sería nefasto para el modelo de ciudad consolidado y el proceso que ha arrancado en el escenario departamental, tener como próximos mandatarios a un alcalde y un gobernador que no solo sean opositores a la negociación y el eventual postconflicto, sino que además harán lo posible por atravesarse de manera obtusa en los planteamientos del gobierno nacional, lo que dejará a Medellín y Antioquia aislados del país por un interés de oposición política.

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