Por: Daniel Yepes Naranjo (@yepesnaranjo)
Se le preguntó al campesino qué pensaba sobre la pena de muerte en Colombia. Se limitó a decir: “por mí, que la quiten”
Hace unos meses asistí a un seminario, convocado por la Policía Nacional, en el hotel Dann Carlton de Medellín. El evento fue interesante, un poco soso por momentos, pero valioso para abordar el tema de los sistemas de información para la seguridad y el análisis criminológico.
Se abordaron muchas temáticas por parte de los funcionarios y los académicos invitados. Impresionaban los diagnósticos bien elaborados sobre el crimen que se conjugaban con soluciones poco innovadoras o, en el mejor de los casos, recalentadas.
Sin embargo, lo que más me llamó la atención, y que en parte podría conectarse con lo que les dije anteriormente, fue la frase pronunciada en medio del evento por el general Rodolfo Palomino, que me sacó del letargo en el que estaba: “es mejor que los criminales estén hacinados en la cárcel que libres en las calles”. Pensé que lo que había escuchado era producto de mi somnolencia. No fue así.
Hace una semana, el general Palomino, en el contexto del vil asesinato de los cuatro niños en el Caquetá, propuso al país debatir sobre la pertinencia de la pena de muerte para delitos atroces.
Yo siempre he pensado que la ley sirve para una cosa, que voy a decir los más sencillamente posible: para otorgar igualdad. Ejemplo: si yo cometo un delito, dejo de ser igual a quien no lo comete, pues debo pagar una pena, que me va a privar de unos derechos –la libertad es uno de ellos- para resarcir lo que hice y poder volver a gozar de todos mis derechos, lo que me hace igual a quien goza de los suyos.
Pero, si me matan como forma de castigo. ¿Cómo consigo mi igualdad de nuevo? ¿Acaso castigándome de esa forma no me harían culpable de por vida?
Dirán algunos que el violador o el asesino victimizó de por vida a su víctima, Y podrán tener razón. Pero, vuelvo a preguntar pues creo que no tengo certeza alguna, ¿debe el Estado comportarse como el delincuente que combate? ¿Debe el Estado, por medio de alguno de sus funcionarios, abusar sexualmente del abusador? ¿Debe desaparecer a quien desapareció a otro? Suena ridículo, ¿no?
El Estado, que debe ser quien monopolice el uso de la fuerza debe, también, ser justo, y esa justicia va, principalmente, en su comportamiento ético. No puede el Estado violar derechos para que los individuos que lo componen no violen sus deberes.
La garantía de los derechos a quien viole el pacto social será la verdadera razón de Estado, y dentro de ese pacto, señor general, están la dignidad humana y el derecho a la vida.
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