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Desmovilizados y paz territorial

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Reintegrar a los desmovilizados «rasos» es fundamental; me atrevo a decir que, aunque la firma de los acuerdos depende de los altos mandos de las Farc y el Eln, el mantenimiento de la «paz territorial» depende de los desmovilizados de sus filas que intentan regresar a la «normalidad» en los municipios del país.

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) reúne los programas que buscan devolver a los combatientes desmovilizados colectiva o individualmente a la vida civil. De acuerdo a cifras de esta agencia, en el país hay unos 57.082 desmovilizados, de los cuales 48.095 hacen o han hecho parte de los programas de la ACR entre 2003 y 2015. Esto supone un logro importante, pero al menos unos 15.800 hombres se han quedado por fuera del proceso.

Si la negociación con las Farc en La Habana continúa y llega a una eventual desmovilización de su estructura armada –y si en los próximos meses se une el Eln al esfuerzo por acabar la guerra- el país podría enfrentar el regreso a la civilidad de al menos veinte mil guerrilleros; las lecciones aprendidas de una década de desmovilizados supone un insumo fundamental para asumir los retos que este proceso traerá.

Un punto clave -obvio, pero no por eso menos importante de señalar- es la posibilidad y sostenibilidad de la vida de los desmovilizados en sus lugares de asentamiento. Y para eso hay que ser capaces de integrarlos a la economía y la política local. Lo primero puede ser más difícil que lo segundo, aunque lo segundo pueda ser más peligroso que lo primero.

De hecho, la inclusividad regional es la piedra angular de la desmovilización efectiva y la paz territorial real. Por un lado, porque evita que grupos de desmovilizados desencantados con el proceso constituyan o integren grupos criminales o que utilicen su experiencia y posición para conseguir beneficios por medio de amenazas o violencia.

Por el otro, porque garantiza -en el caso de los desmovilizados de las guerrillas, sobre todo- evitar la frustración de la vida civil y el retorno a la guerra.

Para esto se necesita de compromisos sociales amplios que creen entornos de gobernanza local de la desmovilización. Es decir, alcanzar acuerdos entre sector público, sector privado y comunidad para plantear los mecanismos y programas que asumirán a la población desmovilizada. Esto es una prioridad para municipios de Antioquia en regiones como Magdalena Media y Urabá; de hecho, nuestro departamento concentra la mayor población desmovilizada asociada a programas de la ACR del país.

Se puede hacer mucho por mantener la paz territorial –y mejorar las posibilidades de éxito de los acuerdos que eventualmente se alcanzarán en La Habana- pensando en compromisos sociales para apoyar con oportunidades laborales desde el sector privado, programas sociales desde los gobiernos locales y apoyo social desde las comunidades a los miles de excombatientes que podrían llegar a pueblos y ciudades del país en los próximos meses.

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