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Consolidación territorial para la paz

Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)

El gobierno nacional ha anunciado una nueva agenda de paz, en este caso con la guerrilla del ELN. Más allá del momento preelectoral en el cual se hizo el anuncio y las motivaciones políticas que pudiera tener, la noticia debe ser motivo de aliento para el país con miras a la construcción de acuerdos de paz con otros actores que complementen el que se adelanta con la guerrilla de las FARC.

Los meses de terminación del actual gobierno nacional, serán fundamentales de cara al ejercicio de formulación del plan nacional de desarrollo que regirá a partir del primer semestre del año 2015. Crear condiciones de paz, requiere de grandes esfuerzos económicos del Estado, que tiene dos grandes retos por delante: de un lado garantizar la adecuada atención a la población que le apueste a los procesos de regreso a la legalidad, tema al que me he referido en varias ocasiones desde este espacio; y la consolidación de la presencia del Estado en esos territorios donde tradicionalmente han sido otros poderes, en especial los ejercidos a través del uso de la fuerza por estos grupos de guerrillas, los que han ejercido algunas funciones que el Estados colombiano no ha sido capaz de desempeñar.

Una de las principales preocupaciones que debe orientar este tipo de negociaciones con las guerrillas, debe ser la intervención que sobre los territorios que tienen amplia presencia de cultivos ilícitos y que sirven de corredores de movilidad del narcotráfico, se llevaría a cabo al momento de desmovilizar a la población que le apueste a cumplir con el compromiso de los acuerdos de paz. Facilitar la salida de un actor armado de un territorio por la vía del diálogo o de la fuerza, y la posterior desatención de ese territorio por parte del Estado, deja abiertas las puertas para que otros actores ilegales se instalen con facilidad y rápidamente reemplacen al actor desaparecido en la comisión de las actividades al margen de la ley. Desatenderlos sería cometer errores del pasado donde la desmovilización de grupos al margen de la ley no se tradujo en la reducción de la ocurrencia de actividades ilícitas en los territorios afectados por estas problemáticas de seguridad, y donde por el contrario se atomizó la presencia de grupos al margen de la ley que por disputas por el control del territorio aumentaron las violaciones a los derechos humanos de la población civil.

El narcotráfico es una actividad de crimen organizado. La participación de las FARC y el ELN en ese tipo de actividades implica el control de rutas y corredores de movilidad que no se utilizar exclusivamente para el transporte de insumos o productos de la cadena de valor del narcotráfico, sino que se convierten en corredores de tránsito de armas, migrantes ilegales y víctimas de trata de personas entre otras actividades del crimen organizado. Hay que desactivar esos territorios y corredores para generar verdaderos impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores.

No es la primera vez que el Estado colombiano tiene que afrontar este reto, pero si es la primera vez que podría afrontarlo con la suficiencia necesaria y la planeación adecuada de la intervención para impedir que esos corredores sean ocupados por nuevos actores criminales. Un adecuado modelo de consolidación territorial del Estado en los lugares que tradicionalmente han sido escenario del conflicto armado, es el reto de diseño institucional que afrontará el gobierno nacional en la formulación de su plan de desarrollo. Se requiere de una estrategia integral para ocupar e intentar positivamente el territorio, y en ello la variable de lucha contra el crimen organizado debe ser un criterio central para definir estrategias de intervención con impacto.

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