Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicó en las últimas semanas el Estudio Mundial sobre el Homicidio, que se ocupa de la revisión de las estadísticas de homicidios dolosos en el mundo. El contexto global de la problemática es realmente complejo: “casi la mitad de los homicidios ocurren en países que concentran poco más de la décima parte de la población mundial; a nivel global, cerca de 95% de los homicidas son hombres, y son hombres también casi ocho de cada 10 víctimas; dos tercios de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o por familiares son mujeres; y la mitad de todas las víctimas de homicidio en el mundo tienen menos de 30 años de edad”, estadísticas que permiten deducir los altos costos sociales que sigue generando el homicidio.
De acuerdo con las cifras y el análisis del informe, el delito de homicidio debe seguir teniendo un lugar privilegiado en las agendas públicas de prevención del delito en Colombia, justo ahora que estamos frente a la formulación de un nuevo plan nacional de desarrollo durante el segundo semestre del año. Ubicado en el continente americano, el país de mayor participación en las cifras de homicidio con un porcentaje global de 36% sobre el total, es Colombia, que sigue presentando unas tasas de homicidio por encima de los demás países de la región e incluso del mundo, con cifras que superan los 30 homicidios por cada cien mil habitantes, frente a la tasa promedio global que es de 6,2. De acuerdo con datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el año 2013 representó un avance importante en la reducción de casos en algunas de las principales ciudades de país, pero el número de municipios que experimentó tasas superiores al promedio nacional es cercano a los 350, dentro de los cuales cabría mencionar con preocupación los casos de ciudades como Cali, Cartago, Tumaco o Palmira que cuentan con tasas de homicidios que duplican el promedio nacional de 32.
La actual política nacional de seguridad y convivencia ciudadana formulada por el gobierno del presidente Santos, prioriza el homicidio como una de las problemáticas a intervenir, con el propósito de llevarla a niveles comparables internacionalmente. Esa reducción no se logró durante su gobierno y ello requiere de análisis profundos, pues los esfuerzos de las instituciones del nivel nacional parecieron concentrarse en combatir otros delitos que parecen menos prioritarios en las agendas de seguridad donde la preocupación de todas las autoridades debe ser la efectiva garantía de los derechos fundamentales.
A todo ello, le faltaría una tercera reflexión en torno a la necesidad de volver nuestra la preocupación sobre el delito de homicidio, y tiene que ver con el comportamiento de los actores víctimas y victimarios del delito, y la caracterización de los patrones de comportamiento en la ocurrencia de los hechos, pues pareciera posible concluir que se trata de un fenómeno de gran impacto urbano que no tendría mayores cambios, en principio, con la eventual firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Esa vía no solucionará el problema de los homicidios en Colombia, en especial en los grandes centros urbanos que aportan la mayoría de los casos, donde las víctimas no son el resultado de las lógicas del conflicto armado.
El reto está intacto. El actual gobierno nacional desvió la atención del tema y resulta urgente retomarlo con especial importancia en las agendas nacionales y locales de seguridad. El informe de Naciones Unidas nos vuelve a dejar mal parados en relación con la dimensión del fenómeno frente a los promedios globales, y no podrá ser un tema que quede por fuera de los primeros reglones prioritarios en materia de seguridad en el próximo plan nacional de desarrollo.
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