Por: Isabel Gutiérrez (@IsaGutierrezR) y Santiago Tobón (@SantiagoTobon)
Esta semana, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Carolina Sabino por haber abortado. Este hecho se presenta en medio de diversos cuestionamientos por la indiscriminada contratación directa de la Fiscalía de Montealegre. Entre estos contratos se encuentran varios entregados a la empresa de Natalia Springer, de los que presuntamente ha habido una marcada inconformidad al interior de la Fiscalía. No obstante, se han hecho los pagos y se han prorrogado y adicionado los contratos. El contexto hace pensar que la acusación contra Carolina Sabino surge como una cortina de humo, una forma vergonzosa de salir al paso a los cuestionamientos por los contratos.
La situación de Carolina Sabino surge de una conversación con su hermana, quien tenía legalmente intervenido su teléfono. La actriz le dijo que tenía pensado abortar. Aparentemente, la Fiscalía recolectó evidencias sobre el hecho, que se materializó días después. Más allá de la discusión ideológica que conlleva la situación del aborto, y de si aplican o no las excepciones consideradas en la jurisprudencia colombiana, consideramos que la situación de la justicia hace cuando menos, inoportuna esta acusación. En particular, dada la cantidad de sindicados que hacen tránsito en el sistema de justicia criminal colombiano, generar de oficio una investigación contra Carolina Sabino da luces sobre la notoria ineficiencia en la asignación de recursos del ente acusador.
A 30 de agosto de 2015, 44.232 sindicados se encontraban privados de su libertad en establecimientos carcelarios. La evolución en el número de sindicados de los últimos 25 años se observa en la figura 1. El crecimiento es evidente, en particular en los últimos años. Entre 2012 y 2015 el número de sindicados ha crecido en promedio el 13% cada año. Iniciar de oficio la acusación a Carolina Sabino no es precisamente una muestra de la urgencia que la Fiscalía otorga a resolver la situación del gran número de sindicados. Creemos que esto debería ser una prioridad por dos razones. Primero, es una cuestión de respeto a los derechos humanos. Esto es así, porque es inaudito que 4.420 sindicados lleven más de tres años sin que su situación se resuelva. ¿Cuántos de ellos serán inocentes? No lo sabemos. Segundo, es preciso que el sistema penitenciario opere, y para ello los culpables tienen que ser condenados. Esto es particularmente importante para quienes son sindicados de crímenes más graves. El 10,5% de los sindicados está procesado por homicidio, el 4,2% por delitos sexuales y el 2,2% por secuestro.
En un país con las tasas de hacinamiento carcelario como el nuestro, donde la capacidad de investigación criminal es bastante limitada, ¿será razonable iniciar un juicio de esta naturaleza?, ¿no será más importante darle un impulso a los procesos de quienes hoy se encuentran sindicados e inundan las cárceles? Señor Fiscal, estamos convencidos que perseguir a Carolina Sabino es caer en lo más bajo, es gritarle a los ciudadanos colombianos que el Estado se ocupa en entrometerse en sus asuntos personales, en sus sufrimientos, en sus decisiones, y que poco se ocupa de aquellos delitos que causan estragos en la sociedad.
Señor Fiscal, le recomendamos darle una leída a la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional en la que se reconoce la salud física y mental como una razón suficiente para dar por terminado un embarazo. Señor Fiscal, no desgaste el aparato estatal de acusación imputando cargos a quien no lo merece. Ocúpese de lo importante.
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