No fue un episodio aislado la crisis de Ueno Bank que llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) a iniciar un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026
No fue un episodio aislado la crisis de Ueno Bank que llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) a iniciar un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026

El Episodio de Ueno Bank fue el desenlace de una serie de irregularidades financieras que pusieron en evidencia las debilidades de la supervisión bancaria y los vínculos entre el poder económico y político. Lo que se presentó como una historia de éxito de la bancarización digital terminó en una crisis financieras y políticas: créditos a empresas vinculadas al conglomerado económico, deficiencias patrimoniales y transferencias irregulares de recursos.
La investigación del Ministerio Público apunta al Grupo Vázquez. El 4 de noviembre la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras. Asimismo, solicitó prisión preventiva para un exdirectivo de la entidad, además de otras medidas cautelares.
Según la hipótesis fiscal, entre 2025 y 2026 se concedieron préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al grupo económico sin tener en cuenta el riesgo. Algunas operaciones habrían carecido de garantías suficientes y/o documentación adecuada. Los investigadores también identificaron transferencias hacia otras sociedades del mismo conglomerado, además de operaciones destinadas a cancelar obligaciones mediante recursos provenientes de empresas relacionadas.
Si estas hipótesis se confirman, estaríamos frente a un esquema de utilización indebida de los activos del banco. La responsabilidad penal individual deberá establecerse en los tribunales, pero la gravedad de las operaciones exige esclarecer cómo se realizaron sin controles eficaces.
La responsabilidad política conduce directamente al gobierno de Santiago Peña. El expresidente fue accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez. Dejó el cargo en marzo de 2025 y la operación fue comunicada públicamente en abril. Aunque su participación correspondía al holding y no directamente al banco, el vínculo empresarial plantea interrogantes sobre los conflictos de intereses y la imparcialidad de las decisiones gubernamentales.
Otro elemento relevante es el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central. Carvallo había estado al frente de la Financiera Ueno hasta pocos meses antes del nombramiento. La designación no demuestra, por sí misma, una irregularidad, pero la relación merece un escrutinio riguroso.
El BCP informó que el índice de solvencia de Ueno quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido durante el proceso de regularización. Por su parte, la calificadora FIX SCR rebajó el 5 de noviembre la calificación del banco a Dpy. En su informe señaló que el regulador no reveló debilidades en los activos ni deficiencias documentales en los préstamos a empresas del mismo conglomerado.
La exposición de recursos públicos añade otra dimensión al problema. En julio de 2025, la Caja Fiscal puso 250.000 millones de guaraníes en certificados de depósito de Ueno, como parte de una operación de un billón de guaraníes distribuida entre cuatro bancos. El Ministerio de Economía sostiene que la adjudicación siguió un procedimiento competitivo, con diez entidades participantes y requisitos de calificación crediticia. Después de la crisis, el propio ministerio presentó una denuncia penal el 5 de noviembre porque advirtió diferencias entre la situación patrimonial entre el 2025 y el 2026.
A esto se suma la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta institución tiene cerca de 355 millones de dólares en Ueno (9% de su cartera de inversiones). Aunque esa exposición aún no demuestra complicidad ni irregularidad en las inversiones, compromete fondos destinados a respaldar obligaciones previsionales y revela la dimensión pública de la crisis.
El Congreso: de la crisis financiera a la destitución política
El Congreso terminó convirtiéndose en el escenario de la responsabilidad política. El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Peña. La acusación incluyó sus vínculos societarios con Ueno Holding, el nombramiento de Carvallo y la exposición de recursos públicos en la entidad financiera.
Al día siguiente, el Senado declaró culpable al mandatario por mal desempeño de sus funciones y lo separó del cargo. La secuencia fue extraordinariamente rápida: la crisis bancaria se transformó en una crisis institucional que terminó con la salida del presidente y su detención, ocurrida en la tarde del 6 de noviembre.
El desenlace no resuelve las preguntas de fondo. Obliga examinar la conducta del Congreso y del oficialismo durante los años en que el grupo financiero creció y amplió sus relaciones con el Estado. La destitución y arresto se puede interpretar como un intento de contener el costo político de la crisis y preservar la continuidad de la estructura de poder. Es evidente que esa lectura no sustituye la investigación sobre las responsabilidades concretas de quienes debían fiscalizar y controlar.
Una advertencia para América Latina
La caída de Ueno Bank deja una lección que trasciende Paraguay. La tecnología financiera puede ampliar el acceso a los servicios bancarios, reducir costos y modernizar las operaciones, pero no reemplaza la transparencia, solvencia ni independencia de los organismos supervisores. Tampoco garantiza que los intereses privados permanezcan separados de los recursos públicos.
El problema no fue la banca digital, sino la posibilidad de que conviviera con prácticas financieras opacas y controles insuficientes. La investigación deberá determinar quiénes participaron, conocieron las irregularidades y omitieron las acciones cuando era posible evitar la crisis.
Ueno recuerda que la innovación tecnológica no está libre de corrupción ni conflictos de intereses. La próxima crisis no dependerá de la tecnología disponible, sino de la capacidad de las instituciones para impedir que los funcionarios usen el erario para sus intereses.
Banco Central del Paraguay: procedimiento de resolución de Ueno Bank, 3 de noviembre de 2026.
Cámara de Diputados y Senado: destitución de Peña el 6 de noviembre.
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