Por: Andrés Preciado (@andrespreciado3)
El alto gobierno, además de la ya constante crispación por los trinos del senador Uribe, tiene que estar muy preocupado con las recientes salidas a medios del General Palomino, director de la Policía Nacional.
Primero, recordando los tiempos en que era el amigo de los colombianos en el camino, se le ocurrió la nada novedosa idea de modificar los horarios laborales para aminorar el perpetuo taco de las calles capitalinas. Y digo nada novedosa porque en general a casi todos los mandatarios recientes de la capital se les ha ocurrido la misma idea sin mayor éxito. Ahora, resulta relevante que ésa intervención mediática surgiera del máximo policía del país.
Luego, el fin de semana anterior y producto del vil asesinato de los menores en Caquetá, puso de nuevo en la palestra la discusión en torno a la pena de muerta y la cadena perpetua como formas de tratamiento a ciertos tipos de crímenes atroces. Tendría que salir a aminorar el revuelo en una intervención posterior en medios señalando que era simplemente para poner el debate y no como un política de gobierno, y que hablaba de la cadena perpetua más que de la pena de muerte.
No obstante la reculada, no es menor lo dicho por el General si se tiene en cuenta que su institución, primordialmente, debe velar por la integridad de los ciudadanos, y no, como pareciera ser la estampa de Palomino, preocuparse por proponer cambios legislativos o constitucionales, máxime si se tiene en cuenta que en relación al ordenamiento jurídico actual, gústele o no al General, está en la obligación de cumplirlo y hacerlo respetar.
Al General se le olvida que lejos del populismo punitivo que propone, los problemas de criminalidad e impunidad en Colombia beben de la ausencia de una amenaza creíble materializada en el hecho que el estado y la institucionalidad reaccionen con vehemencia en la aprehensión y judicialización de delincuentes, una vez transgredida la ley.
Más que aumentar penas, lo que disuade a la delincuencia es la posibilidad de resultar preso por la comisión de un ilícito. El cálculo racional es tan básico como el que hacemos a diario: la posibilidad de cometer un delito se reduce en la medida que el aparato estatal robusto responda a los hechos con rapidez y eficacia.
Antes de pensar en debates de pena de muerte y cadena perpetua reflexionemos como país sobre la necesidad de una justicia real, que actúe y no languidezca, eficiente, un estado que se constituye en amenaza creíble y posible. ¿O en un país con los problemas de investigación criminal que tenemos será serio dejar en manos del paupérrimo sistema de justicia definir cuando el estado tiene permiso para matar?
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