La expresión “Las cuchas tienen razón” nació de la lucha de las madres buscadoras que, durante décadas, exigieron conocer la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. El título de esta columna surge de una comparación política y de una reflexión sobre la manera en que determinados mensajes terminan convertidos en escenarios de confrontación partidista.

Hecha esta aclaración, considero que hubo tres “cuchos” que nos advirtieron sobre lo que podría significar Gustavo Petro para Colombia. Tres hombres que, desde posiciones y circunstancias diferentes, señalaron riesgos que muchos ciudadanos interpretaron como simples ataques políticos.

El primero fue Alejandro Ordóñez Maldonado. En diciembre de 2013, cuando ejercía como procurador general de la Nación, Ordóñez destituyó e inhabilitó por quince años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras.

Su principal cuestionamiento se concentraba en la improvisación administrativa, las deficiencias de planeación y las decisiones que, a su juicio, habían puesto en riesgo la prestación de un servicio público esencial.

Durante el gobierno de Petro conocimos uno de los mayores escándalos recientes de contratación pública: el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Recursos destinados a atender emergencias y proteger a comunidades vulnerables terminaron en el centro de investigaciones por presuntos direccionamientos contractuales y sobornos a congresistas.

A ello se sumaron las controversias alrededor de Juliana Guerrero, condenada por fraude procesal relacionado con la utilización de títulos académicos falsificados, y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en vinculaciones y contratos relacionados con Gabriela Muñoz y su entorno en la Aeronáutica Civil. Estas últimas responsabilidades deben ser esclarecidas por las autoridades.

No se trata de afirmar que todos los casos sean equivalentes o que exista una condena contra Petro por ellos. Se trata de reconocer que las promesas de transparencia terminaron enfrentadas a una realidad profundamente incómoda.

El segundo fue Álvaro Uribe Vélez, quien desde mucho antes de las elecciones de 2022, advirtió sobre los riesgos económicos del proyecto político de Petro. Cuestionó su visión de la empresa privada, sus propuestas tributarias y la posibilidad de que Colombia se aproximara a modelos económicos que habían fracasado en otros países de la región.

Su advertencia giraba alrededor de una idea sencilla: sin empresas fuertes, inversión y generación de riqueza, ningún Estado puede sostener indefinidamente sus promesas sociales.

Es cierto que Colombia no se convirtió en Venezuela. También es cierto que las cifras oficiales muestran una reducción de la pobreza monetaria y del desempleo durante el periodo presidencial. Desconocer esos resultados sería tan equivocado como pretender que el país terminó económicamente fortalecido.

Porque mientras mejoraban algunos indicadores sociales, las finanzas públicas acumulaban desequilibrios considerables. El déficit fiscal del Gobierno nacional central cerró 2025 en el 6,4 % del producto interno bruto. La sostenibilidad de las finanzas públicas, la confianza de los inversionistas y la capacidad de las empresas para generar empleo formal son asuntos que no pueden resolverse mediante discursos presidenciales.

A mi juicio, el mayor problema económico del gobierno Petro fue haber convertido en adversario político a buena parte del sector empresarial, cuando debió reconocerlo como un aliado indispensable para la generación de riqueza y oportunidades.

Uribe no acertó en todos sus pronósticos, pero su preocupación por la sostenibilidad económica merece una discusión mucho más seria que la que recibió durante la campaña.

Finalmente, el tercero fue Rodolfo Hernández. El ingeniero santandereano construyó buena parte de su discurso alrededor de una revolución ética: combatir la corrupción, enfrentar a los politiqueros y devolverle a los ciudadanos la confianza en las instituciones.

Durante la campaña de 2022 advirtió que Petro no representaba necesariamente una ruptura con las prácticas tradicionales de la política, sino que estaba rodeado de dirigentes que llevaban décadas participando en ellas.

Su preocupación era que el supuesto cambio terminara administrado por los mismos sectores políticos que decía combatir.

Y aquí aparece una de las mayores contradicciones del gobierno Petro. Un proyecto político que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción terminó enfrentando investigaciones que involucraron a funcionarios de alto nivel, presuntas negociaciones de contratos por apoyos legislativos y cuestionamientos sobre el uso del poder público para favorecer intereses particulares.

Pero existe un asunto adicional que considero especialmente grave. En los últimos meses se han conocido denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores personales relacionados con la vida privada del expresidente. Son señalamientos que deben investigarse y que no pueden tratarse como hechos judicialmente demostrados.

A mí no me interesan los fetiches, las preferencias ni la intimidad de Gustavo Petro. Su vida privada, mientras no comprometa derechos de terceros ni recursos del Estado, es exclusivamente suya.

Lo que sí me interesa, y debería interesarnos a todos, es determinar si hubo recursos públicos, nombramientos o contratos utilizados para satisfacer intereses personales. Porque cuando se utiliza el poder del Estado para favorecer intereses privados, deja de tratarse de una discusión sobre moral íntima y se convierte en un asunto de responsabilidad pública.

En conclusión: Los cuchos tenían razón.

El gobierno de Gustavo Petro dejó a Colombia enfrentada a graves desafíos económicos, políticos, sociales, pensionales, de salud y de seguridad. Pero, desde mi perspectiva, la peor herencia de aquellos cuatro años no es exclusivamente económica ni institucional. Es la crisis moral.

Porque los problemas de las finanzas públicas pueden corregirse con decisiones responsables. Las instituciones pueden reformarse, los sistemas de salud pueden reorganizarse y las políticas de seguridad pueden fortalecerse. Lo verdaderamente difícil es reconstruir los principios de una sociedad que comienza a perder la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

Cuando desde el poder se relativizan las conductas cuestionables, se justifican los abusos de los aliados y se mide la gravedad de un hecho según la afinidad política de quien lo comete, se envía un mensaje profundamente peligroso a la ciudadanía.

Cuando se presenta al delincuente como víctima permanente de las circunstancias, mientras el ciudadano que trabaja honestamente siente que sus esfuerzos no son reconocidos, se distorsiona el valor de la responsabilidad individual.

Y cuando se confunde la necesaria solidaridad del Estado con la idea de que todo beneficio debe recibirse sin responsabilidades ni compromisos, se termina debilitando la cultura del esfuerzo, del mérito y del trabajo.

No estoy afirmando que los problemas morales de Colombia hayan nacido con Petro. Lo que considero especialmente grave es que un gobierno que prometió transformar esas prácticas haya terminado reproduciendo algunas de las conductas que decía combatir.

Colombia necesita recuperar sus finanzas, fortalecer sus instituciones, restablecer la seguridad y garantizar que los recursos públicos se utilicen para mejorar la vida de los ciudadanos.

Pero, sobre todo, necesita recuperar una convicción elemental: debemos volver a diferencias entre lo correcto, lo legal, lo incorrecto y lo ilegal.

Quizá el verdadero problema no fue que los “cuchos” hablaran demasiado, sino que buena parte del país decidimos no escucharlos. Y hoy, cuando intentamos reconstruir lo que quedó después de cuatro años de gobierno, debemos recordar que una nación puede sobrevivir a una crisis económica o política. Pero no se puede acostumbrar a vivir sin principios.

@castroopina Avatar

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