Por: Andrés López (@andresflopez)
Por estos días uno de los temas que más ha generado controversia en Medellín es la aprobación del Acuerdo 300 en el cual se le darían facultades especiales al Alcalde por un periodo de cuatro meses para adecuar la estructura de la administración municipal y sus funciones; la creación de establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del estado, y la modificación de las actuales; y realizar las modificaciones presupuestales necesarias. Todo esto con el fin de convertir la administración de la ciudad en un gran Conglomerado Público, y para darle implementación al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, aprobado mediante el Acuerdo 048 de 2014.
Pero aún no es claro que implica dicha reestructuración administrativa. Leyendo la exposición de motivos del Acuerdo 300 se encuentra uno con cosas muy generales. Sobre el Conglomerado, que parece importante como medio para mejorar las sinergias y la efectividad de las distintas entidades que maneja el municipio, muchas cosas quedan en el aire y su mención en los motivos apenas se advierte. ¿Quién lo conformaría?¿Se crearía una clase de junta o mesa directiva donde tengan representación cada uno de los entes descentralizados?¿Hará parte el sector privado de dicho conglomerado?¿Que otras entidades públicas se crearían?
Sobre el POT la exposición de motivos es más amplia respecto a sus objetivos, pero tampoco dice el cómo. Se habla de la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, de la consolidación de las áreas protegidas y la estructura ecológica principal del municipio, pero no es claro si esto implica la creación de otros entes descentralizados o el fortalecimiento del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD.
Habla de la necesidad de mejorar la competitividad de la ciudad pero no se dice cómo. Se le da al Alcalde la facultad de realizar modificaciones presupuestales, pero no se dice eso que implica. ¿Se quedarían proyectos sin financiación?¿Podrían estar tranquilos los habitantes de que no se quedarían sin recursos para proyectos en sus comunas?¿De dónde saldrían los recursos para financiar lo que resulte finalmente aprobado?¿Se destinarían recursos de inversión para funcionamiento?¿Qué pasaría con los proyectos que están en marcha, se frenarían mientras se hace la reestructuración administrativa y se nombran nuevas personas en los cargos?
El Acuerdo 300 dice también que no se superaran los límites establecidos por la Ley 617 de 2000, que establece que los gastos de funcionamiento no deberán superar el 50% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio, buscando precisamente un buen manejo fiscal y la racionalización de los gastos. Pero a simple vista se podría decir que si la reestructuración administrativa implica creación de nuevos entes descentralizados, eso llevaría a un aumento de los recursos de funcionamiento.
Se habla del fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación, del cual además hacen parte actores como las Juntas Administradoras Locales (JAL) como instancias de planeación, pero ¿Qué se piensa hacer para escucharlos a ellos y a los ciudadanos en general? ¿O qué implica ese fortalecimiento?
En resumen, por el momento hay más dudas que claridades, y lo que aparece en la exposición de motivos del Acuerdo 300 son buenas intenciones que buscan la eficiencia administrativa, pero que no dejan claro cómo se va a hacer, que entidades se van a crear, que otras se van a cambiar o reestructurar, cuantos cargos se van a crear ni cuanto le costaría al municipio realizar todo esto. Es por esto que muchos hablan de que de ser aprobado, el Concejo le estaría dando un cheque en blanco al Alcalde, donde no hay claro nada y se podría hacer cualquier cosa. Por eso el temor también que genera a lo que algunos llaman “el primer paso” para privatizar EPM, a pesar de que la Alcaldía ha sido enfática en negarlo.
Algo tan importante para la ciudad no se debería dejar al azar, ni justificarse en la confianza hacia el Alcalde que algunos concejales han manifestado para apoyar el acuerdo. No se trata de un tema de confianza solamente, se trata de un acto de transparencia el mostrar no solo al Concejo sino también a la ciudadanía y la opinión pública que es lo que se tiene pensado hacer. A estas alturas ni siquiera el Concejo sabe lo que se va a hacer. Sería importante incluso que se explicara si la creación de las vicealcaldías ha servido para el tan citado objetivo de eficiencia administrativa.
Lo que se quiere con el Acuerdo 300 no es algo de baja magnitud, y solo quedan 10 meses de la actual administración. Y resulta más desafortunado todavía que se haga en un año electoral, donde se presta para toda clase de suspicacias.
Resulta igualmente preocupante que mientras se debe discutir un tema tan delicado y de suma importancia para la ciudad, el Concejo de Medellín sea noticia por peleas entre sus corporados en lugar por dar debates de altura en su recinto. En estos días casi se van a los golpes en una noticia vergonzosa que registraron varios medios locales y nacionales. Y es precisamente el Concejo quien deberá crear una Comisión de Concejales designados por la mesa directiva para hacerle seguimiento a todo este proceso.
Por el momento nos corresponde a los ciudadanos pedir más claridad al respecto y la sesión del Concejo de Medellín el próximo martes 24 de febrero es una oportunidad para ello.
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