Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)
Ya lo ha confirmado el jefe del grupo negociador del gobierno en La Habana, y lo ha vuelto a repetir el presidente durante la última semana: ha comenzado la fase más compleja de negociación con la guerrilla de las FARC, en un momento del proceso en donde los avances superan en creces los alcanzados en cualquier otro proceso de negociación con esa guerrilla, pero en el cual no puede olvidarse la consigna del nada está pactado hasta que todo esté pactado. Se trata de los dos temas más complejos en un conflicto armado de las características del colombiano, donde el cese al fuego bilateral definitivo parecía apenas una utopía diez años atrás, y donde no existe aún acuerdo entre las instituciones del Estado y menos con la guerrilla de las FARC en relación con el modelo de desmovilización de los combatientes y sus redes de apoyo, y mucho menos de cual será finalmente el mecanismo de refrendación de los acuerdos.El panorama no solo se hace difícil de administrar por el reto que representa avanzar en la construcción de acuerdos en la mesa de negociación, sino por la inexistencia de un consenso en relación con el modelo de acuerdo de paz al que le apunta el gobierno nacional. La oposición es necesaria para confrontar y cuestionar al Gobierno nacional en un debate abierto y respetuoso frente a la agenda y propuestas de una y otra parte en la mesa de La Habana, y desde ese punto de vista creo que el debate con altura le aporta al proceso. Pero el procurador se jugó una carta en las últimas horas que confronta de forma directa el posible avance de un acuerdo entre las partes en relación con los temas de sometimiento a la justicia o la adopción de amnistías por los delitos políticos cometidos en el marco del conflicto, e incluso le resta gobernabilidad al país para negociar en la mesa con su contraparte.
El debate sobre la impunidad o la imposición de penas a los desmovilizados de las FARC ha sido quizás el punto de quiebre de las discusiones entre Gobierno y oposición. Pero el permanente llamado del Procurador General de la Nación por impedir acuerdo en relación con la condonación de penas a miembros de la guerrilla de las FARC, abrió una puerta que podría limitar el margen de negociación del gobierno en La Habana y hasta poner en peligro la voluntad de las partes en la negociación de ese punto en particular, luego de que el Procurador formalizara la entrega de información de 2760 casos de presunta desaparición forzada a la Corte Penal Internacional, para que sea ese organismo el que investigue la vinculación de las FARC en la comisión de este delito de lesa humanidad y adelante los juicios internacionales a que haya lugar si se prueba su participación. Todo esto ocurre solo unos días después de la realización un conversatorio en el marco del Hay Festival en Cartagena, donde la Nobel de Paz Jody Williams reconoció la necesidad de encontrar medidas alternativas a la prisión para aquellos guerrilleros que cumplan con el propósito de la desmovilización, y que garanticen el cumplimiento de las exigencias de verdad y reparación de las víctimas. Es imposible llevar a todos los guerrilleros a la cárcel, sin llevar a todos los demás actores estatales y no estatales que sacaron partido del conflicto, y en ese caso, dice ella, no quedaría nadie en Colombia para caminar por las calles.
¿Era necesario abrir la puerta del mecanismo internacional de investigación criminal, sin antes conocer el contenido del acuerdo que se negocia en La Habana? Solo el tiempo nos dará la respuesta. Esperemos que por acciones como estas no tengamos que recordarlo como el procurador de la guerra.
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