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Construir casas no significa construir ciudad

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“Construir casas no significa construir ciudad. El derecho a lo público debe estar por encima del derecho a lo privado, hay que priorizar la inversión del Estado en la calidad de lo público y en el entorno. El reto es poner en consonancia las necesidades habitacionales con políticas públicas  para responder adecuadamente y de manera sostenible en el tiempo”, Juan Ricardo Mejía Botero, arquitecto urbanista.

El tema de soluciones de vivienda hay que entenderlo en múltiples dimensiones: lo físico con el uso de los espacios, los materiales y la calidad en los servicios públicos; el entorno con vías de acceso, espacio público, equipamientos cercanos, medios de trasporte, y la localización dentro de la ciudad integrada; el enfoque ambiental desde sostenibilidad de la construcción, las áreas de riesgo y áreas de protección; la gestión del suelo en el POT, el mercado inmobiliario, y el valor del suelo donde se ubica; el entorno social desde la organización comunitaria, el tejido barrial, y la vivienda como hecho cultural; y la dimensión económica: asequibilidad, financiación, subsidios, crédito, capacidad de ahorro y capacidad de pago de los beneficiarios.

La locomotora de vivienda de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos contempla la construcción de 1.000.000 de viviendas en tres planes: viviendas gratuitas, subsidios y “Mi casa ya” (para clase media). Estas estrategias han contribuido para que la construcción tuviera un crecimiento de más del 9% durante el año pasado y se convirtiera en el sector que más favoreció el buen comportamiento de la economía colombiana.

Un claro ejemplo es el macroproyecto ciudad Bicentenario en Cartagena de 30.000 viviendas, para reubicar allí igual número de familias damnificadas por el invierno y víctimas de la violencia. Para entender la magnitud del proyecto, hay que contextualizar que municipios como Girardota, que tiene 11.891 unidades de vivienda, y Caldas con 18.024 viviendas, suman igual número de soluciones habitacionales que el proyecto cartagenero.

Entre algunas ventajas de las políticas de viviendas masiva están la solución inmediata a la calamidad (afectados ola invernal), la agilización de trámites, instrumentos para abordar grandes proyectos urbanos, la habilitación de nuevos suelos de desarrollo urbano; pero presentan diversos escenarios de desventajas: alterar el ejercicio de planificación municipal al no ser coherente con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), la alteración en la clasificación de suelos y de usos, la posible promoción del desarrollo disperso de las ciudades, el no tener en cuenta las políticas e instrumentos de gestión del suelo de la Ley 388 de 1997, y la no consideración de la autonomía de la autoridad ambiental de las regiones.

Otras desventajas: la falta de suelo habilitado, donde los criterios de escogencia no han sido bajo parámetros de urbanismo o de arquitectura de calidad, porque ha prevalecido “el mayor numero de soluciones posibles”, las limitaciones a la calidad de vida y convivencia, la percepción de inseguridad, y la falta de pertenencia por parte de los habitantes.

Dos proyectos similares que no han resultado existosos pueden servir de ejemplo: el “Minha casa mina vida” en Brasil, donde se presenta baja calidad de diseño urbano, viviendas muy pequeñas aisladas de la zona urbana generando desintegración social, y no contar con oferta de espacio público, equipamientos y vías. En Chile también se ha replicado este modelo, programa conocido en ese país como “Con techo”, en el cual el 65% de los habitantes manifiesta querer irse. Las políticas de cantidad han llevado al fracaso en otros países.

¿Y qué pasará con el empleo, el espacio público y los equipamientos después del millón de nuevas viviendas en Colombia?, hay que estar atentos al inmenso desarrollo que se está construyendo y que además es la gran promesa electoral de Germán Vargas Lleras para las elecciones presidenciales de 2018.

 

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