EDITORIAL BAJO LA MANGA
Hay noticias que por no tener una cifra roja de muertos o por su rutinaria aparición en medios, van perdiendo impacto en la opinión pública, se vuelven parte del paisaje y el impacto que deberían generar en la discusión ciudadana va quedando relegado al cubrimiento de un minuto en un noticiero local, en el mejor de los casos.
El pasado 19 de diciembre, en el Barrio Antioquia de Medellín, un operativo de captura de la SIJIN a un mando medio de la estructura de alias El Ratón, delincuente que según las autoridades se encuentra a la cabeza de los negocios de narcomenudeo en dicha zona de la ciudad, fue frustrado por la reacción violenta de la comunidad ante los efectivos policiales a través de palos y piedras, en lo que comúnmente se conoce como asonada. El encuentro violento impidió la captura, la comunidad logró arrebatar al delincuente de manos de las autoridades, además de provocar heridos que varían, según la versión de los medios entre dos y cuatro, incluido un miembro de la fuerza pública.
El hecho es muy llamativo, justamente porque se da en una zona de Medellín reconocida de antaño por la presencia de actividades delictivas, casi a manera de zona de tolerancia al delito, y porque plantea retos enormes a la Administración Municipal y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El primero de ellos: reconocer que más que “hacer presencia”, lo que necesita el Estado en lo local es “construir Estado”, la afirmación puede parecer redundante pero no se puede obviar que más que falta de presencia física lo que se requiere en zonas como el Barrio Antioquia es la presencia efectiva. Es decir: que el Estado se constituya en la autoridad fundamental y única, demostrando su legitimidad, y no que sea uno más entre los actores que disputan el poder del barrio, como hasta ahora sucede, además perdiendo la pelea.
Construir Estado implica hacer apuestas importantes y olvidar la política cosmética: depurar los cuerpos policiales complacientes y cómplices del delito por mucho tiempo en Barrio Antioquia, no se está generalizando a todos y cada uno de los uniformados, pero claramente hay una anomalía sistemática de algunos miembros de esta dependencia estatal y sus vínculos con ilegales, cuando no directamente como participantes de los negocios que configuran la economía criminal del barrio. La apuesta también debe tener un enfoque de investigación y judicialización vital para recuperar la legitimidad y confianza del Estado en lo local. No obstante es necesario que la imagen que quede en la comunidad no sea la represiva, por tanto la intervención se debe complementar con focalizaciones en educación, salud y bienestar social.
Aunque no toda la tarea está del lado del Estado, cuando en el titular aparece “Asonada en Barrio Antioquia, la comunidad impide una captura”: ¿de qué tipo de comunidad hablamos? Claramente refiriéndonos a la que participó en el acto y evitando la odiosa generalización.
Hay una verdad evidente y es que la esfera ilegal logra mantenerse por su capacidad para construir protoestados, comunidades donde el miedo, la confianza y la legitimidad se imbrican y logran establecer una ley de hierro en torno a las lealtades con los delincuentes, esta es la pelea más grande que el Estado ha perdido en su incapacidad por construir ciudadanía, capital social y actitudes cívicas pro sociales. Pero además es la veta de responsabilidad que le caben en estos hechos a la ciudadanía, teniendo presente que la disputa es justamente por definir el lado del cual está, el del Estado y la legalidad, o el de la delincuencia, sin importar que el delincuente actúe a lo Robin Hood y finja como protector de pobres y desvalidos, su interés es solamente constituir un red de apoyo que lo libre de una captura.
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