Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)
En las últimas semanas se ha anunciado la voluntad de algunas instituciones del gobierno y de la justicia por avanzar en el diseño de los términos jurídicos a través de los cuales podría tener lugar una negociación de los miembros de las bandas criminales con la Fiscalía General de la Nación de cara a su desmovilización mediante una política de sometimiento y obtención de beneficios jurídicos. El Fiscal General anunció que en las próximas semanas presentará el proyecto de reforma al código de procedimiento penal para abrir la discusión hacia la construcción de un escenario jurídico favorable a ese propósito, luego de varios acercamientos generados por los mismos actores criminales con diversos estamentos y autoridades. Sin duda, la posibilidad de avanzar en el desmonte de esas estructuras criminales sería el panorama ideal para consolidar un escenario de paz sumado al eventual acuerdo con la guerrilla de las Farc, pero siempre con el mayor de los cuidados posibles para no abrir una brecha que termine por condenar al mismo gobierno al fracaso del proceso.
Hay muchos asuntos que deben resolverse en la estructuración de un mecanismo jurídico de sometimiento a la justicia para miembros de bandas criminales. En primer lugar, acierta el Fiscal al aclarar que la iniciativa no es un escenario de justicia transicional como ocurrirá en la eventual firma de un acuerdo de paz con las Farc, pues resulta imposible a la luz de la estructuración de estas organizaciones criminales su reconocimiento político en el marco del conflicto armado. Sumado a ello, tampoco sería jurídicamente posible avanzar en la definición de indultos o amnistías, que podrían solo tener lugar respecto de la comisión de delitos políticos y no por los delitos comunes que cometen este tipo de organizaciones criminales. Tampoco resulta claro, y deberá ser una preocupación del Fiscal al estructurar el proyecto, si el marco jurídico que se propondrá permitirá el acercamiento con las bandas criminales actualmente censadas por la Policía Nacional, o si se tratará de un instrumento jurídico aplicable en el futuro a cualquier estructura delincuencial vinculada con actividades o redes del crimen organizado, lo que podría convertirse en un incentivo perverso para la comisión de actividades criminales calificadas, y una mayor afectación a la legitimidad del Estado que pondría en evidencia sus dificultades en materia de investigación criminal para alcanzar resultados en el sistema penal e impartir justicia.
Pero el escenario más complejo tiene que ver con el incremento de la impunidad en detrimento de la confianza de las víctimas en la justicia Colombiana. La generación de beneficios jurídicos que hagan atractivo el sometimiento a la justicia de capos y cabecillas de bandas criminales, autores de crímenes de alto impacto y afectación de los derechos de sus víctimas, pondría en jaque los restos de confianza de la población colombiana en el sistema judicial y podría revertirse en dificultades para avanzar en la construcción de un escenario de paz y convivencia en Colombia.
El reto del gobierno nacional está en recuperar la confianza en las instituciones, y en este caso solo podrá consolidarlo si cierra las puertas a la insatisfacción de las víctimas frente al sistema de justicia, estructurando una propuesta sin negociar con impunidad delitos comunes. La construcción de un escenario de paz en Colombia requiere el sometimiento a la justicia de las bandas criminales emergentes, pero también del compromiso de aquellos que desde la legalidad hemos esperado la respuesta efectiva de la justicia y del Estado para la garantía de nuestros derechos. Ahora el Fiscal y el ministro de Justicia tienen la palabra.
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