¿Bombardear las bandas criminales?

Hace pocos días en el norte del Chocó, en el marco de la Operación Agamenón, fuerzas del Estado bombardearon un campamento del Clan Úsuga David, mal conocido también como “los urabeños”. Este hecho, que pudiera ser menor en la operatividad del ejército y policía nacional, en realidad reviste toda la trascendencia política y estratégica en la medida que puede inaugurar una nueva forma de comportamiento operativo del Estado, pero además en cuanto a los retos que esto plantea para la etapa de postacuerdos de La Habana.Si nos ponemos en el escenario del día siguiente a la firma y la refrendación de los acuerdos para la terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, tendremos que reconocer que desaparece, en parte porque sigue vigente el ELN, la variable contrainsurgente que sustentó que en Colombia se desdibujara la distinción entre ejército como fuerza de control de fronteras y situaciones internacionales que atentaran contra la seguridad nacional, y policía, como cuerpo de seguridad interno.

Sin el argumento contrainsurgente vigente, el ejército debe reacomodar su estrategia para no perder prelación dentro de las fuerzas del Estado, pues a simple vista en adelante los retos serían más de corte policivo que militar, más de seguridad ciudadana que de seguridad nacional.

Todo parece indicar que ese reacomodo estará en dos frentes: uno internacional con las fuerzas de apoyo de Naciones Unidas y otro nacional en la lucha contra las bandas criminales.

A propósito de ese segundo escenario en importante señalar algunas características de ocupación de territorio y despliegue operativo que implican retos importantes de cara a un tratamiento militar de las bandas criminales. Lo primero que hay que decir es que las bandas, como en años recientes las guerrillas, le huyen a la lucha hombre a hombre o combate frontal con las fuerzas del Estado, de hecho su interés, lejos de confrontar con el Estado, está centrado en servirse de las condiciones que el mismo Estado propicia para hacer más rentables sus entradas de economía ilegal. Las bandas necesitan de un Estado fuerte que dinamice la economía y permita condiciones de vida estables.

Por esto las bandas criminales no son grupos de ocupación y control rural, al contrario, su máximo poder delictivo se concentra en cascos urbanos y zonas rurales cercanas de municipios que tienen potencial o de hecho ya son ciudades intermedias, para el caso de Antioquia es relevante los ejemplos de Bajo Cauca con Caucasia como capital subregional.

Si las bandas no entran en el hombre a hombre y se ubican en zonas de casco urbano o inmediaciones ¿por qué pensar en el bombardeo como forma de combate? Desde mi óptica esta puede ser una medida peligrosa en tanto se trata de lugares que no son utilizados únicamente como resguardo ilegal, como lo eran campamentos guerrilleros, en tal sentido este tipo de acciones solo lograrán llenar de legitimidad, de más porque ya tienen una parte relevante, a un autor ilegal que producto del mismo accionar del Estado se graduará de enemigo nacional.

Lejos de esa estrategia, el Estado tiene que avanzar en entender las rentas que controlan las bandas que son en últimas las que les permiten dominio territorial, son los negocios ilegales, no la tierra, lo que los amarra a x o y lugar. La óptica centralista de las autoridades ha llevado a creer que todo de lo que obtienen rentas es ilegal y directamente manejado por ellos (compraventas, minería, micro tráfico) cuando en realidad lo que ocurre, en muchos casos, es una actividad económica que en el intercambio es gravada de manera ilegal por las bandas (extorsión).

Desarticular las rentas, más que un reto militar que amerite bombardeos, es un reto de inteligencia que requiere fortaleza en la técnica de investigación y mucha pertinencia en el blindaje contra la corrupción.