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Crímenes de lesa humanidad son todos

Por: Luis Gabriel Merino (@luisgabrielmeri)

Esta semana se conoció una excelente noticia: el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, abaleado el 2 de noviembre de 1995 en las calles Bogotá, después de dar alguna cátedra en la Sergio Arboleda, fue declarado como crimen de lesa humanidad. La consecuencia directa es que el tiempo para que el magnicidio prescriba se modificaría y ya no prescribiría el próximo año, cuando cumple 20 años de sucedido, lo que aseguraría tiempo extra para que la fiscalía logre identificar los responsables.

La Fiscalía entonces le asignó el caso a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) para adelantar un análisis detallado de la naturaleza del crimen, su contexto en el marco de las duras críticas y oposiciones que mantuvo el  hijo de Laureano Gómez al gobierno de Samper por las supuestas financiaciones del Cartel de Cali a la campaña, y realizar las asociaciones procedentes para identificar a los responsables. En este contexto se han citado a 27 testigos, entre los que está María Isabel Rueda, para elaborar un perfil político detallado de Gómez Hurtado.

Reitero, sin duda que es excelente noticia. Pero si leemos con cuidado la definición de crimen de lesa humanidad, el magnicidio no entra precisamente en dicha categoría determinada por el Estatuto de Roma, pues lesa humanidad se refiere a asesinatos realizados en el marco de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, en una línea de conducta que implique la comisión múltiple de conformidad con la política de un Estado o de una organización, y que afrente, no a un individuo, sino a la especie humana por su especial crueldad. Con todo respeto, no creo que el asesinato de Gómez Hurtado afrente a la humanidad entera más que cualquier otro homicidio político en el país.

Lo que sí celebro completamente es que el magnicidio del tres veces candidato presidencial no prescriba, pues así la sociedad civil podrá realizar más presión contra el ente investigativo para que ahora sí logre encontrar la verdad sobre el hecho. Lo lamentables es que nuestra letárgica rama judicial necesite tiempos extras para hacer lo que tenía que haber hecho desde el comienzo con diligencia (como lo del perfil detallado). Montealegre ahora dice que se entiende ahora el asesinato como una grave violación a los derechos humanos. El magnicidio es una gravísima violación independientemente si la Corte Penal Internacional lo clasifica como de lesa humanidad o no. Vemos entonces como Colombia espera por categorías de la CPI para cumplir lo que la justicia doméstica debería de haber hecho por sí sola, sin ayudas o presiones externas, sin títulos y nuevas categorías.

Decía el escritor portugués José María Eca de Queiros, creador de la historia del Crimen del Padre Amaro,  que «todo crimen es una enfermedad. La acción de los tribunales sobre los delincuentes, aunque no siempre cesa de hecho cesa de derecho en el momento en que termina la curación». En este caso al parecer no tenemos ni hipótesis diagnóstica y los síntomas de impunidad se repiten una y otra vez en epidemia.

En esta lógica, entonces nos va tocar pedir que todos los crímenes en Colombia sean declarados como de lesa humanidad, para que exista el aliciente adicional y se resuelvan miles de homicidios que todavía esperan por respuesta en los empolvados laberintos de la impunidad. El homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, el 16 de Marzo de 2002, por ejemplo, continúa en la penumbra. Hay versiones que incriminan a las Farc (cuyo proceso en su contra se cayó el año pasado), al ELN, políticos de la región y narcotraficantes. Como van las cosas tendremos que esperar hasta el 2021 que la Fiscalía llame a otros 27 testigos para empezar a elaborar un perfil detallado de monseñor, ojalá antes que prescriba.

 

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