Los resultados de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos dejan una reflexión importante para la política exterior colombiana. El Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, con victorias en territorios que, hasta hace dos años, habían respaldado a Donald Trump. Si bien estas elecciones no determinan quién ocupará la Casa Blanca en 2029, demuestran la rapidez con la que pueden alterarse los equilibrios políticos. Para Colombia, cuya relación con Washington es central en su proyección internacional, estos acontecimientos deberían motivar un análisis sobre la manera en que construimos nuestras alianzas y, en especial, sobre su capacidad de perdurar cuando cambian los gobiernos.

Un episodio reciente ilustra las dificultades que pueden surgir cuando las relaciones diplomáticas se vinculan demasiado a las disputas partidistas. En octubre, el presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente su apoyo a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar. Gregory Meeks, principal representante demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, advirtió sobre las posibles consecuencias de una intervención de este tipo para el respaldo bipartidista que por tradición ha sostenido la relación bilateral. La secuencia evidencia los riesgos de trasladar afinidades políticas personales al terreno de las relaciones entre Estados.

El problema no es nuevo ni exclusivo de esta administración. Durante el gobierno de Gustavo Petro cuestioné en diversas ocasiones una política exterior condicionada en exceso por las posiciones ideológicas y personales del presidente. Los enfrentamientos con Estados Unidos y ciertas decisiones adoptadas con escasa prudencia diplomática pusieron de manifiesto las dificultades de una gestión que, en mi opinión, careció de una orientación estratégica definida. Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno era previsible un cambio en esta materia, dado su interés en recuperar y fortalecer relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos. Este nuevo contexto presenta oportunidades que conviene aprovechar con una visión de largo plazo, complementando los acercamientos diplomáticos con análisis prospectivos, criterios técnicos y una interlocución amplia con los diversos actores políticos e institucionales de los países socios.

Nadie discute que cada gobierno tenga la facultad constitucional de dirigir la política exterior y establecer prioridades acordes con su programa, lo que incluye revisar decisiones anteriores y promover nuevas alianzas. Sin embargo, es importante recordar que los compromisos internacionales, las relaciones comerciales y los mecanismos de cooperación suelen durar mucho más que los periodos presidenciales. Una política exterior sujeta a modificaciones profundas cada cuatro años puede generar incertidumbre entre los socios internacionales y afectar las apuestas de largo alcance que requieren estabilidad para desarrollarse. La cercanía política entre dos gobiernos puede facilitar acuerdos, pero su conveniencia debe valorarse en función de objetivos que tengan sentido para el desarrollo del país y que puedan sostenerse ante diferentes escenarios. De ahí la importancia de pensar en clave de una diplomacia de largo aliento.

Construirla exige, ante todo, un análisis riguroso de política exterior. Es preciso identificar los intereses nacionales que se busca proteger, examinar las capacidades estatales, comprender el entorno geopolítico y valorar las posibles consecuencias de las alternativas disponibles. También importa determinar qué actores intervienen en la formulación de las decisiones y cómo se evalúan después sus resultados. Esta perspectiva permite reconocer las oportunidades que ofrecen ciertas alianzas y examinar sus implicaciones para otras relaciones internacionales.

El caso de Estados Unidos permite verlo con claridad. Tras un periodo de tensiones diplomáticas durante la administración anterior, el actual gobierno colombiano ha buscado restablecer una relación cercana con Donald Trump y su equipo. Este acercamiento puede generar oportunidades en materia de seguridad, cooperación económica, inversión y lucha contra el crimen organizado. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, y mantener una relación sólida con Washington es una prioridad estratégica que requiere continuidad. Por eso mismo, conviene considerar los riesgos asociados a una identificación excesiva con una orientación partidista específica. La relación histórica entre Colombia y Estados Unidos ha contado con el respaldo de administraciones tanto republicanas como demócratas, y preservar ese carácter bipartidista es esencial para su estabilidad.

Lo ocurrido el pasado 3 de noviembre le da a esa advertencia un sentido muy concreto. El nuevo equilibrio legislativo influirá en las discusiones sobre asistencia internacional, presupuestos de cooperación y decisiones vinculadas a la seguridad hemisférica. Aunque la administración Trump mantiene competencias clave en política exterior, deberá interactuar con un Congreso bajo control demócrata. Este contexto representa una oportunidad para que la diplomacia colombiana amplíe sus canales de diálogo con las nuevas mayorías legislativas. La cercanía con la Casa Blanca puede ser ventajosa en el corto plazo, pero una interlocución sólida con ambas fuerzas políticas proporcionaría mejores condiciones para salvaguardar los intereses colombianos ante futuros cambios.

Aquí aparece una pregunta que considero fundamental: ¿qué sucedería si las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos devolvieran a los demócratas a la Casa Blanca? ¿Mantendrían vigencia las decisiones actuales en política exterior? La misma pregunta debe plantearse ante otros escenarios, como posibles cambios en las prioridades de una futura administración republicana. Ante estas posibilidades, el análisis prospectivo permite examinar futuros alternativos, identificar riesgos y evaluar la pertinencia de las decisiones adoptadas bajo condiciones distintas.

La OCDE ha destacado la importancia de desarrollar dichas capacidades prospectivas en las administraciones públicas, sobre todo ante transformaciones que pueden modificar en poco tiempo el entorno económico, tecnológico y político. En el ámbito de las relaciones exteriores, el análisis prospectivo debe contribuir a comprender la evolución de los principales centros de poder y las consecuencias de ciertos cambios sobre los compromisos asumidos por Colombia. También conviene reconocer que las diferencias partidistas no siempre se traducen en orientaciones internacionales del todo opuestas. La competencia estratégica con China, por ejemplo, ha mostrado elementos de continuidad entre administraciones republicanas y demócratas, aunque existan diferencias en los instrumentos y las prioridades. Una diplomacia informada debe identificar esas coincidencias y distinguir entre intereses estructurales y decisiones coyunturales.

Esa distinción no solo importa frente a Washington. Colombia necesita diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer sus capacidades institucionales para enfrentar un entorno internacional cada vez más incierto. Esta necesidad es aún más urgente en un país cuya estructura productiva depende en gran medida de ciertos mercados y sectores económicos. Ampliar las oportunidades de inversión, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y fortalecer la cooperación científica y académica exige relaciones estables y previsibles.

Por ejemplo, en los países vecinos, esa lógica es todavía más evidente. Más allá de las discrepancias que podamos tener con sus gobiernos, compartimos fronteras, ecosistemas, dinámicas migratorias, mercados y desafíos de seguridad que requieren mecanismos permanentes de cooperación. La geografía impone condiciones que los cambios políticos no pueden alterar, y las comunidades fronterizas dependen de que esos canales permanezcan abiertos incluso en contextos de profundas diferencias políticas.

Todo esto exige fortalecer el papel institucional de la Cancillería y las capacidades de análisis que sustentan las decisiones internacionales. La experiencia acumulada por el servicio exterior, el conocimiento especializado de las misiones diplomáticas y la articulación con universidades, centros de investigación y sectores productivos deben contribuir de manera sistemática a la definición de las prioridades nacionales. También es necesario consolidar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan identificar los resultados de los acuerdos, anticipar dificultades y valorar los costos de modificar compromisos ya adquiridos.

Lo que está en juego, al final, es la credibilidad del país. Las relaciones que se deterioran durante una administración deben reconstruirse en la siguiente, mientras acuerdos y proyectos quedan sujetos a revisiones cuyos costos pueden prolongarse durante años. Esa credibilidad se construye con continuidad y coherencia: los socios extranjeros deben percibir en Colombia un interlocutor capaz de cumplir compromisos y demostrar un accionar estable a pesar de sus cambios políticos internos, y esa percepción se afianza cuando las decisiones responden a prioridades nacionales que pueden explicarse más allá de las preferencias de una administración.

En este orden de ideas, una de las contribuciones más valiosas que podría hacer el Gobierno actual a la política exterior es aprovechar las oportunidades de cooperación existentes para consolidar relaciones que mantengan su solidez más allá de los mandatos de quienes las promueven. En el caso de Estados Unidos, mantener una interlocución permanente con ambos partidos contribuiría a preservar una relación histórica cuya importancia para Colombia no puede quedar sujeta a los resultados de una elección. Ahí reside el sentido de una diplomacia de largo aliento: reconocer que los gobiernos ejercen el poder de manera temporal, mientras que los intereses y las responsabilidades internacionales de Colombia requieren una visión mucho más amplia que la de cualquier mandato presidencial.

Eduardo Perafán Avatar

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