Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
Si a alguien le quedaban dudas del carácter innovador del gobierno del presidente Mujica, de Uruguay, para llevar temas tradicionalmente vedados en la agenda pública de América Latina a reales reformas legislativas, esta semana recibió otro golpe de opinión. El país de cono sur, que fue elegido en 2013 por la prestigiosa publicación The Economist como el país del año por su liderazgo, al proponer reformas que abren serias discusiones en el mundo occidental, dentro de las que cabría citar la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo o la legalización del mercado de la marihuana, dio otro paso especial al proponer nuevas restricciones al porte y tenencia de armas de fuego, un asunto que fuera casi natural entre sus habitantes.
El caso uruguayo ha llamado la atención de diversos estudios internacionales, por la importancia cultural que se ha dado a la tenencia de armas como una práctica de defensa y protección personal, y las especiales características del comportamiento de sus ciudadanos en relación con el uso de las armas de fuego, pues las tasas de homicidios sobre las cuales se sigue mantenido históricamente el indicador siguen siendo unas de las más bajas de la región.
De acuerdo con el informe de Small armssurvey de 2007, Uruguay es el país de la región con mayor número de armas legales en manos de civiles, 34 por cada 100 habitantes, una cifra lejana del caso colombiano que se acerca solo a las 6 armas legales por cada 100 habitantes. Aún así, cuenta con una tasa de homicidios que ronda cifras de 9 por cada 100 mil habitantes, quizás la más baja de la región, frente a la cifra de 34 en el caso colombiano. Por eso llama la atención que es un ordenamiento jurídico donde las muertes violentas por arma de fuego no son todavía un asunto de las dimensiones alcanzadas en otros estados de la región como Colombia, Venezuela o Brasil, sea el escenario donde proponga la limitación en el porte de las mismas, y la instauración de una legislación más severa y preventiva para el control de los mercados ilegales de tráfico de armas que operan en la región.
Colombia cuenta con fuertes restricciones al porte y tenencia de armas de fuego por sus condiciones de seguridad y el conflicto armado que atraviesa. Su situación es atípica en la región. Pero la discusión que se plantea de nuevo en Uruguay vuelve a ser un asunto de relevancia internacional por la importancia que debería tener el control del mercado legal de armas como una primera medida para combatir el tráfico ilegal de las mismas. Ya el gobierno norteamericano recibió críticas internacionales frente al pobre control al uso de armas de fuego por parte de particulares en su territorio y las consecuencias que ello pudiera estar generando en los mercados ilegales de armas en la región, pero el tema volvió a quedar congelado. Este caso pudiera ser el primer esfuerzo para poner de nuevo el tema en la agenda internacional y avanzar en la construcción de consensos para la regulación más fuerte a estos mercados.
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