Elecciones de medio término

Las elecciones de medio término podrían modificar el equilibrio de poder en Washington y condicionar los dos últimos años de la administración de Donald Trump. El panorama electoral favorece a los demócratas: la encuesta Reuters/Ipsos (2 de noviembre) les otorga una ventaja de ocho puntos en la intención de voto para el Congreso, tanto entre los votantes registrados (46 % frente a 38 %) como entre los votantes probables (52 % frente a 44 %). La aprobación presidencial se sitúa en el 32 %, cerca de su mínimo histórico.

Si los demócratas consiguen el control de ambas cámaras, Trump afrontará un gobierno dividido. La transformación no terminaría con su presidencia, pero modificaría las condiciones en las que podría ejercer el poder. La Cámara de Representantes tendría capacidad para convocar audiencias, citar funcionarios, exigir documentos e investigar actuaciones de la administración en materias como inmigración, contratación pública, política energética y operaciones militares.

El Senado, por su parte, podría controlar sus comisiones y agenda. Asimismo, podría influir en las nominaciones de altos funcionarios y magistrados. Sin embargo, una mayoría simple no garantizaría la aprobación de cualquier iniciativa: la legislación ordinaria puede enfrentar el filibusterismo, cuyo debate normalmente requiere 60 votos para cerrarse. Las nominaciones judiciales y ejecutivas, en cambio, pueden aprobarse por mayoría simple. Trump conservaría, además, su facultad de veto, que solo podría superarse con dos tercios de ambas cámaras.

El Ejecutivo tampoco quedaría paralizado. Ante las dificultades legislativas, la Casa Blanca podría recurrir con mayor frecuencia a órdenes ejecutivas y decisiones administrativas, pero estarían expuestas a investigaciones legislativas y eventuales impugnaciones judiciales. En resumen, un Congreso demócrata no impediría que Trump desarrollara su agenda, pero elevaría los costos políticos e institucionales de sus decisiones.

Trump: un “pato cojo” con capacidad de confrontación

Una derrota republicana tampoco supondría la destitución presidencial. La Cámara puede aprobar un juicio político (impeachment) por mayoría simple, pero el Senado necesita dos tercios de los votos para condenar al mandatario, lo que es prácticamente imposible.

El mayor costo para Trump estaría en la pérdida de capacidad para imponer su agenda y en la exposición de su gobierno al escrutinio legislativo. Podría convertirse en un presidente políticamente debilitado, una especie de “pato cojo” (lame duck). Tendría menor capacidad de negociación y su organización política se agrietaría.

A esto se suma la disputa por el liderazgo republicano de cara a 2028. La Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución impide que Trump sea elegido para un tercer mandato. Su desafío apunta a conservar influencia sobre el partido y determinar quién representaría el trumpismo cuando abandone la Casa Blanca.

América Latina: continuidad estratégica y mayores controles

Para América Latina, una victoria demócrata no significaría un cambio automático de la política estadounidense. Durante su segundo mandato, Trump ha convertido el hemisferio occidental en una prioridad de su política exterior, combinando presión comercial, endurecimiento migratorio, operaciones militares contra organizaciones criminales y competencia estratégica con China. Venezuela, México, Centroamérica y el Caribe han ocupado lugares centrales en ese enfoque.

Una mayoría demócrata podría cuestionar los fundamentos jurídicos, los costos y los resultados de algunas de estas actuaciones. El Congreso dispone de instrumentos presupuestarios y legislativos para condicionar el empleo de la fuerza militar, además de mecanismos de supervisión previstos en la legislación sobre poderes de guerra.

No conviene pensar al bloque demócrata como un actor monolítico. Algunos de sus sectores reclamarán mayores restricciones a las operaciones militares y controles sobre la asistencia de seguridad, mientras otros priorizarán la competencia estratégica contra China y la cooperación antinarcóticos. Una muestra concreta de estas diferencias, aunque no exclusivamente ideológica, es que varios dirigentes demócratas de las comisiones de inteligencia, relaciones exteriores, defensa y seguridad nacional ya promovieron una resolución para impedir los ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. La disputa no será necesariamente sobre la conveniencia de combatir el narcotráfico, sino sobre los métodos, los límites legales y la rendición de cuentas.

En materia migratoria y comercial, también podrían abrirse debates sobre el presupuesto de las agencias de control, las deportaciones, los acuerdos con países receptores y la aplicación de aranceles. No debe confundirse una mayor fiscalización con la desaparición de esas políticas. La competencia con China, la seguridad regional y la defensa de la influencia estadounidense seguirían siendo intereses estratégicos de Washington, independientemente de quién controle el Capitolio.

Para los gobiernos latinoamericanos, la competencia entre Washington y Beijing puede ampliar el margen de negociación y diversificación económica. Obviamente incrementará las presiones diplomáticas y comerciales para alinearse con los intereses de una u otra potencia. El desafío regional consiste en aprovechar ambas relaciones sin convertir la rivalidad en una nueva forma de dependencia.

Colombia: cooperación estratégica bajo mayor escrutinio

Para Colombia, los efectos podrían ser particularmente relevantes. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abrió una nueva etapa en la relación bilateral, después de las tensiones que marcaron el vínculo entre Trump y Gustavo Petro. Ambos gobiernos han expresado su disposición a fortalecer la cooperación en seguridad y a recuperar la condición de Colombia como socio estratégico de Washington en la región.

La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Barranquilla produjo acuerdos de cooperación en minerales críticos y energía nuclear. El gobierno colombiano se incorporó a iniciativas regionales impulsadas por Washington, como el Escudo de las Américas y la coalición contra los carteles. La administración estadounidense también anunció su intención de trabajar con el Congreso para proporcionar mil millones de dólares de apoyo a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la promoción del desarrollo económico (cabe aclarar que ese anuncio no equivale a una apropiación presupuestaria garantizada).

Precisamente ahí estaría uno de los principales efectos de un Congreso demócrata. La aprobación de recursos, sus condiciones de utilización y la eventual participación militar estadounidense en operaciones conjuntas podrían convertirse en asuntos de discusión legislativa. El ala progresista exigiría mayores controles sobre el destino de la asistencia, los resultados de la estrategia antinarcóticos y el respeto de los derechos humanos, posiblemente invocando la Ley Leahy. También ganarían espacio las posiciones que reclaman complementar la política de seguridad con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Tampoco se debe olvidar que la relación bilateral conserva asuntos pendientes. En septiembre de 2026, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, Trump mantuvo a Colombia entre los países que habían incumplido sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. Tampoco se anunció una reducción de los aranceles aplicados a productos colombianos durante la visita de Rubio. Esto demuestra que la afinidad política entre los dos presidentes no elimina las diferencias de intereses ni garantiza una relación sin condicionamientos o una ventaja para Colombia, quien continúa con el mismo trato que tenía cuando el presidente era Gustavo Petro.

Una mayoría demócrata podría introducir mayores exigencias y controles sobre la cooperación bilateral, sin que ello implique necesariamente su debilitamiento. Colombia sigue siendo un socio importante para Estados Unidos en materia de seguridad, comercio, energía y estabilidad regional. El desafío para Bogotá será aprovechar esa importancia estratégica sin comprometer su autonomía en decisiones relacionadas con la soberanía, la defensa y el manejo de su política interna.

Un contrapeso, no un cambio de rumbo

En definitiva, las elecciones de medio término no determinarán un giro automático de la política estadounidense hacia América Latina. Sí modificarán los instrumentos y las condiciones institucionales con los que Washington ejerce su influencia en la región. Trump conservará amplias facultades ejecutivas, pero tendrá que afrontar un Capitolio con mayor disposición para investigar, cuestionar y limitar sus decisiones en casos puntuales.

Para Colombia y el resto de la región, la diferencia no estará en la presión estadounidense, que continuará, sino en la posibilidad de negociar desde posiciones más institucionales y menos dependientes de las afinidades personales entre presidentes. A partir del 3 de noviembre, Trump ya no tendrá la “rienda suelta” para ejercerla, y eso, para una región que aspira a mayor autonomía, puede ser una oportunidad si sabe leerla a tiempo.